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Para el CAP el campo ésta perdido por falta de reconciliación nacional

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2020.-En materia agropecuaria el sexenio está perdido gracias al desprecio hacia este sector productivo por parte del Estado así como a la ausencia de un discurso de reconciliación nacional por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador que permitiera sumar fuerzas rumbo al crecimiento económico, aseguró el Congreso Agrario Nacional al anunciar que inicia actividades de cabildeo legislativo para impulsar con las fuerzas opositoras una “reorientación inteligente” en el Presupuesto 2021 destinado al medio rural considerando que éste será raquítico.

En mensaje a medios, José Luis González Aguilera, Coordinador Nacional del CAP, máxima cúpula agraria del país con reconocimiento oficial de interlocución con el Gobierno Federal, declaró que a 85 días de cumplir dos años como Presidente de México, a la administración de Andrés Manuel López Obrador no se le ve futuro pues en su 2º. Informe de Gobierno careció de un discurso de reconciliación nacional que permitiera sumar a todas las fuerzas por el crecimiento económico, la paz social, la concordia y la armonía de la población.

Por el contrario, exacerbo y dividió aún más a los mexicanos de tal suerte que como CAP, como organización, “no esperamos nada de él (AMLO)”, afirmó José Luis González Aguilera, Coordinador Nacional de la cúpula campesina.

En casi dos años, prácticamente acabó con los fondos de contingencia que sumaban más de 300 mil millones de pesos, creados por los gobiernos que el Mandatario califica de conservadores y neoliberales; esos que tanto ataca y critica, señaló el líder campesino.

Así es como, actualmente, desapareció prácticamente los programas de apoyo productivo a pequeños y medianos agricultores para implementar los programas de fertilizantes que no apoya ni al 10% de ejidatarios de un total de 3.5 millones, acotó.

Los precios de garantía que no opera la Sader, sino Segalmex, son insuficientes pues benefician a un número reducido de agricultores de granos básicos y beneficia al “coyote”.

En tanto, el programa de autosuficiencia alimentaria no produce lo suficiente ya que se importaron granos y oleaginosas por un volumen de 17.23 millones de toneladas en el primer semestre de 2020, dijo el líder del CAP.

Específicamente, comparando el volumen acumulado a Jun-2020 vs Jun-2019, las importaciones de maíz son mayores en 4.9% con un volumen de 7.73 millones de toneladas. Las compras del complejo de soya rebasan en solo 0.7% con 3.9 millones de toneladas. Las importaciones de trigo son más altas en 5.4%, con 2.3 millones de toneladas. Suben en 18.0% las importaciones de canola con 662 mil toneladas.

Las importaciones de frijol se incrementan en 8.5% con más de 54 mil toneladas. Alcanzan las importaciones de sorgo un volumen de 311 mil toneladas métricas y registran las compras de arroz un volumen de 542 mil toneladas, cerca de 22% más que en 2019.

En síntesis, la Secretaría de Agricultura está abandonada y con la eliminación de una de sus subsecretarías, no queda nada de la dependencia, aseguró José Luis González Aguilera.

Por su parte, José Amadeo Hernández Barajas, Presidente de la Central Campesina Independiente e integrante del CAP, señaló que tanto la pandemia COVID 19 como la crisis económica en el campo, causará problemas económicos y una posible falta de producción como ya se documentó con el crecimiento de las importaciones.

“Habrá falta de producción de los alimentos para satisfacer el mercado de México”, recalcó.

Puso en duda que haya alguna intención del Ejecutivo Federal de llevar a la Cámara de Diputados una Ley de Ingresos y un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos, de los más pobres, de los pequeños y medianos agricultores.

Ante esta premisa es que el CAP “será el interlocutor de los campesinos ante los diputados federales de tal suerte que ya se trabaja en los enlaces con la Mesa Directiva y las distintas Comisiones de la Cámara de Diputados.

Señaló, el dirigente de la CCI, que en dichos encuentros el Congreso Agrario Permanente presentará su propuesta de Presupuesto para el Campo con fines de reactivación económica y productiva, ajena a los programas asistencialistas.

En tanto, Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noreste y Secretario Técnico del CAP, consideró que la falta de apoyo y la eliminación de los programas al campo en el presupuesto 2021 serán una constante por lo que se agravará el colapso productivo que se vive.

Por su parte, Humberto Serrano, Secretario General de la Confederación Agrarista Mexicana, opinó que debido a la carencia de presupuesto habrá desabasto de alimento, carencia de maquinaria, de tecnología, de producción que nos llevará a acentuar la inseguridad alimentaria.

