DE NORTE A SUR
*Guillermo Correa Bárcenas
Ciudad de México a 10, enero del 2017.- Presionado por la sociedad civil, que desde el inicio del año reaccionó con protestas de toda índole en contra de lo que se conoce como el “gasolinazo”, el Gobierno Federal ha intentado calmar la inconformidad sin resultados favorables que anuncien la desmovilización de los mexicanos. Al contrario, cada propuesta o convocatoria a la unidad, ha tenido como reacción una mayor rebeldía, al grado de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se negó a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el mismo que organizaciones campesinas calificaron de ser una simulación, en tanto que el repudio al aumento de los combustibles y sus consecuencias aumenta a través de las marchas y otras manifestaciones pacíficas.
Prueba de ello es que a unas cuantas horas de que se firmara el nuevo pacto, miles expresaban su rechazo en las principales avenidas del centro de la Ciudad de México, en tanto que desde temprano continuaron las expresiones de descontento en varias partes del país. La marcha vespertina de ayer se caracterizó por la rabia expresada en contra de la clase gobernante como ha ocurrido a lo largo de este naciente año e hizo recordar los tiempos del 68, cuando los principales protagonistas fueron los estudiantes de la UNAM, del IPN, de la Metropolitana y la Autónoma de la Ciudad de México, además de otros muchos sectores, que caminaron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino bajo la mirada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos unidos contra el incremento hasta del 20 por ciento a los carburantes.
Desde temprano, la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) informó de movilizaciones en todas las entidades junto con otras centrales que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC) para exigir la anulación de los aumentos en las gasolinas y el diésel; acciones que comprendieron la toma de casetas y protestas frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Más tarde, el dirigente Marco Antonio Ortiz consideró que el mencionado Acuerdo sólo “es una simulación donde las agrupaciones priistas, que históricamente han sido comparsas del gobierno, convalidan la política fallida del Presidente de la República” y denunció la detención del líder estatal en Tabasco, Ramón García de la Rosa.
Para entonces la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se expresaba con un plantón frente a las instalaciones de la SAGARPA, dependencia que dio a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel para los sectores pesquero y agropecuario en lo que corresponde al mes de enero de 2017. Lo que no se dice –señalaron algunos— es que esos apoyos se deben en todo lo que corresponde a 2016 y que la Ley de Energías para el Campo está prácticamente muerta. De acuerdo con el Diario Oficial, el incentivo fiscal al uso de combustible menor de 92 octanos y al diésel son el 100 por ciento; mientras que los precios máximos son de 12.30 pesos y de 12.90 pesos el litro, respectivamente.
Participante también en las protestas, el Movimiento Social por la Tierra se remontó a las promesas de hace tres y cuatro años con las que se aseguraba que con la reforma energética se instalarían nuevas refinerías en México con la mezcla de capital público y privado, y que esto bajaría el precio de los combustibles. Francisco Chew Plascencia, líder del MST, acusa que la riqueza petrolera nacional únicamente beneficia a empresas trasnacionales, desmantela a PEMEX; propicia el despojo de la tierra de los ejidos y comunidades indígenas y que ahora con la liberalización de los precios se afecta la economía familiar de millones de mexicanos.
Bajo este marco es que se dio a conocer el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, uno más a la serie de pactos iniciados dentro del neoliberalismo con el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico que en 1988 promovió el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el cual fue reforzado un año después por Carlos Salinas de Gortari. Documentos en los que nada tuvo que ver la gasolina y sí que el gobierno se comprometía a no subir impuestos, los comerciantes a frenar los precios y los trabajadores a no demandar alzas salariales.
El actual acuerdo también es de compromisos. Dice responder a las preocupaciones de que haya un aumento injustificado de precios de otros bienes y servicios distintos a los combustibles, especialmente en los productos de la canasta básica. Pero la realidad indica que, también a principios de este año, subieron tarifas eléctricas, el gas y que la tortilla se vende en algunos lugares a cerca de los 20 pesos el kilo. Por si fuera poco se han incrementado tarifas del Registro Civil, la tarjeta de circulación vehicular, la verificación del auto y demás, entre amenazas de que no se salvarán de esta carestía la leche ni el pan. Todo ello en medio de compromisos difíciles de creer.
Al menos así lo ha hecho saber la propia COMPARMEX, organismo que dijo haber recibido el documento apenas dos horas antes de que fuera firmado, por lo que determinó que si bien la situación económica y social lo exige y que México necesita estar más unido que nunca, dicho consenso no se puede construir en tres días para que no sólo sirva de estrategia de comunicación e imagen pública. “Cualquier acuerdo que se quiera suscribir –advirtió– deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances. Particularmente, el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, hacerlo eficiente, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.
En su comunicado, la COPARMEX deja en claro que “no estamos en contra del Gobierno, ni de quienes suscriben el Acuerdo, por el contrario: estamos a favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos. No solo eso, sino que es justo en este momento cuando el país nos demanda un diálogo real, cara a cara, donde pongamos por delante el Bien Común, antes que cualquier otro interés particular”. Y concluye: Un verdadero Acuerdo Nacional requiere ser inclusivo y producto de una profunda reflexión y proceso de consenso social.
DESDE EL CENTRO
Crecen las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la industria automotriz que se atreve a invertir en México, guerra que, entre otras, va a perder el magnate… Aunque se niegue, las megatiendas reetiquetan precios y las tiendas de barrio también suben precios… Lo peor de todo es que sigue la corrupción…
*Reportero de radio y medios impresos, fundador de la revista Proceso, asesor de organizaciones indígenas y campesinas, colaborador de agencias de noticias y portales de internet.
