Ciudad de México, 24 de junio.- Aunque se pensó que con el confinamiento provocada por la pandemia por Covid-19, los gases de efecto invernadero bajarían alrededor de 6 por ciento, por las restricciones de movilidad en todas sus formas y las repercusiones de las recesiones económicas observadas en todos los países, a consecuencia del confinamiento, la realidad es que esta disminución será solo temporal.

«El Informe, Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sobre el estado del clima mundial en 2019, que está dirigido por la Agencia Meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documenta los signos físicos del cambio climático, como el aumento del calor de la tierra y el océano, el aumento acelerado del nivel del mar y el derretimiento del hielo, y los efectos en cadena sobre el desarrollo socioeconómico, la salud humana, la migración y el desplazamiento, la seguridad alimentaria, la tierra, el mar, y los ecosistemas”.

La tendencia de años anteriores al Covid-19, presentaba aumento en el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero, el informe se documenta que el año 2019 fue el segundo más caluroso registrado dentro de los años 2010-2019, siendo al día de hoy el año 2016 como el más cálido registrado.

“No podemos pensar que el virus será la solución al cambio climático, porque se espera sea una contingencia sanitaria temporal, pero el cambio climático permanecerá por siempre y habrá que aprender a contribuir para mitigar y combatir los efectos”.

Aunque se pensó que con el confinamiento provocado por la pandemia por Covid-19, los gases de efecto invernadero bajarían, debido a las restricciones de movilidad en todas sus formas y por las repercusiones de las recesiones económicas que se observan en los países del mundo a consecuencia del confinamiento, la realidad es que esta disminución será solo temporal.

Con la ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993, el gobierno mexicano adoptó la obligación de cumplir con los lineamientos establecidos en este instrumento.

La seguridad como medio para alcanzar el desarrollo tienen relación con el logrode los Objetivos del Milenio, es por ello que el impacto, la magnitud y la durabilidad de los fenómenos ambientales, sociales y económicos que detona el cambio climático lo convierte en un asunto con tratamiento prioritario.

De los instrumentos legales está el Protocolo de Kioto adoptado en 1995. Este instrumento, jurídicamente vinculante, compromete a los países industrializados a reducir emisiones de los gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC`s), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre.

Respecto al Acuerdo de Paris, establece el objetivo vinculante de limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese incremento a 1.5 grados centígrados.

Otro de los objetivo habla de las, en el que los países se comprometen a que las emisiones alcancen su pico tan pronto como sea posible y se reduzcan de manera significativa una vez se alcance este máximo.

Capacidad de adaptación. Los países desarrollados y “otros países” se comprometen a aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

La financiación. Se movilizan 100.000 millones de dólares anuales desde 2020, revisables al alza a partir de 2025 para luchar contra el cambio climático. Si bien se reconoce el liderazgo de los países desarrollados a la hora de conseguir esta financiación, se amplía el listado de posibles contribuyentes a países en desarrollo.

Transparencia y revisión de los compromisos. Los países tienen la obligación de preparar y comunicar cada cinco años las Contribuciones Nacionales que se incluirán en un registro público de la ONU y las partes revisarán al alza sus compromisos de reducción.

Pero, la solidez del protocolo se vio vulnerada cuando Estados Unidos de América, decidió su retiro decide retirarse después de haberlo firmado, argumentando no estar de acuerdo con ciertas condiciones con respecto a las emisiones que generan los países en desarrollo.

Es considerado un problema de carácter global, el cambio climático, porque no solo se perciben los impactos de manera local o regional, sino que afecta a todo el planeta.

Un análisis de este documento, ha sido difundido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDRSSA, de la Cámara de Diputados.

Es así que se menciona, que tras los diversos acuerdos donde se busca reactivar el pacto de reducción de emisiones de GEI y donde se incluyen propuestas enfocadas a los países en desarrollo por medio de financiamiento e implementación de tecnologías, busca que 37 países industrializados una vez adoptado el compromiso de reducir, antes de 2012, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5.2 por ciento respecto a los niveles de 1990. Los países en desarrollo, por su parte, realizarían un inventario de todas sus emisiones de GEI, tanto para lograr mayor capacidad de adaptación al cambio climático, como a su vez, no superar los 2 grados centígrados de aumento de temperatura global.

Es conocido que Estados Unidos y Canadá, no han cumplido con la promesa de reducción de emisiones, en este caso Canadá, declaró que estaría sujeta a la aprobación de la legislación en Estados Unidos, la cual quedó congelada en el Senado; al final tomó la decisión de retirarse del Protocolo de Kioto a partir del 15 de diciembre de 2012.

La diferencia está en que México, es considerado como nación en desarrollo lo que representa que no tiene compromisos cuantificables de reducir emisiones de GEI. Sin embargo, ha mostrado interés y ha actuado en consecuencia comprometiéndose en los esfuerzos internacionales, siempre y cuando exista apoyo financiero y tecnológico de los países considerados desarrollados.

Con la creación y aprobación de la Ley de Cambio Climático se busca contar con un marco legal que coordine y sistematice las políticas públicas, así como los planes y programas con sus respectivas acciones para mitigar los efectos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfatiza que “las políticas de Estado exigen los desafíos nacionales, regionales y globales”,

La Secretaría de Medio Ambiente y Recurcos Naturales, y sus organismos tienen grandes desafíos respecto a la Gestión Pública, toda vez que los desastres naturales no son previsibles, pero requieren atención coordinada en la atención eficaz y oportuna en los momentos y fenómenos precisos.

“La institucionalización de las acciones implica el reconocimiento de nuestra realidad social pero, además, supone la necesidad de admitir de manera explícita que se deben diferenciar las necesidades sociales económicas y políticas de la población, en el diseño de acciones de gobierno, ya que este resulta ser un requisito de la democracia y el desarrollo humano, mismo que afecta la generación de contaminantes, y a su vez, influye en los cambios del clima y de la cultura de la sociedad”, señala el comentario del investigador Benjamín Ortiz Espejel, la publicación de CEDRSSA.

Se habla del uso de tecnologías, el monitoreo en tiempo real, las investigaciones de tipo sistémicas para enfrentar el cambio climático y un estudio de sistemas complejos de metodologías, que pudiera dar origen a una plataforma solida de la situación y gestión del cambio climático en México.

Se hace mención que el Estado es la representación política de la sociedad y tiene a su cargo en su régimen republicano y federal, la conducción con visión de desarrollo económico, político y social del país, por medio del instrumento que se le confiere llamado Administración Pública.

“El cambio climático exige una estrategia de Estado por medio de políticas públicas con planeamientos claros de las metas y objetivos de manera transversal e interinstitucional en su coordinación hacia el desarrollo sustentable, introduciendo medidas, políticas y tecnologías para evitar más emisiones y trabajar de manera simultánea y no consecutiva.

Este documento busca conocer la estructura institucional y su transversalidad entre las distintas secretarías de estado a nivel federal y estatal para detectar en donde el tema del cambio climático como política pública y su debida implementación queda solo como recomendación y no como lineamientos jurídicos, hacia la sustentabilidad con carácter obligatorio y sancionable.

El texto completo del informe de la ONU, se encuentra en la página de CEDRSSA. (Redacción MEXICAMPO).