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Agudiza crisis derivada de COVID-19 problemática de mujeres rurales

La crisis económica y social derivada del COVID-19 agudizó la problemática de mujeres y niñas rurales, las cuales enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Actualmente seis de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza no obstante que producen la mitad de los alimentos en las comunidades ejidales, denunció Mariana González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente y el Movimiento Campesino El Campo es de Todos.

Al participar en el Foro “Hacia un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis organizado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), precisó que más de 15 millones de mujeres campesinas habitan en localidades rurales y, representan, el 34% de la fuerza laboral por lo que se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en México.

Señaló que de cada 10 mujeres que laboran en el campo mexicano sólo 3 reciben un pago por su trabajo, en contraste 6 de cada 10 hombres que realizan actividades agrícolas, ganaderas y forestales reciben una remuneración por su actividad.

Además, las mujeres campesinas son víctimas de violencia por parte de sus esposos o parejas, así víctimas de homicidios cometidos en su contra.

En su exposición, Mariana González Torres, argumentó que “las mujeres rurales viven en condiciones de mayor discriminación y violencia; en un modelo de desarrollo patriarcal donde imperan formas de dominación basadas en el sexo. Las mujeres indígenas y rurales viven una violencia patrimonial e institucional, que las coloca en la más alta marginación”.

A pesar de que las mujeres rurales producen la mitad de los alimentos, la tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios, en todo el país, más de 3.6 millones son hombres lo que significa que, de cada 10 personas con derecho sobre la tierra, 3 son mujeres, señaló.

Dijo que al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de programas de equipamiento, infraestructura, créditos o apoyos económicos por pagos de servicios ambientales.

Ante ello, las mujeres fueron calificadas únicamente como ayudantes en las labores agrícolas, lo que relega su toma de decisiones, de acción y participación política. En su mayoría, la tierra es de los hombres y es el Estado quien regula los derechos agrarios, acusó.

Además, apuntó la representante del CAP y de El Movimiento Campesino #El Campo es de Todos, la crisis económica y social derivada del COVID-19, vino a remarcar las ya existentes desigualdades ya que no existen programas productivos diseñados a fomentar la equidad de género.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 se eliminaron o redujeron al menos 20 programas de apoyo a la mujer, como: estancias infantiles, protección de derechos humanos, prevención de discriminación y apoyo al empleo; lo que significó que les quitaron casi 2 mil millones de pesos del presupuesto federal.

Actualmente, agregó, existe la posibilidad de que algunos programas no reciban los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en particular los recursos destinados a realizar acciones para la igualdad con población indígena, como los recursos dirigidos a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIS).

Ante la problemática que vive el sector femenino rural, hizo llamado a establecer una ruta hacia un “Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis”, con la perspectiva de género.

Pedimos a la Cámara de Diputados instrumentar proyectos productivos y esquemas de financiamiento para mujeres rurales así como analizar y modificar las limitaciones de tipo legal (Ley Agraria) y de algunos sistemas normativos internos de sus comunidades que, en la mayoría de las ocasiones, las han excluido de participar y tomar decisiones en torno del otorgamiento de recursos y financiamientos destinados a actividades productivas.

Demandó a nombre de las mujeres campesinas una legislación de la paridad de género que sea una realidad y no solo discurso. Luego cuestionó: ¿De qué nos sirven programas tan ambiciosos que no alcanzan sus metas y sólo reparten dinero?

Igualmente, hizo un llamado solidario a las organizaciones campesinas, indígenas, de la sociedad civil, sindicatos, comerciantes, empresarias, empresarios, artistas, científicos, trabajadoras y trabajadores de todo tipo, a construir un “Acuerdo de Unidad”, con base en una “nueva relación entre el Estado, la sociedad, los mercados y la naturaleza.”

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Productores piden a AMLO trabajar por la economía en materia agropecuaria

Ciudad de México a 09 de junio de 2020.-El movimiento el Campo es de Todos y el Congreso Agrario Permanente hicieron un llamado al Presidente, Andrés Manuel López Obrador para hacer a un lado la desconfianza que tiene hacia todos los sectores productivos, superar la crítica y la creencia de que “nos estamos secreteando en contra del Jefe de la Nación” ya que es momento de la “unidad”,  ante la emergencia sanitaria y el decrecimiento económico pues en materia agropecuaria el panorama en el segundo semestre del año es devastador y comienzan signo de hambruna en el país.

