16 junio, 2024

Ciudad de México, 18 de mayo.- Investigadores de universidades públicas y organizaciones no remunerativas, al presentar la Agenda Socioambiental 2024, recodaron justo en los momentos electorales que vive el país, a los candidatos a puestos de elección popular, no olvidar los temas de impacto de degradación ambiental.

La Agenda Socioambiental 2024, reúne diagnósticos y propuestas, elaborada por amplio grupo de investigadores de universidades públicas y organizaciones civiles.

“En tiempos electorales, necesitamos recordar a las y los candidatos, que los temas socioambientales no son secundarios, que los impactos de la degradación ambiental ya están aquí y es importante que tengan prioridad en la agenda nacional”, observó la coordinadora del documento la investigadora Leticia Merina.

El estudio abarca 10 temas socioambientales más importantes: crisis hídrica; deterioro de los océanos; pérdida de la biodiversidad; abandono de los bosques y sus habitantes; creciente generación de residuos; impactos de la minería; retos del uso de la energía; uso descontrolado de plaguicidas; captura corporativa del sistema alimentario; y desafíos que enfrenta la propiedad social.

En la presentación de la Agenda, asistieron también los investigadores: Enrique Jardel, Beatriz Olivera, Helena Cloter y Omar Arellano.

Leticia Merino, resaltó que en la administración que concluye se mantiene la degradación ambiental que venia de administraciones pasadas, que se profundiza por diversos factores, entre ellos el cambio climático y el debilitamiento institucional.

Los autores de cada capítulo explican como el deterioro ambiental obedece a tres factores: desigualdad económica; la captura por parte de las élites económicas y corporaciones de las instituciones que toman las decisiones de gestión de los recursos ambientales y la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora.

En ese último renglón, se subraya, que “sus impactos son gravísimos y los padecen en mayor medida las poblaciones en condiciones de pobreza”.

Los presentadores resaltaron también que “la sustentabilidad, la salud pública y los derechos humanos, han encontrado enormes resistencias de las cámaras industriales, corporaciones transnacionales, legisladores de oposición e incluso del partido en el gobierno, y funcionarios de diversos niveles”.

Esa resistencia, agregaron, amenaza con echar por tierra la Ley Minera de 2023, “se han opuesto ferozmente a lo largo de los pasados cinco años, el remplazo de la Ley de Aguas Nacionales, por una Ley General de Aguas, basada en el reconocimiento a los derechos humanos al agua y al saneamiento, y le puso pausa al decreto de retiro del glifosato, que debería haber entrado en vigor el 1o. de abril”, refirió Leticia Merino.

En el tema del agua, se destaca que desde la administración de Salinas de Gortari, los bienes hídricos se mercantilizaron, se ha favorecido con concesiones de dotación de agua y descargas sin considerar la disponibilidad real o los impactos ecohidrológicos, “se mantienen la lógica de toma de decisiones por desastre y ha dejado exacerbar la contaminación en los ríos principales del país”.

Sobre las regiones forestales, éstas experimentan presiones y amenazas crecientes, “el aumento alarmante de plagas e incendios asociados al cambio climático, la tala ilegal, que alcanza el 120 por ciento de las extracciones legales, la presencia del crimen en gran parte de los territorios forestales”.

“Esto ocurre en el contexto de la caída drástica del presupuesto oficial para la protección y apoyo al manejo sustentable de los bosques a cargo de la Conabio, y una Semarnat, con recursos insuficientes para operar”.

En materia de biodiversidad, se ha ignorado en el discurso político, no se entiende ni se reconoce su importancia crucial. La diversidad de plantas, hongos, microorganismos y animales es indispensable para mantener las funciones de los ecosistemas (océanos, ríos, lagos, bosques, selvas, matorrales de zonas áridas, pastizales y agroecosistemas), que constituyen servicios ambientales esenciales para la vida, sustento y bienestar de la humanidad”.

Respecto a la energía, se establece que los combustibles fósiles, representas el 85 por ciento de la oferta bruta de energía. Predomina un modelo energético obsoleto que acentúa la crisis climática.

