El dirigente Nacional del Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar demando a los gobernadores que integran a la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) rechazar tajantemente el aumento de precios a las gasolinas y las tarifas eléctricas garantizar a la población la protección del poder adquisitivo en el transporte público y en la canasta básica de millones de familias.

En una carta dirigida al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu presidente de la CONAGO,  los barzonistas piden a los gobernadores, crear un plan de austeridad gubernamental que contemple la eliminación de gastos suntuarios, castigar los actos de corrupción detectados y establecer un sistema de rendición de cuentas.

Señalan que los integrantes de la CONAGO, que se reunirán el día de mañana con el Secretario de Hacienda José Antonio Mead, deberán expresar su más enérgica  protesta a los incrementos de la gasolina, el diésel y las tarifas eléctricas que afectarán significativamente la economía de los pequeños productores y campesinos.

Asimismo le piden que durante la reunión convoquen a la Procuraduría General de La República y a la Auditoria Superior de la Federación, para evaluar los procesos penales que deben instrumentarse contra Cesar Duarte, Mario López Valdez, Miguel Alonso Reyes, Roberto Borge, los hermanos Moreira, Rodrigo Medina y las medidas para detener a Javier Duarte.

“Muchos otros deben ser sometidos a proceso judicial. Tienen la oportunidad de romper con las complicidades de corrupción. Muchos de ustedes han endeudado hasta la saciedad a sus entidades. Han creado empresas fantasmas y se han robado grandes cantidades de recursos. El gasto que desarrollan es dispendioso y tienen la complicidad de los Congresos locales y ustedes se aprovechan para intercambiar favores y beneficiar a una casta de políticos  y empresarios que han desatado en forma permanente la rapiña presupuestal. Les demandamos un compromiso de honorabilidad”, enfatizan en el comunicado.

Deben ser tajante su rechazo a la determinación del Presidente Enrique Peña Nieto, de liberalizar los precios de las gasolinas e imponer, como parte de esa medida, impuestos por IEPS e IVA que suman 45% en el caso de la gasolina Magna, 38.4% en el caso de la Premium y 47% en el caso del Diésel. Como consecuencia, el incremento mensual fue de 14.4% en la Magna, de 20.1% en la Premium y de 16.05% en el diésel.

Esta medida, que ya es conocida como el gasolinazo, es una determinación que impacta en las condiciones de vida de la población, que ha sufrido ya las consecuencias de una política económica que teniendo como objetivo la estabilidad de precios, se ha reflejado en un prolongado período de contención del gasto público y del crecimiento económico, en una altísima concentración de los beneficios y una pobreza que alcanza a más de 50% de la población mexicana.

El gasolinazo y la amenaza de nuevas alzas en los próximos meses, en las gasolinas, el gas y la electricidad, así como en los productos de la canasta básica, demuestra el grave error en el que se ha incurrido con la decisión de dejar de invertir en PEMEX y comprometer los recursos estratégicos del país en una reforma privatizadora en beneficio de unos cuantos.