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Han ocurrido 37 accidentes en minas en la actual administración

Ciudad de México a 20 de febrero de 2020.-Ante diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fernández, reconoció que en lo que va de la actual administración federal han ocurrido 37 accidentes en minas del país.

El funcionario afirmó que a cada una de ellas se le da seguimiento para que no vuelvan a pasar una desgracia. “No hemos encontrado un solo accidente fatal que no pudo haber sido razonablemente evitado con políticas y equipo de seguridad”.

Mencionó que, para el sector minero, lo acontecido hace 14 años en Pasta de Conchos es una herida que no ha sanado y que pasa por el rescate de los restos de los 63 mineros. En ello “se está colaborando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social”.

Quiroga Fernández expresó que el Fondo Minero no es para resarcir impactos por esta actividad. Eso lo tienen que hacer las empresas, cada una de ellas debe remediar al cien por ciento de cualquier huella que cause. “Es para el desarrollo de las capacidades productivas y sociales de las comunidades que conviven con la minería”.

El presidente de la Comisión, diputado Fernando Galindo Favela, señaló que esta reunión se desprende de la inquietud de los grupos parlamentarios para conocer cómo ha evolucionado el Fondo Minero, qué ha pasado con los recursos recaudados y en virtud de la anterior situación normativa cómo se distribuyeron los recursos.

La idea, argumentó, es conocer la evolución del fondo, ver cuáles son los proyectos que se pretenden financiar con estos recursos en 2020 y qué pasó con los del 2019.

Mencionó que la realidad jurídica es que se tienen recursos pendientes de ejercer de lo recaudado hasta 2018; de los de 2019, hay una controversia que no ha permitido su aplicación, y en 2020 desapareció.

Solicitó se informe en qué municipios hay recursos pendientes; esperar la resolución de la controversia para determinar una inmediata acción; evaluar si las políticas públicas han sido las adecuadas en este ejercicio fiscal 2020 y, desde el Legislativo, tratar de impulsar la reintegración del Fondo Minero.

El diputado Agustín García Rubio (Morena) pidió mayor información sobre los esquemas de permisos de exploración, pues se tiene conocimiento de que están suspendidos por problemas de contaminación.

De esa misma fracción parlamentaria, la diputada Melba Nelia Farías Zambrano recordó que hoy se cumplen 14 años de la tragedia en Pasta de Conchos, y preguntó dónde y cuándo se entregarán los recursos del Fondo Minero, quién los vigilará y dará seguimiento.

La diputada del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván resaltó que el cambio que se emprendió en el Fondo Minero no será benéfico. Cuestionó quiénes son los que lo conforman, cómo funcionaba antes de cambiar las reglas de operación, y de qué manera va a operar.

Carlos Pavón Campos, diputado del PRI, indicó que en muchas ocasiones se habla de la minería como si fuera lo más desastroso que hay, pero no es así. “Se habla de enfermedades, pero los trabajadores cada vez tienen menos padecimientos. Se debe ver a las minas desde otra perspectiva, no sólo lo negativo; hay unas que dan empleo e infraestructura, es decir, que son responsables”.

María de los Ángeles Ayala Díaz, diputada del PAN, recordó que había un Fondo Minero para los municipios con esta actividad, pero se decidió desaparecerlo por falta de transparencia; sin embargo, “no quedan claras las nuevas reglas de operación, pero sí veo que hay un subejercicio, porque se aplica un fondo desde 2017. Es necesario que se nos diga quién va a manejar el nuevo fondo”.

El diputado de Encuentro Social, José Ángel Pérez Hernández, destacó “los grandes cambios que se ofrecen desde el gobierno”. Pidió que el fondo realmente llegue a todas las comunidades de Coahuila, que se combata la desigualdad y la marginación que existe en esos municipios, y “que el beneficio sea para todos los involucrados en el sector”.

De Morena, el diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo sugirió que estos recursos también se destinen a los servicios de salud en las comunidades mineras, porque ayudará a mejor las condiciones de vida. “Estoy convencido en avanzar hacia un nuevo modelo, donde haya respeto a la naturaleza, al equilibrio ecológico, a las formas de vida y genere prosperidad”.

Su compañera de grupo parlamentario, diputada María Guadalupe Díaz Avilés, externó su preocupación por la instalación de los comités regionales, dado que hay un remanente considerable, que va desde el 2015 al 2018. El fondo que se va aplicar en educación, dijo, requiere transparencia y rendición de cuentas.

El subsecretario Francisco Quiroga Fernández expresó que el cambio en el Fondo Minero tiene que ver con las bondades del nuevo enfoque más que con las deficiencias del anterior. Tiene la opción de ejercer recursos de forma rápida y aplicarlos en uno de los programas centrales como es el de infraestructura educativa.

Mencionó que hay tres etapas del fondo: lo que se recaudó en 2018, lo cual tiene que ver con la ley anterior. Se distribuyó a los estados y a los municipios, algunos de estos recursos no han sido ejercidos, ya sea por falta de proyectos o porque están en curso. Lo que se ha hecho es asegurar que los montos se ejerzan de una manera transparente y rendición de cuentas.

También se tienen los de 2019, aunque estos cambios a la ley fueron controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sigue en esa etapa y esperamos que una vez que la Suprema Corte nos dé luz verde sobre este asunto; es decir, si efectivamente los puede ejercer el gobierno federal directamente o si tienen que entregarse a los gobiernos municipales y estatales; ya procederemos conforme se nos indique”.

La nueva etapa va a ser la de 2020; son recursos que todavía no han sido recaudados. Se recopilarán en abril, y una vez que éstos sean recolectados, el destino del fondo tiene que ver con infraestructura pública. “En un futuro, el mismo lo va a manejar la Secretaría de Educación Pública; aún no hay reglas”.

La directora general del Fondo Minero, María del Socorro Gómez Leyja, detalló que los recursos que les fueron transferidos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al nuevo fideicomiso o fondo son los recaudados de 2015 al 2017, que equivalen a dos mil 700 millones de pesos.

En el Fideicomiso Fondo Minero, dijo, también están los montos que fueron recolectados; el 80 por ciento de la recaudación del 2019, que actualmente ascienden a tres mil 500 millones de pesos.

Recordó que el patrimonio del Fideicomiso está conformado por los recursos provenientes de Sedatu; es decir, los remanentes del mandato Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros que resultaron de la recaudación de derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, recabados del 2015 al 2018 y asignados a estados y municipios mineros en función del valor de la producción en el año en que se causaron, es decir, el año previo.

Los estados y municipios beneficiados del entonces fondo debían destinar los recursos a la ejecución de proyectos de infraestructura pública con impacto social, ambiental y urbano, según lo establecido en la Ley Federal de Derechos; los proyectos que cumplieran con estas condiciones eran presentados por los Sedatu al Comité Regional de la Entidad Federativa correspondiente.

Precisó que la secretaría tiene que darle continuidad al proceso de ministración de recursos de proyectos de inversión física aprobados por los comités de desarrollo regional en cada una de las entidades federativas que estuvo presidido por Sedatu, y continuar la aplicación de los remanentes, que equivalen a mil 600 millones de pesos, aproximadamente, que no han sido aplicados y asignados a un proyecto específico.

Se acordó, dijo, proceder con 690 millones de pesos de ministraciones pendientes de 67 destinatarios, en 18 entidades federativas para 358 proyectos de inversión física aprobados por los entonces comités regionales presididos por la Sedatu, previa revisión de la Secretaría de Economía, de la documentación justificativa y comprobatoria establecida.

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