En conferencia virtual, los liderazgos de estas agrupaciones campesinas, advirtieron un PIB Agropecuario en caída estrepitosa de hasta 4 puntos porcentuales, números no vistos desde1993; declive en la actividad económica agropecuaria, sobreprecios de hasta el 300 por ciento en alimentos al consumidor final, sobrevivencia de los productores pequeños y medianos así como el abandono completo del Estado a la rectoría que tenía de la producción nacional debido a una “política floja” basada en el asistencialismo.

Ante esta incertidumbre generada del 2019 a la fecha, convocaron a un “Acuerdo de Unidad para Construir un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico para el Campo” con justicia, inclusión social, equidad, democracia y prosperidad para nuestros pueblos y comunidades, con base en una nueva relación entre el Estado, los mercados, la sociedad y la naturaleza.

Liderazgos como Luis Gómez Garay, Isidro Pedraza Chávez, Álvaro Loza, Mariana González Torres y Alberto Galindo, coincidieron en que es necesario  establecer un diálogo nacional para la elaboración de la política agropecuaria; crear órganos de discusión, consulta e interlocución entre Gobierno Federal, los productores y sus organizaciones.

Además insistieron en la urgencia de crear mecanismos de financiamiento e industrialización así como de la construcción de la infraestructura productiva.

Todo ello porque, expusieron: el grave impacto en la salud que la pandemia del COVID-19 está teniendo en la población mexicana, se profundiza con la parálisis económica y la pérdida de 12.5 millones de empleos (2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones de empleos informales.

Luis Gómez Garay, líder de la UGOCP y miembro de El Campo es de Todos, aseguró que se prevé una caída en la actividad económica del sector agropecuario y una muestra de ello es que el precio, de pie ganado pasó de 40 y 50 pesos a 22,23 y hasta 24 pesos mientras que el kilogramo de res llegó a 14 pesos con lo que no recuperan los costos de inversión.

Por su parte, Isidro Pedraza Chávez, líder de la UFIC y también miembro del Movimiento el Campo es de Todos indicó que los precios al consumidor se han disparado generando una ganancia de hasta 300 por ciento a las tiendas departamentales pues mientras al productor le pagan el jitomate a 7 pesos el kilogramo, el consumidor final lo adquiere en 24 o 25 pesos.

Finalmente, Alberto Galindo y Mariana González, de la CNPA MN y CAP, respectivamente, sostuvieron que de seguir el índice de ineficiencia de los programas de Sader, con una competencia mermada y problemas severos de producción y comercialización, la hambruna camina de manera acelerada en nuestro país.

 

 

 

 

 

 

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CAP anuncia plantón en Cámara de Diputados, exigen mayor presupuesto al campo

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2019.-El Coordinador General del Congreso Agrario Permanente, José Luis González Aguilera, dijo que ante la cerrazón y arrogancia del Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de negar a recibir a los dirigentes de organizaciones campesinas para presentarle sus propuestas de presupuesto y asignación de recursos para la agricultura en el año 2020, informó que el próximo miércoles en San Lázaro se congregarán miles de campesinos.

Señaló, el dirigente del CAP, directamente al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de cancelar una reunión previamente concertada para el pasado miércoles 6 de noviembre argumentando que “no tenía nada que tratar con las organizaciones campesinas y sus dirigentes”.

Le recordó al ahora diputado federal, que en el año 2002, entró por la fuerza y con media docena de caballos a la Cámara de Diputados gritando “diputados rateros” para exigir respuesta inmediata para entregar mayores recursos al campo.

Ahora ya se le olvidó que fue dirigente de una organización campesina y que lucho no solo por mayores presupuestos para el campo sino para exigir la cancelación del TLC.

José Luis González Aguilera, precisó, que el próximo miércoles se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe el Presupuesto de Egresos 2020 y con ello se aplique un recorte del 29.3% al gasto de la Secretaría de Agricultura al pasar de 65,434.9 millones de pesos a 46,253.1 millones de pesos.

De no corregirse esta propuesta, advirtió, el país enfrentará una pronunciada caída de la producción agropecuaria y marcado desequilibrio en la balanza comercial agropecuaria así como una disminución en los ingresos de los productores rurales, además de deteriorar las condiciones de vida y estabilidad social en el medio rural.

Afirmó que eliminar o reducir los programas productivos resulta contrario al Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos asumidos por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Son 20 programas productivos los que se pretenden desaparecer del presupuesto para el próximo año de la Secretaría de Agricultura lo que daría el tiro de gracia a la agricultura que produce alimentos para los mexicanos”, alertó.

