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Giran órdenes de aprensión contra Emilio Lozoya y su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ayer, de un Juez de Control, las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht en contra de Emilio Lozoya, Marielle, Nelly y Gilda, esposa, madre y hermana, respectivamente,  del ex director de PEMEX, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En un breve comunicado de prensa, la Fiscalía precisó que estas personas cuentan ya con la Ficha Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Actualmente Lozoya Austín, quien obtuvo un amparo del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, es investigado por la compra en sobreprecio que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando él era director, de la planta Agronitrogenados. La suspensión para evitar la captura duraría hasta el 4 de junio, fecha que fijó el juez para que en audiencia defina si concede el amparo en definitiva.

Al ex funcionario se le acusa de los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y provocar graves daños patrimoniales a Pemex por la adquisición de la empresa Agronitrogenados, que vendió Alonso Ancira, socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), actualmente detenido en España bajo prisión domiciliaria, luego de pagar una alta suma de dinero.

Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante el Juez de Control todos los elementos de probanza necesarios para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable.

La Fiscalía General de la República cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente.

 

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