La Brown
Aperitivo Nacional
Eduardo González Silva
Ciudad de México, 25 de octubre.- Su persona alcanzó notoriedad pública, una vez que el pasado 18 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alertó a Hilda Araceli Brown Figueredo diputada federal por Morena, como integrante de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza.
La información señaló a Brown Figueredo, legisladora por el IX distrito del estado de Baja California, tener nexos con personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del grupo delictivo.
Los cómplices de la morenista facción de Los Mayos: René Arzate García, alias la Rana, que controla Rosarito; el empresario Jesús González Lomelí y dos colaboradores Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, los dos señalados de blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, este último que utiliza el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix, alias el Ruso.
Brown Figueredo, ha ocupado dos veces la presidencia municipal de Playas de Rosarito, sin beneficios en la calidad de vida de los habitantes, ayuntamiento ubicado a 25 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
La localidad, presa del anárquico crecimiento de la mancha urbana de Tijuana, registra en pleno centro del lugar y a cualquier hora del día, episodios de violencia e inseguridad pública, con el constante ulular de patrullas municipales, Cruz Roja e incluso bomberos, con escasos rondines o presencia de la Guardia Nacional.
La vida cotidiana transcurre a gran velocidad, los pobladores procuran efectuar sus actividades a ritmo acelerado. La población escolar acude de sus domicilios a los centros escolares con rápido andar, el municipio carece de parques y jardines para el esparcimiento familiar.
Cercano a la llamada carretera escénica, está en completo abandono lo que sería la moderna Biblioteca Benito Juárez, proyecto a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya estructura, pisos, techos, paredes y andadores lucen al descubierto, su deterioro por el paso del tiempo, y el despilfarro de “alguien”, con cargo al erario público, obra de la que nadie da razón.
La administración municipal de Hilda Aracely, se caracterizó por instaurar el soborno para todas las áreas de atención ciudadana, solicitudes, tramites y autorización de licencias, para cualquier gestión comercial y de negocios.
A propósito de la información surgida en torno a Brown Figueredo, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, se apresuró a detectar irregularidades como exceso de gasto, sobreprecio en obras, falta de contrato para la operación del relleno sanitario municipal, así como errores en el cobro de impuestos.
Otra de las observaciones fue: omisión del registro de egresos del ayuntamiento, por cobro de derechos por uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles de la zona federal marítimo terrestre, que asciende a alrededor de 14.0 millones de pesos.
Existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el municipio, para la administración de la zona marítima, el cual señala que el 80 por ciento de los ingresos debe ser destinado para vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpia de dicha zona. El 10 por ciento para el gobierno estatal y el otro 10 por ciento restante para la Federación.
Un día después de la alerta, el 19 de septiembre, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitó el inicio del proceso de desafuero en contra de la diputada federal, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera, declaró que el gobierno a su cargo no tenía prueba alguna en su contra, y por lo tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no había congelado sus cuentas bancarias.
A la semana siguiente la UIF, anunció que bloqueó sus cuentas bancarias a fin de analizarlas, trascendió que la legisladora con estudios truncos de licenciatura en educación, no había acreditado la propiedad de las cuentas bancarias en Santander y Banorte.
EL TOQUE TRUMP
Playas de Rosarito, destaca por el olvido de su infraestructura urbana, ser las de mayor contaminación del país, falta de transporte público (solo el concesionado), cada día aparecen asentamientos irregulares, con lo que la población llega casi ya a las 200,000 personas, pese a ello es inexistente algún proyecto de desarrollo urbano.
Rosarito presenta deficiente infraestructura, el lugar tiene clima promedio de 16 a 24 grados centígrados al año, privilegiada ubicación, con 50 kilómetros de costa de arena color clara. El horizonte de su encantadora vista al mar, resplandece al atardecer cuyo fondo lo adornan las tres Islas Coronado.
Paisaje natural, interrumpido por la termoeléctrica de la CFE y las instalaciones de almacenamiento de Pemex, no obstante, este lugar despierta la codicia y ambición de grandes inversionistas y del capital extranjero inmobiliario.
En 2008 se anunció con bombo y platillo en San Diego, la construcción de tres imponentes torres condominales el: Trump Ocean Resort.
En la presentación del proyecto aparecieron en video Ivanka y Donald Trump, los que daban detalles y características del proyecto ubicado en el sitio llamado Punta Bandera, predio hoy en completo abandono.
Al final, el platillo inmobiliario resultó fraudulento, los compradores estadunidenses demandaron a la empresa y sus recursos devueltos, salvo los inversionistas de Tijuana, que jamás levantaron demanda alguna ante la Profeco.
En los juicios en la Unión Americana contra el proyecto, se conoció que la familia Trump, no tenía nada que ver con el Resort, que únicamente había rentado por 5.0 millones de dólares el apellido familiar.
Rosarito lugar de fascinantes atardeceres con transparente cielo de intenso azul, sol brillante y luminoso que emite una combinación de colores de los que sobresalen el dorado y el naranja, que anuncia su hora de dormir, habitada por personas de gran nobleza y amabilidad, que padecen la ruindad de sus autoridades en turno, que dejan a su paso por el poder público carencias, injusticias y desigualdades.
El 13 de noviembre el juzgado 10 de Distrito con residencia en Baja California, decidirá si procede o no el bloqueo de las cuentas bancarias de la morenista Hilda Brown, de quien rondan en su contra probables fechorias delictivas, pero no de su pasado como servidora pública.