Ante esta incertidumbre, expuso José Luis González Aguilera, es que el próximo miércoles se acudirá de forma tumultuaria a la Cámara de Diputados y allí coincidiremos los campesinos agrupados en el Congreso Agrario Permanente, el Movimiento el Campo es de Todos y el Frente Auténtico del Campo y todos lucharemos por lograr un mejor presupuesto para el campo en 2020.

Finalmente hizo un llamado a cerrar filas entre organizaciones de productores para evitar el desmantelamiento del campo mexicano en el 2020 con un presupuesto mermado para el medio rural por quinto año consecutivo y ante la creciente asignación financiera a programas asistencialistas.

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Impuesto al uso de agua en agricultura “tiro de gracia” al campo: CAP

Ciudad de México a 23 de octubre de 2019.-El Secretario Técnico del Congreso Agrario Permanente, Raúl Pérez Bedolla, aseguró que la Cámara de Diputados le dio “el tiro de gracia” al campo al aprobar el nuevo gravamen a los derechos de uso de agua que hacen pequeños y medianos productores agrícolas, por lo que hizo un llamado al Senado de la República para frenar estos nuevos impuestos que contravienen la política de autosuficiencia alimentaria.

En entrevista de medios, el dirigente campesino hizo ver que en la Cámara de Senadores hay por lo menos tres legisladores vinculados al sector campesino, Ricardo Monreal Ávila que se formó en la CNC al igual que Beatriz Paredes Rangel que fungió como Secretaria general en la década de los noventa y José Narro Céspedes que es dirigente de la CNPA, organización campesina.

Advirtió que la aplicación unilateral de este cambio de la Ley Federal de Derechos, no solo afecta a un gran número de productores agropecuarios, sino que la acción contraviene al Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Autosuficiencia Alimentaria, eje central del Programa de Rescate al Campo promovido por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como contraviene la política pública de no aumentar ni crear nuevos impuestos durante los tres primero años de la presente administración.

De forma paralela, señaló, con el cobro de impuestos por uso de agua para la agricultura podría desembocar en la disminución de la superficie sembrada con maíz. “Si ya de por si de 1994 a 2017, la superficie sembrada cayó de 9.2 millones a 7.5 millones de hectáreas y con ello la producción de este grano básico disminuyo e impulsó la importación del grano. Actualmente se cosechan alrededor de 18.2 millones de toneladas”.

Esta situación aunada al incremento en los costos de producción por hectárea el valor de producción ahora se elevará entre 3 y 5 mil pesos más por  pago de impuesto por el uso de agua para la agricultura.

“Los productores agropecuarios tendrán mayores costos de producción y, en consecuencia, habrá un aumento generalizado en el precio de los alimentos, lo que además pondría en riesgo la soberanía alimentaria del país”, alertó Raúl Pérez Bedolla.

Un producto en el que se usa una gran cantidad de agua es el arroz y con el cobro de esta tributación se agudizará la dependencia del grano y se reducirá la superficie sembrada pues de 1989 a 2017 cayó de 193 mil a 42 mil hectáreas.

Con esta situación, incluso, los agricultores estarán abandonando el cultivo del arroz, advirtió.

Raúl Pérez Bedolla, señaló que con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 vendrá otro golpe al sector con una reducción en el monto de recursos del PEC de más de 20 mil millones de pesos y, además, desaparición de programas productivos en la Secretaría de Agricultura y alza en tasas de interés en la Financiera Rural.

 

 

 

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CAP pide a diputados detener quinta caída presupuestal al campo

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2019.- El Congreso Agrario Permanente hizo un llamado a cerrar filas entre organizaciones de productores para evitar el desmantelamiento del campo mexicano en el 2020, con un presupuesto mermado para el medio rural por quinto año consecutivo y ante la creciente asignación financiera a programas asistencialistas.

En conferencia de prensa, demandaron que el Cámara de Diputados defienda un presupuesto mínimo de 65 mil millones de pesos que fue el monto asignado para este 2019 a la Secretaría de Agricultura pues de no ser así sería el quinto año a la baja en la asignación de recursos, lo que redundaría en una crisis alimentaria.

José González Aguilera y Raúl Pérez Bedolla, Coordinador y Secretario Técnico del Congreso Agrario Permanente, detallaron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 reduce en un 6% el Programa Especial Concurrente, pasando de 352 mil millones de pesos a 331.4 mil millones de pesos.

Además la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es una de las dependencias más castigadas porque la reducción de su presupuesto es del 29%.

