Documentadas las intoxicaciones por uso de agroquímicos
Ciudad de México, 6 de junio.- La agricultura ha cambiado drásticamente en las últimas décadas con la introducción de cultivos genéticamente modificados, entre los que se encuentran los transgénicos, los cuales van acompañados de agroquímicos para su producción que causan preocupación y controversia en lo concerniente a los derechos humanos, debido a que su utilización puede tener consecuencias perjudiciales en particular para el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud.
La exposición a agrotóxicos puede darse a través de los alimentos, el agua, el aire o por el contacto directo, lo que hace que la población este altamente expuesta.
El uso persistente de agrotóxicos utilizados en las explotaciones agroindustriales, se han vinculado a una serie de efectos adversos para la salud, en niveles de exposición tanto altos como bajos.
Las intoxicaciones se han documentado principalmente en países en desarrollo, como México, donde las normas y regulación en materia de salud y seguridad son menos estrictas. El colectivo Semillas de Vida, dio a conocer su más reciente publicación elaborada por la investigadora Ariadna Villalobos, el siguiente es el teto del estudio:
Abordaremos cómo se ven afectados cada uno de estos derechos.
DERECHO A LA SALUD
Cultivos transgénicos y agrotóxicos: una mirada desde los derechos humanos.
Dentro de los casos documentados más severos por intoxicaciones esta un incidente en Perú en el año 1999, donde 24 alumnos de una escuela murieron por consumir paratión, un plaguicida altamente peligroso (PAP). Otro caso fue en Bangladesh en 2015, donde 11 niños murieron tras el consumo de fruta contaminada con PAP.
Recientemente en México, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas denunciaron el caso del señor Manuel, jornalero indígena tzeltal, el cual fue diagnosticado con insuficiencia renal debido a la exposición por agrotóxicos, que empleaba en su trabajo como fumigador en una empresa privada michoacana de cultivos agrícolas, quien después de no haber recibido la atención médica necesaria y una serie de violaciones a sus derechos, falleció en el campo mexicano.
Desgraciadamente, así como el caso de Manuel existen miles de casos que no son documentados, de personas que son engañadas sobre los riesgos que implica la exposición a agrotóxicos, quienes no reciben equipo de protección y, en el caso de presentar malestares, no reciben el tratamiento adecuado.
Actualmente, no existen estadísticas fiables en México, ni a nivel mundial sobre el número de personas afectadas por la exposición a agrotóxicos; sin embargo, la Red de Acción en Plaguicidas estimó que entre 1 millón a 41 millones de personas tienen efectos a la salud a corto o largo plazo anualmente.
Los efectos más preocupantes vinculados a la exposición crónica de agrotóxicos son enfermedades como el cáncer, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas para el desarrollo y esterilidad, trastornos neurológicos, enfermedades del tracto digestivo y respiratorio, y en su forma más grave: la muerte. Los efectos crónicos por la exposición a agrotóxicos pueden tardar años en manifestarse, lo que vuelve más difícil exigir que se respete el derecho a la salud.
Además, al hablar de una alimentación sostenible se entiende que las generaciones presentes y futuras puedan tener acceso a alimentos. Se ha evidenciado ampliamente que el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos son responsables de la pérdida de la biodiversidad, contaminación de agua, aire y suelo, e influye negativamente en la pérdida de la productividad de las tierras de cultivo.
El cambio en la forma en que cultivamos tradicionalmente, hacia monocultivos destinados a la producción de productos ultraprocesados de baja calidad nutricional, hace que la agricultura industrial sea una amenaza para la futura producción de alimentos saludables.
Es importante destacar que el disfrute de este derecho no debe dificultar el goce de otros derechos humanos. Por tanto, los argumentos que sugieren que el uso de transgénicos y agrotóxicos son necesarios para salvaguardar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria se contraponen con el derecho a la salud, por todas las implicaciones que tiene su uso en la salud humana.
DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y SOSTENIBLE
Hasta ahora en México, el derecho a la alimentación ha ido avanzado desde su reconocimiento a nivel constitucional en el año 2011 dentro del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera internacional en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Sin embargo, quedaba pendiente el desarrollo de la legislación reglamentaria. Actualmente, se discute la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, misma que ya fue aprobada por la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, y que tiene como propósito reglamentar de manera efectiva el derecho a una alimentación adecuada y sostenible para todas y todos.
A nivel internacional, el derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y para que estos sean de buena calidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés), reafirma que el derecho a la alimentación no se debe interpretar en forma estrecha y declara que una alimentación “adecuada” se refiere no solo a la cantidad de alimentos, sino también a la calidad de los mismos, por lo que considera de la manera más enfática posible, que un alimento contaminado por plaguicidas no puede ser considerado como parte de una alimentación adecuada.
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
Los agrotóxicos pueden permanecer en el medio ambiente por décadas, lo cual representa una amenaza para todo el sistema ecológico que depende de la producción de alimentos. Su uso contamina el suelo, lo que hace que un porcentaje de la tierra no pueda ser cultivable nunca más.
La contaminación de agua también provoca la pérdida de la biodiversidad, matando a peces y animales acuáticos, además que el agua contaminada puede ser consumida por miles de personas, afectando su salud.
DERECHO INTERNACIONAL
El derecho internacional establece obligaciones generales de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En particular, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud ofrecen a todas las personas una protección clara contra el uso excesivo o inadecuado de agrotóxicos.
La Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a adoptar un enfoque de derechos humanos, que asegure los principios de universalidad y no discriminación, conforme a los cuales se garanticen los derechos humanos de todas las personas, y en particular de los grupos vulnerables, que sufren de manera desproporcionada las consecuencias del uso de agrotóxicos como los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales, así como los niños, niñas y mujeres embarazadas.
Si bien ciertos tratados internacionales e iniciativas no vinculantes ofrecen algún tipo de protección limitada, no existe ningún tratado exhaustivo que los regule. Las empresas deberían tener la responsabilidad de asegurar que los productos químicos que producen y venden no supongan una amenaza para esos
derechos.
Además, existe un gran conflicto de interés por parte de las grandes empresas, especialmente cuatro que controlan el mercado agrícola, quienes restan importancia sobre el daño que provocan sus productos, sumado a la autocomplacencia de algunos gobiernos, que establecen marcos regulatorios engañosos y legislaciones laxas, las cuales no cuentan con métodos que garanticen la aplicación estricta de las normas.
Se ha demostrado que sí es posible producir alimentos más saludables y altos en nutrimentos, que alimenten realmente a la población, que sean libres de transgénicos y agrotóxicos, y que no contaminen y no agoten los recursos medioambientales.
Como menciona la Relatora Especial del Derecho a la Alimentación, esto requiere de adoptar un enfoque holístico que incluya la eliminación progresiva de agrotóxicos en el campo y la aplicación de un marco reglamentario eficaz basado en un enfoque de derechos humanos, acompañado de una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles y la soberanía alimentaria.
