Participación de pueblos originarios necesaria en gestión integral del agua
La directora general de la Conagua hizo énfasis en que el agua debe ser un elemento de unidad para todos y que al ser de la nación, es un bien que no se puede privatizar.
La autoridad ambiental y 16 comunidades de Oaxaca dieron por concluida la cuarta y penúltima etapa del proceso de consulta indígena para reglamentar el aprovechamiento del acuífero de Valles Centrales, que es fuente de abastecimiento de poco más de 900 mil personas de la entidad.
Este proceso se enmarca en un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Víctor M. Toledo, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que, con el avance en este proceso, Oaxaca da una lección más, ya que en esta histórica “Guelaguetza del Agua” se conjuntó el principio del Gobierno de México de mantener el diálogo permanente con las comunidades y consolidar la ciudadanización de la política ambiental.
Aseveró que, al mantener los derechos al territorio, los pueblos indígenas son los “sembradores del agua” de la nación, y con ello, logran el derecho colectivo al agua y a los recursos forestales, porque son quienes desarrollan la mayoría de los proyectos de manejo comunitario de bosques y selvas. Ante ello, señaló que es a estas comunidades a quienes se les debería dar prioridad al momento de la entrega de concesiones de agua.
Recomendó que en la quinta etapa de este proceso no solo se mantenga la colaboración entre comunidades e instituciones, sino que se vaya más allá del tema del agua —que se ha convertido en un elemento de fortaleza—, y se establezcan ordenamientos ecológicos del territorio, los cuales les permitirán blindar sus recursos naturales, zonas de conservación comunitarias o voluntarias así como proyectos de agricultura y ganadería ecológicos.Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hizo énfasis en que el agua debe ser un elemento de unidad para todos y que al ser de la nación, es un bien que no se puede privatizar.
Señaló que en esta región el agua ha sido un elemento de unidad en torno al cual se han desarrollado esfuerzos, ideas y trabajo, con el fin de caminar hacia la construcción de paz, amistad y progreso. Puntualizó que ahora es posible conceptualizar al agua como un elemento de inclusión para hombres y mujeres.
Consideró que hoy es un día histórico para la Conagua, debido a que este proceso de consulta indígena representa una oportunidad que los pueblos indígenas otorgan al Gobierno de México para demostrar que está al servicio del pueblo y que las leyes y los reglamentos deben beneficiar a las comunidades.
La titular de la Conagua informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó cambiar las reglas de operación de los programas gubernamentales, con el fin de incrementar la participación de las comunidades.
Así, hoy se trabaja de manera conjunta y se logró que las comunidades indígenas que dependen del acuífero de Valles Centrales tengan los títulos de concesión que les brindan la certeza jurídica sobre 8.5 millones de metros cúbicos de agua al año y que les permitirán recibir recursos para invertir en la agricultura, el agua potable y el saneamiento, entre otros.
La titular de la Conagua subrayó que el avance en este proceso de consulta indígena demuestra que es posible cambiar las inercias gubernamentales y sociales para mejorar las condiciones de los pueblos más vulnerables.
En su momento, Jan Jarab, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, coincidió en que este es un momento histórico para los derechos de los pueblos indígenas, agradeció los esfuerzos con los que se logró consolidar y adelantó que se coordinarán esfuerzos para difundir este caso de éxito a nivel nacional e internacional.
Víctor Alcocer Yamanaka, Subdirector General Técnico de la Conagua, detalló que los esfuerzos iniciaron el 9 de septiembre de 2015, en una sesión plenaria donde participaron los representantes de las 16 comunidades involucradas, y consiste en cinco etapas: la de acuerdos previos, la informativa, la deliberativa, la consultiva y la que culmina el proceso con la ejecución y el seguimiento de acuerdos.