Por ello, declararon que las organizaciones del Congreso Agrario Permanente están preocupadas por la reducción que, desde 2015, registra el campo mexicano. Si la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura por 46,253. Millones de pesos, será el quinto año consecutivo en el que se reduce el presupuesto a la dependencia encargada de generar apoyos para la producción de alimentos en el país.

Detallaron que en 2015 se asignó un presupuesto de 105,858 millones de pesos; en 2016, fue de 94,287 millones de pesos; 2017, 73,492 millones de pesos; en 2018, 72,125 millones de pesos; en 2019, 65,435 millones de pesos; y en 2020 se propone un presupuesto de 46,253 millones de pesos.

La situación se agrava debido a que se reducirían 96% de recursos a programa de fomento a agricultura en el Paquete Económico 2020.

Por su parte, Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) indicó que el Jefe de la Nación aseguró que los programas Fomento a la Agricultura se le asignarían 100 millones de pesos, mientras que al Crédito Ganadero a la Palabra recibirían mil millones de pesos el año siguiente.

Lo que preocupa es que el gobierno federal reduce en 29 por ciento la propuesta de recursos para la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, por lo que recibiría 19 mil 181 millones 737 mil 699 pesos menos a los 65 mil 434 millones 880 mil 164 pesos que percibió en 2019.

Destacó que, para agosto de este año, existió un 33.5 por ciento de subejercicio en el presupuesto 2019 y por tanto pedimos una evaluación del alcanza del Presupuesto de este año, así como de los recortes para saber cómo debe quedar el PEF 2020.

Destacó que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar la producción de alimentos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, sin embargo, a un año de ese ofrecimiento hoy propone una reducción importante de 96 por ciento menos de los recursos si se compara con los dirigidos a ese programa este año lo cual es alarmante que este programa de Fomento a la Agricultura tenga esos recursos con lo cual estaría en riesgo la producción de alimentos en el país.

Si bien se le asignó un monto mayor a este programa en 2019, no se vio reflejado en el PIB primario del segundo trimestre de 2019 ya que cayó 3.4%, agregaron.

Otro programa que al se le dio un buen presupuesto fue Crédito Ganadero a la Palabra, el cual consiste en la entrega al beneficiario especies pecuarias y éste se compromete a pagar en especie a través de las primeras crías.

Sin embargo, se entregaron entre 2 y 3 vacas, pero sin semental, cuando el compromiso del Gobierno Federal era dotar a los productores con 10 vacas y un semental y por si fuera poco los animales se encuentran en mal estado.

Dicho programa tendrá un presupuesto de solo mil millones de pesos para la propuesta de proyecto del ejercicio fiscal de 2020, 3 mil millones menos que los destinados para el presente año.

El proyecto contempla mantener el presupuesto de los programas de fertilizantes, en mil millones cantidad inferior al asignado en 2019, sin embargo, el programa se aplicó con demasiadas deficiencias y no se ha dicho si seguirá sólo en el estado de Guerrero o se cambia a otra entidad.

Tampoco se sabe si se destinarán los mismos 2 mil millones de pesos que se otorgaron al Programa Diconsa en 2019, al igual que los mil 240 millones de pesos que se dan al programa Liconsa.

Por ello, se hace un llamado a los diputados para rectifiquen el monto presupuestal asignado al campo pues difícilmente se alcanzaría la autosuficiencia alimentaria en el país.

Lo anterior demuestra la urgencia de “enmendarle la plana” al Jefe de la Nación desde el Poder Legislativo además de que se evidencia la falta de congruencia entre el dicho y el hecho pues el Presidente dice “no mentir”.

Los liderazgos de pequeños y medianos productores del Congreso Agrario Permanente, sostuvieron que miente al asegurar que apoya al campo con reducciones a esta naturaleza o bien cuando se comprometió a bajarse el sueldo de llegar a la Primer Magistratura y ahora resulta que ya no le alcanza lo que gana y quiere un aumento a su modo sin haber puesto en consulta pública su productividad en materia económica y de seguridad por no mencionar otras complicaciones que vive el país.

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Se reúne Villalobos con dirigentes de «El campo es de todos»

  • En un diálogo franco y respetuoso, los representantes de productores y autoridades del sector coincidieron en que no hay antagonismo o diferencias importantes entre las propuestas de los productores y los programas del Gobierno de México dirigidos a construir una agricultura más productiva, sustentable e incluyente.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, sostuvo una reunión con representantes de 16 organizaciones campesinas integrantes del movimiento El campo es de todos, con quienes coincidió en trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y acciones dirigidas a rescatar el campo mexicano, desde una perspectiva social y productiva.

