Alerta ONU riesgo por planta de amoniaco en Sinaloa
Astrid Arellano
(Mongabay Latam)
Ciudad de México, 14 enero.- Relatores de las Naciones Unidas (ONU), hicieron públicas las cartas enviadas a las empresas, al banco y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, vinculados con el megaproyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, alertando sobre los riesgos que representa para el ecosistema en Sinaloa y para las comunidades indígenas Yoreme-Mayo que dependen de él.
Los 11 expertos denunciaron (información publicada por la página de la organización sin fines no lucrativos Mongabay Latam), violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de estas comunidades, así como la violencia y persecución constantes contra quienes se oponen al proyecto.
Los relatores aseguran que la operación de la planta pondría en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la pesca de camarón en una de las zonas más importantes del país, afectando gravemente las condiciones de subsistencia de la población local.
Organizaciones mexicanas aliadas con el pueblo indígena exigen la cancelación inmediata de la planta de amoníaco.
Cinco datos clave: la construcción de la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, al noroeste de México, encendió las alertas a nivel internacional, donde se insiste en adoptar las medidas necesarias en torno a sus observaciones.
En esos seis documentos, además de alertar sobre los inminentes impactos ambientales, los expertos advierten violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, entre ellas la violencia y persecución persistente contra personas que se oponen al proyecto, así como la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas yoreme-mayo.
“Vienen una empresa y un gobierno que nos dicen: ‘Es por el desarrollo económico del país’, cuando no les importa que han cambiado el tejido social comunitario de todos los que vivimos alrededor”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, que agrupa a mujeres defensoras de derechos humanos, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas yoreme-mayo afectadas, representantes ejidales, cooperativas pesqueras, comisariados municipales y representantes de la academia, entre otros.
“No les importa todo el impacto psicológico que hemos vivido: los niños llegan y se nos arriman preguntando: ‘¿Nos vamos a morir?’. ¿Cómo explicarle todo esto a un niño?”, dice Quintero.
Las cartas son resultado de una misión de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó la zona en noviembre de 2024. En ellas, los expertos hacen un recuento de la información recibida en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos causados por la construcción de la planta de amoníaco ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, un megaproyecto financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW IPEX-Bank), domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del gobierno de ese país.
La comunicación dirigida al gobierno de México señala que las actividades de la planta “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular, su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, su derecho al desarrollo y su derecho a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra”.
El documento agrega que la implementación del proyecto podría provocar obstrucciones al ejercicio de defensa de los derechos humanos, incluidas las libertades de expresión, reunión y asociación.
También advierte que las emisiones resultantes de las operaciones de la planta, la producción y el uso de los productos petroquímicos contribuirán al cambio climático, además de agravar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.
Los relatores solicitaron a todas las instancias involucradas que respondieran en plazo de 60 días, con el fin de aclarar la información que han recibido de parte de las comunidades indígenas y los especialistas que las acompañan. Hasta el momento, no se han hecho públicas las respuestas.
Mongabay Latam, contactó y solicitó versiones oficiales a Proman GPO, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al gobierno de Sinaloa y a KfW-IPEX-Bank, respecto a los cuestionamientos de los relatores especiales.
Hasta el cierre de esta publicación, únicamente Proman GPO y KfW-IPEX-Bank respondieron, ambos, a través de sus vocerías vía correo electrónico.
“Proman GPO ya ha presentado una respuesta integral a los Relatores Especiales, respaldada por estudios técnicos y permisos válidos. Reafirmamos que el proyecto cumple plenamente con las normativas nacionales e internacionales y se desarrolla en estricto apego a la legislación mexicana, con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales”, dijo la empresa.
El banco alemán respondió: confiamos en que nuestra respuesta integral dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en relación con el proyecto de la planta de amoníaco en Sinaloa, México, atiende de manera detallada todas sus preguntas. Y agregó: “dado que nuestra respuesta se ha presentado en el marco de un procedimiento en curso, preferimos no anticiparnos a la ACNUDH”.
Pescadores de yoreme, señalan que las aves Espátulas rosadas (Platalea ajaja), en la Isla de Bledos, en la Bahía de Ohuira, comenzaron a anidar allí, de manera anormal, después de que se destruyeran 26 hectáreas de manglar en 2015, para construir la plancha de concreto de la planta de amoníaco. (Redacción MEXICAMPO).