La producción de petróleo se mantiene en declive desde hace 20 años, la productividad se ha reducido 67 por ciento, mientras que los costos de extracción se han quintuplicado. Los esfuerzos por aumentar la producción no han tenido el éxito esperado, pese a que se duplicó el presupuesto a PEMEX, “mientras el país sufre de estrés hídrica, técnicas para extraer hidrocarburos que demandan grandes cantidades de agua como el fracking, no han sido prohibidas.

“La próxima administración no puede continuar apostando donde predomina el uso de combustibles fósiles. La transición energética se debe consolidar, centrar las bases para que el sector eléctrico sea confiable, resiliente y sustentable”.

En minería, se destaca que desde 1992 con la Ley Minera se impactó en territorios de manera diversa, provocando conflictos socioambientales, y aunque dicha ley se modificó, persisten territorios por la megaminería devastados.

En la actualidad se permite el uso de agua de laboreo para la minería, siempre y cuando se informe a la autoridad correspondiente. Persiste la opacidad y la escasa contribución de la minería al empleo, al desarrollo local y a las finanzas públicas del país.

Por lo que toca al sistema agroalimentario, se hace mención que la autosuficiencia alimentaria es de los grandes retos para la seguridad del país. Los pequeños y medianos productores detentan más del 70 por ciento de las unidades de producción y mantienen la agrobiodiversidad de México.

Esos productores son los principales sembradores de maíz y frijol, quienes no tienen sistemas de riego, acceso a mercados, asistencia técnica ni créditos, son los más vulnerables a los efectos de la sequía y el cambio climático.

Se debe profundizar en la agroecología a través de una política de estado, que asegure el agua, infraestructura, créditos, articulación con institutos tecnológicos y de investigación, y sobre todo mayor regulación de las grandes corporaciones trasnacionales que controlan la producción, comercialización y distribución de los principales productos agropecuarios.

Un punto que destaca la Agenda es uso continuo de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), con alto costo para los agroecosistemas al disminuir la diversidad biológica, ser más vulnerables a plagas, enfermedades y variaciones climáticas.

El nuevo gobierno “debe incorporar una política con dos objetivos estratégicos articulados; prohibición gradual de PAP, con enfoque de derechos humanos”, además de crear el sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas con suficiente apoyo presupuesta.

También toca el tema de los residuos, el cual se considera como asunto pendiente ya que en ninguno de los tres tipos de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos, se cumple con la reducción el aprovechamiento y disposición final segura, “es decir no se logra el supuesto de Economía Circular para el desarrollo sostenible”.

El último punto que se toca, es la gobernanza agraria, “esta cuestión siempre se olvida, siendo fundamental. La mitad del territorio nacional terrestre se encuentra bajo la forma de tenencia ejidal o comunal. En esta superficie se encuentran el 80 por ciento de los bosques y selvas, más del 60 por ciento de las áreas nacionales protegidas, 58 por ciento de las reservas de agua, 65 por ciento de las tierras que requerirán las ciudades para extenderse y 60 por ciento de las concesiones mineras.

“No existe una política agraria con propuestas y presupuesto para generar un cambio. Desde 1992 existe la visión liberal centrada en la seguridad jurídica de los derechos individuales y una visión productivista que concibe la tierra como mercancía. Se ignoran las propuestas que desde las luchas campesinas e indígenas apuestan por una visión integral de la tierra como territorio.

Los 35 autores de la Agenda, proceden de facultades e institutos de la UNAM, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología, Centro Geo, CartoCrítica, Agua y Bosques para la Vida, CIESAS, entre otras, quienes refieren que comparten el compromiso de promover la defensa de los recursos naturales, de los derechos humanos, y la preocupación por las tendencias de degradación y destrucción de los ecosistemas del país y sus implicaciones. La Agenda Socioambiental 2024 se puede descargar en: https://agendasocioambiental2024.mx/. (Redacción MEXICAMPO).

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