A través de un diálogo franco y respetuoso, los representantes de campesinos y autoridades del sector coincidieron en que no hay antagonismo o diferencias entre sus propuestas y los programas del Gobierno de México dirigidos a construir una agricultura más productiva, sustentable e incluyente, mediante el acompañamiento técnico y presupuestal para los campesinos de menor escala.

En la sede de la dependencia federal, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló que es de gran interés para las autoridades mantener un diálogo permanente con todos los actores del sector agropecuario y pesquero del país; “en la casa del agricultor estamos abiertos al diálogo, a la discusión y a resolver en conjunto las demandas y necesidades de todos”, apuntó.

Precisó que el presupuesto autorizado en este año es de transición y con los resultados que se obtengan de los programas prioritarios se harán los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de rescate y transformación del campo.

Subrayó que el plan estratégico del gobierno federal incluye proyectos que estimulan la productividad, con la incorporación de prácticas y programas que incrementan la producción de granos básicos, tal es el caso de los Precios de Garantía, en el que participan principalmente productores de subsistencia. “Esto es un cambio radical en la forma de apoyar e incentivar a los pequeños productores”, refirió.

Acompañado por el asesor de la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México, José Manuel Madero Garza, el titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), Javier Delgado Mendoza, y equipo directivo de la Sader, el secretario Villalobos Arámbula aseguró que “mantendremos el diálogo y la atención de mesas de trabajo para escuchar sus propuestas y necesidades, sin limitar la posibilidad de reunirnos cuantas veces sea necesario para analizar en conjunto sus demandas”.

El senador y representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes, y los dirigentes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UNOCP), Luis Gómez Garay, y de la CNPA Movimiento Nacional, Francisco Jiménez Pablo, expresaron, a nombre de las organizaciones presentes, que son aliados del cambio y la transformación en el campo, la lucha contra la corrupción y las prácticas clientelares. Solicitaron la derogación del Artículo 27 Constitucional para otorgar mayor certidumbre jurídica y derechos agrarios a los trabajadores de la tierra.

Los representantes de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández; de Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López, y del Consejo Agrario Permanente (CAP), José Luis González Aguilera, se pronunciaron, a nombre de las organizaciones que integran El campo es de todos, por un diálogo respetuoso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de contribuir en el desarrollo del sector primario nacional.

 

 

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CAP demanda acuerdo a AMLO para lograr autosuficiencia alimentaria

El Secretario Técnico del Congreso Agrario Permanente, Raúl Pérez Bedolla, convocó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a valorar un acuerdo productivo con los pequeños y medianos productores si quiere hacer realidad la autosuficiencia alimentaria que ofrece toda vez que las importaciones de agroalimentos aumentarán 5.16 por ciento al sumar 28 mil 500 millones de dólares este 2019 cuando somos deficitarios en granos básicos y oleaginosas así como en productos pecuarios.

Lo anterior en la lógica de la negociación y acuerdo que alcanzó AMLO con el sector privado para impulsar la inversión mediante la aplicación de 32 mil millones de dólares dejando así, el mandatario, los insultos a los empresarios y aceptando que sin el capital privado la economía mexicana no crecerá, detalló el dirigente campesino.

Expuso que en el sector agroalimentario sucede lo mismo. Las organizaciones de pequeños, medianos y grandes productores son factor fundamental para aumentar la productividad en el medio rural.

Dijo, en entrevista de medios, que el acuerdo productivo en el medio rural debe sustituir el discurso ofensivo que el Jefe de la Nación tiene para el sector donde la denostación y la negativa de diálogo se imponen hasta en el Gabinete Social.

Estamos listos para discutir las formas del Acuerdo de Productividad con miras a una mejor productividad regionalizada, con proyección y segmentación de necesidades alimentarias.

“Sabemos cómo hacer una nueva planeación agropecuaria, forestal, pesquera y minera que nos conduzca a la autosuficiencia alimentaria que requerimos”, refirió.

Esto debido a que a pesar de los programas instrumentados por el Gobierno de AMLO, las importaciones de agroalimentos aumentarán 5.16 por ciento al sumar 28 mil 500 millones de dólares.

Precisó que si bien México es superavitario en la balanza agroalimentaria, en 2 de los cinco grupos de alimentos que la conforman, es deficitario como es el caso de granos básicos y oleaginosas así como en productos pecuarios.

