Ciudad de México, 2 de febrero.- La diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, propuso incorporar la perspectiva de género en la iniciativa de ley de derechos y cultura indígena.

Ello, dijo, a fin de tomar en cuenta las propuestas de las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque los usos y costumbres restringen su expresión.

“No se puede dejar de ver su realidad y debe promoverse su participación. Es justo escucharlas e incorporar sus propuestas ya que tienen muchas limitaciones”, afirmó.

Lo anterior, luego de que las juntas directivas de las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Pueblos Indígenas, aprobaron por mayoría, con modificaciones, el acuerdo respecto del procedimiento para la dictaminación de las Iniciativas en materia de Consulta Indígena y Afromexicana.

Por su parte, el diputado por Morena Javier Manzano Salazar, Sugirió esperar a que el Ejecutivo Federal envíe al Legislativo la reforma en materia de derechos y cultura indígena para entender en qué términos se incorporará la consulta indígena.

Manzano Salazar, secretario a su vez de la Comisión de Pueblos Indígenas, consideró que convocar a foros regionales es apresurado por los tiempos legislativos y la emergencia sanitaria.

“Es inviable y legalmente podemos ser objeto de impugnación si se lleva a cabo el parlamento abierto; es consulta indígena a los pueblos y no recepción de propuestas de organizaciones civiles o de líderes de opinión”.

En tanto la diputada de Morena, Beatriz Dominga Pérez López, integrante de ambas comisiones, afirmó que en Oaxaca es importante la consulta a los pueblos indígenas por los casos de conflicto; por ejemplo, en la región Triqui registrados la semana pasada, para establecer los acuerdos de paz.

Por eso, es urgente que sea una realidad dicha consulta y se tenga un marco jurídico en las comunidades autóctonas y afromexicanas para sustentar las decisiones de sus asambleas comunitarias, añadió.

Subrayó que no es un proceso fast track, porque la logística se analiza desde el año pasado cuando se aprobó el acuerdo hacia la definición de una ley general en materia de consulta popular, lo cual es vital en pro del bienestar de estas poblaciones.

Asimismo, avalaron, con cambios, la convocatoria para dicha consulta, entre ellos la homologación de algunos términos, propuesta por diputadas y diputados del PRI; además, la incorporación de la perspectiva de género en la iniciativa, planteada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez.

La consulta se efectuará del 5 al 28 de marzo de este año, en 10 sedes regionales de manera semipresencial con los representantes de los 68 grupos indígenas; se mantendrán los conceptos “protocolo” y “medida legislativa”, debido a que son referencia en las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo Convenio 169 plantea la obligatoriedad de dicha consulta para estas comunidades.

La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, instruyó a las secretarías técnicas de ambas instancias legislativas a realizar las modificaciones acordadas, recabar las firmas y remitir un original a la presidencia de la Mesa Directiva para los efectos legales conducentes.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, reconoció el esfuerzo que se ha realizado en pro de las comunidades indígenas y afromexicanas. “Estaremos informándoles de los avances y compartiéndoles la información que se vaya generando”, indicó.

Previamente, la diputada Barrera Badillo refirió que el 17 de junio de 2020, las comisiones unidas aprobaron la ruta para dictaminar la iniciativa para expedir la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, misma que no se ha podido implementar debido a la situación sanitaria que se enfrenta.

De entonces a la fecha, explicó, se han presentado dos nuevas iniciativas que deben ser consideradas en el proceso legislativo, de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega y del diputado Gustavo Callejas Romero, ambos de Morena.

Mencionó que en el ámbito jurisdiccional se ha señalado “omisión legislativa en que nos encontramos al no existir una ley en materia de consulta indígena, imponiéndonos la responsabilidad de emitir dicha ley antes de que concluya la presente Legislatura”.

Aclaró que se trata de un acuerdo interno que observarán las instancias legislativas que tienen fuerza de ley y que no requiere la aprobación de una instancia superior, por referirse a la organización interna y metodología de trabajo, lo que no contraviene ni sustituye el proceso legislativo en ninguna de sus fases.

Tampoco, modifica el fondo de lo aprobado el 17 de junio de 2020, sino incorpora las nuevas iniciativas, precisa y actualiza las fechas del cronograma y corrige la denominación del documento base de trabajo. En su conjunto, estas acciones dan cuenta del avance en el proceso legislativo que permite superar la omisión legislativa.

Precisó que jurídicamente el acuerdo está fundamentado. “No se incurre en ninguna irregularidad, es una omisión legislativa que se tiene y, por lo tanto, se cumple con sus obligaciones y facultades. (Redacción MEXICAMPO).