Ciudad de México a 12 de enero de 2016 .- La falta de estrategias integrales bien diseñadas, han impedido promover la productividad del campo mexicano y los programas de apoyo son de carácter «electorero» y dejan de lado el mejoramiento de las capacidades de las mujeres y hombres campesinos, consideró el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN).

El desarrollo rural debe ser un pilar prioritario de la política económica y social del Estado, ya que de las actividades agropecuarias dependen casi 25 millones de personas y, no obstante, solamente generan el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), indicó.

En entrevista, el diputado por Guanajuato consideró que el nivel de la producción de bienes y servicios del agro, vinculada a la población que la ejerce, “genera poca riqueza y productividad”, a causa de que los apoyos se diluyen y no fomentan la producción sostenida.

Muchos programas agrarios, afirmó, carecen de una estrategia precisa sobre qué buscan desarrollar. Además, deben conocerse a los que han sido exitosos para replicarlos en otros estados e inyectarles más recursos, y los que no han dado resultados, cambiarlos o eliminarlos para evitar que el dinero se malgaste o se subejerza, destacó.

Identificar esos éxitos es una misión del Poder Legislativo para etiquetar recursos a programas que desarrollen realmente al sector, a fin de “apoyarlos y darles el seguimiento, y a los que han fracasado, denunciarlos y cerrar la llave del dinero, para hacer otras estrategias. Asimismo, solicitar al Ejecutivo que actúe en donde los legisladores detecten este tipo de situaciones”.

Bermúdez Méndez refirió que se eliminaron 33 programas del agro en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016; otros se fusionaron, pero hasta hoy todavía no se sabe cuáles son. Entonces, ¿para qué se fusionan si se desconoce qué van hacer y lograr?, cuestionó.

“Se fusionaron por aquél famoso decálogo de las buenas intenciones y también por el Presupuesto Base Cero, que no tuvo nada que ver. Hace falta una estrategia integral para empujar la producción del campo nacional”, aseguró.

Sobre la ruptura del tejido social, la inseguridad, la presencia del narcotráfico y el futuro del sector agropecuario, urgió a desplegar una estrategia de emprendedores con apoyos efectivos tanto financieros como productivos que arraiguen a los jóvenes de entre 20 y 30 años, a fin de que estén a cargo de sus parcelas y las hagan producir al convencerse de seguir trabajándolas y encontrar verdaderas opciones para tener una vida plena.

Sólo con apoyos y oportunidades reales se logrará recomponer ese tejido social a través de programas y experiencias agrarias exitosas, para que la juventud redescubra en las actividades del campo un futuro y vuelva a trabajar en él.

Consideró preocupante que actualmente laboren en este sector sólo ciudadanos mayores de 40 años, mientras las nuevas generaciones están afuera. “Eso es muy grave”, por lo que insistió en que los legisladores conozcan los programas exitosos para saber cuáles se tienen que reforzar y exigir al gobierno federal hacer su parte.

A poco más de 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Bermúdez Méndez destacó que ha habido grandes avances sólo para algunos sectores económicos, pero el PIB rural de 5 por ciento es mínimo.

Precisó que hace 10 años, era de 4 por ciento; en una década, creció un punto porcentual, “lo cual es ínfimo comparado con el repunte de otras actividades”. Por eso, remarcó, es básica la evaluación de los programas del agro para conocer de manera fidedigna si las proyecciones se han logrado o si hay pérdidas.

Señaló, como ejemplo, el Programa Especial Concurrente (PEC) que tiene etiquetados 323 mil millones de pesos para este 2016. Estimó que debe investigarse el impacto que genera esa inversión en el PIB. “Va a ser interesante conocer cómo se comporta e identificar si hay pérdidas o ganancias para cambiar proyectos. Ese dato es muy interesante y lo debemos tener a la mano”, apuntó.

Consideró que un problema prevaleciente en los programas campesinos es hablar sólo de cifras, de los miles de millones de pesos asignados que deben gastarse para no incurrir en subejercicios, incluso sin verificar si se cumplieron al 100 por ciento las reglas de operación.

Muchas veces se exige el mínimo, por lo que la productividad de las dependencias del sector se mide en función del dinero que gastan y no por el resultado de los proyectos, agregó.

“Tenemos que hacer estrategias integrales que garanticen éxito de los programas que impulsen a los campesinos a desarrollar sus capacidades productivas y humanas”, concluyó.