En ese sentido, destacó el Secretario Técnico del CAP que en los primeros cuatro meses del gobierno, éste importó 11.11 millones de toneladas de granos y oleaginosas, lo que implicó un aumento de 8.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

Tan solo en abril de este año, las importaciones de maíz, principalmente amarillo que no es apto para consumo humano y se destina al sector pecuario, subieron 8.3 por ciento respecto a igual mes del año pasado al llegar a 5 millones de toneladas. Las compras foráneas del complejo de soya aumentaron 27.7 por ciento al llegar a 2.71 millones de toneladas, mientras que las importaciones de trigo y frijol cayeron 5.5 y 46.1 por ciento, respectivamente.

Estados Unidos es el proveedor predominante de las importaciones de maíz de México debido a su eficiencia y proximidad, lo que permite que el maíz se transporte por ferrocarril, camión o barco.

Regularmente, las exportaciones estadounidenses de maíz han tenido una tendencia al alza en los últimos años. De hecho, México es el importador número aunque los volúmenes fluctúan un poco de un año a otro.

 

 

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Advierte el CAP efecto inflacionario por aplicación de aranceles

El Congreso Agrario Permanente (CAP) advirtió que de aplicarse el arancel del 5 por ciento a los productos mexicanos exportados a Estados Unidos, traerá consigo un efecto inflacionario, por lo que propuso al Gobierno aplicar una estrategia de contención que evite que se eleven los precios de los productos básicos.

El organismo criticó la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador de exigir diálogo a su homólogo Donald Trump y negarse a dialogar con las organizaciones campesinas, motivo por el cual por lo que anunció que reclamarán su derecho de interlocución el próximo 8 de agosto con una gran movilización rumbo a Palacio Nacional.

En conferencia de prensa el coordinador nacional del CAP, José Luis González Aguilera y el secretario técnico, Raúl Pérez Bedolla, detallaronque la estrategia de contención evitaria que la canasta básica eleve su valor y anule el aumento al salario mínimo de la clase trabajadora.

Asimismo advirtieron que el ir del 5 al 25 por ciento en los aranceles impuestos por Estados Unidos, en México se registraría una espiral inflacionaria imparable por lo que es urgente que al Estado aplique un política migratoria controlada pues la Unión Americana así como la sociedad mexicana coinciden en que la migración en nuestro país carece de proyección y orden.

José Luis González Aguilera, líder del CAP, reiteró que el impacto de aranceles versus inflación en el precio de la masa, de la tortilla, de la harina y del pan, entre otros alimentos pero la Secretaria de Economía podría regular precios y la Profeco también debe participar “pero el Gobierno no quiere actuar como no lo hace con la gasolina. El Estado debe ponerse las pilas y regular precios si se viene el arancel o habrá inflación galopante”.

En tanto, Raúl Pérez Bedolla, Secretario Técnico del Congreso Agrario Permanente, expuso que en granos básicos hay un riesgo de que ese 5 por ciento lo arrastremos en dólares y así el maíz subirá su valor pero alertó que al llegar al industrial habrá otro aumento porque no existe legislación que obligue a comprar al precio de referencia, compran a precio de mercado que es a la baja y en el proceso de nixtamalización habría un aumento más.

Entonces a valor de campesino, el industrial le aumentaría 5 por ciento, en el nixtamal otro 5 por ciento y el costo lo pagará el consumidor final a tener una tortilla que costaba 15 pesos el kilogramo a 17 pesos el kilogramo.

Lo anterior, precisó, debido a que la Secretaría de Economía juega con el Club de Cupos porque con el industrial permite el libre mercado y con el campesino usa el precio de cupo y la tortillería hace lo propio sin que la Profeco supervise.

Entonces productos como leche, tortilla, pan, aguacate, sopa, jitomate, tendrán, entre otros alimentos, costos mayores a pagar por parte de los consumidores finales

Por ello insistió en la urgencia de controlar el flujo migratorio donde México no está obligado a resolver los problemas que competen a Honduras, Guatemala y El Salvador entonces debe controlarse el flujo migratorio y “la sociedad pide lo mismo pues entran pateando la puerta y los controles no son los adecuados”.

Además, argumentó que si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador pone sus argumentos para recibir migrantes no puede ofrecer medio millón de empleos cuando hay estados donde no hay empleo para los mexicanos y sí crece la ola migratoria como sucede en Tabasco, Chiapas, Tijuana Nogales y Baja California que “están en crisis y por ello debemos exigir controlar este flujo migratorio” ya que Estados Unidos no modificará sus ritmos de trámites de admisión de migrantes.

En ese mismo orden de ideas es que, retomó la necesidad del diálogo que tanto pregona el Jefe de la Nación para con el extranjero y el cual es urgente en el interior del país y sí aplica una política de “oídos sordos, no se puede dialogar, con el Gobierno Federal”.

Y es que la movilización de diversas organizaciones campesinas el próximo 8 de agosto será porque no estamos de acuerdo a que a la familia campesina se le dé dádiva, queremos precio para cosecha, ganado y leche.

Tan solo en el tema de distribución de fertilizantes dijo que éstos se entregaron, en algunos casos, sin cálculo y ni proyección donde los mecanismos de las dependencias no generaron el abasto suficiente y olvidaron que la agricultura es de ciclos y no de fechas toda vez que ahorita el fertilizante debería estar en el suelo por la lluvia pero operó con burocracia y los hechos están palpables en estados como Morelos, Chiapas, Campeche y Tabasco.

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Trabaja el CAP en la creación de un observatorio de Política Pública

El Congreso Agrario Permanente a través de su Coordinador Nacional, José Luis González Aguilera, anunció que, debido a que es urgente atender las demandas de los productores del sector rural y a que a cuatro meses con 10 días del actual Gobierno Federal hay omisiones y discriminaciones en los programas sociales, se trabaja en la creación del Observatorio de Política Pública Social para dar seguimiento a los programas instrumentados en el medio rural así como a las iniciativas de ley que pretenden reformar el marco legal agrario.

En Conferencia de prensa con motivo del Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, el CAP además de informar que el próximo martes tiene previsto acudir a Palacio Nacional a hacer valer su interlocución con el Gobierno Federal y concretar una reunión de trabajo con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, detalló que el Observatorio de Política Pública Social se formalizará en los próximos meses.

Detallaron, los integrantes de la máxima cúpula agraria del país que este nuevo organismo está abierto a las organizaciones sociales que deseen adherirse pues el único objetivo será evaluar el desempeño de la política agraria-agropecuaria del país y poder detectar incongruencias, posibles actos de corrupción gubernamental y supervisar la correcta aplicación de los recursos federales para cerrarle el paso al manipuleo político-electoral.

Además, José Luis González Aguilera, líder del CAP apoyado por los otros liderazgos  aseguró que este Observatorio revisará y presentará  acciones que fortalezcan al sector rural y en ese orden de ideas, el organismo opinó sobre el cambio de nombre que pretende hacer el Estado al apoyo económico denominado “Precios de Garantía por Precios de Estímulo”.

 Sobre este tema, Raúl Pérez Bedolla, Secretario Técnico del CAP, emitió la postura oficial del Congreso al declarar que el Gobierno Federal le puede poner  el nombre que desee “precios de buena onda, de buena fe o precios de dádiva, no nos pelearemos por el nombre, sino porque se les pague a los campesinos”.

Es más, anunció que ayer se llevó a cabo la negociación entre productores de maíz blanco de Sinaloa y autoridades de la Sader pues los primeros exigían 4 mil 500 pesos por tonelada de este grano. Sin embargo el titular de la Sader, Víctor Villalobos, les ofreció pasar de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada así como ampliar la superficie productiva con lo cual se beneficiaron prácticamente la totalidad de maiceros de esa entidad.

 En ese sentido, expuso el también dirigente de Alcano, que el incremento obtenido si bien no satisface, sí se demostró que el Gobierno Federal puede y debe negociar con las organizaciones de productores, tan es así que entre hoy y mañana se negociará con Agricultura, el precio objetivo del trigo en la zona productora del noroeste de Sonora.

Además, en las peticiones del CAP, donde estuvieron presentes los liderazgos que lo integran (UGOCM, UGOCP, CONSSUC, COUC, UCD, CAM, CCI, CCC y ALCNO) se exigió la reinstalación de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados pues no se tomó en cuenta la existencia de más de 32 mil ejidos y comunidades existentes en el país, espacio donde habitan más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ni las distintas formas de Ia propiedad agraria que abarcan 198.5 millones de hectáreas.

También solicitaron la reintegración de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario a la estructura de la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorialy Urbano (SEDATU); que esta dependencia recupere su vocación agraria y concentre el desarrollo agrario y el ordenamiento.

Además consideraron que la incorporación de los Tribunales Agrarios al Poder Judicial de la Federación es un error, porque los Tribunales Agrarios son tutelares de los derechos campesinos por lo que pidieron la aplicación de la justicia pronta y expedita.

Finalmente recordaron que las organizaciones campesinas “no podemos ser reducidas a meros intermediarios, nuestro trabajo merece ser reconocido por lo que pedimos ser consideradas como entidades de interés público para que, siguiendo los principios de rendición de cuentas y transparencia, podamos llevar a cabo nuestras actividades”.