DE NORTE A SUR

Guillermo Correa Bárcenas

Un grupo de senadores de distinta corriente ideológica manifestaron apenas en febrero pasado que una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue incrementar dependencia alimentaria de granos básicos con el aumento de las importaciones de alimentos, lo que ha provocado que México ostente actualmente el tercer lugar como destino de las exportaciones agrícolas estadounidenses, ya que con la entrada en vigor del TLCAN se generó un crecimiento acelerado de las compras de granos básicos, oleaginosas, carne, productos procesados y comida preparada.

El TLCAN evidenció así –reconocieron los legisladores encabezados por Armando Ríos Piter, Lidia Guadalupe Merodio Reza y Jesús Casillas Romero- la fragilidad de la agricultura mexicana y la enorme brecha de productividad agrícola que existe con respecto a Canadá y Estados Unidos. Esta desigualdad tiende a ampliarse a medida que la agricultura mexicana se estanca por problemas de competitividad y, como resultado, su participación en el mercado nacional de granos disminuye y se acrecienta la dependencia de las importaciones de básicos para complementar una parte considerable de nuestro consumo. En términos de valor y de jerarquía, los productos de origen agropecuario más comprados a Estados Unidos son: maíz amarillo, sorgo, semillas de soya, carne y leche en polvo.

Los mencionados, junto con Gabriela Cuevas Barrón, Benjamín Robles Montoya, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y Marcela Guerra Castillo, sostienen que ante la amenaza sobre la Soberanía y el interés nacional del Gobierno de Donald Trump, urge establecer de manera preventiva los mecanismos institucionales para eliminar la dependencia del suministro de maíz –se aclara que es el amarillo que se destina al consumo del ganado que provee de otros alimentos a los mexicanos– proveniente de los Estados Unidos. Con ese motivo presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto y mencionaron tres elementos centrales para fundar su propuesta:

La evidencia estadística que demuestra nuestra dependencia alimentaria como consecuencia del TLCAN; la obligación del Estado mexicano a partir de la suscripción a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 o el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe; y las facultades del mismo Estado para diversificar sus compra del exterior, bajo la premisa de garantizar la seguridad nacional y alimentaria.

El documento que fue firmado además por Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Barbosa Huerta, Ana Gabriela Guevara, Martha Elena García Gómez y Sonia Mendoza Díaz, cita a la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014 para informar que México cuenta con superficie agrícola total de 27.5 millones de hectáreas que representan el 25.2% de las 109.3 millones en que se asienta el total de las unidades de producción del país. Los 81.8 millones de hectáreas restantes corresponden a superficie de agostadero, enmontada o en descanso.

De las 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola, el 81.5% corresponde a superficie sembrada o plantada, mientras que el 18.5% no lo está. Asimismo, de la superficie agrícola el 20.3% (5.6 millones de hectáreas) es de riego y el 79.7% restante (21.9 millones de hectáreas) de temporal. El 86% de las unidades de producción agropecuaria se dedican a la agricultura; de éstas, el 62% vende todo o parte de su producción, lo que representa el 73% del volumen de la misma. Si analizamos por cultivo, ejemplifican los senadores con base en trabajos de los investigadores de la UNAM, Teodoro Aguilar Ortega y Felipe Torres Torres, el 20.3% del volumen de producción del frijol se destina al autoconsumo; en contraparte, el 96.5% y 95.9% del volumen de producción de la caña de azúcar y trigo grano se destinan a la venta. El volumen de producción de frijol (62.7%), de maíz blanco (62.0%) y sorgo grano (65.1 %) se vende a intermediarios.

Aseguran que la alimentación de los mexicanos se basa en el chile, frijol, jitomate y maíz. En el caso del último, el 81% de los hogares gastaron en 2016 el 6.5% de sus ingresos en tortillas, esto sin contabilizar el grano que se utiliza como ingrediente para otro tipo de alimentos, esto es, mantenemos una alimentación basada en el maíz. Pues bien, en 2016, se consumieron 37 mil 500 de toneladas métricas. Ese consumo ha aumentado en los últimos cinco años a un promedio de 9% anual. Sin embargo, la economía mexicana no produce la cantidad que se demanda por la población y es por eso que las necesidades son complementadas con importaciones que en 2016 ascendieron a 13 mil 800 toneladas métricas, equivalentes a 2,603 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el valor de producción del maíz en 2015 fue de 84 mil 523 millones de pesos, un aumento de 12,055 millones de pesos con respecto al 2014, pero sin alcanzar al mejor año de la historia que fue 2012.

Isidro Pedraza, Luz María Beristaín Navarrete, Sonia Mendoza Díaz y Raúl Morón Orozco, se sumaron a los otros en la iniciativa que, con gráficas y estadísticas, prueban que existe margen de maniobra en términos de costos para sustituir importaciones de Estados Unidos con maíz de Brasil, al grado de que saldría mucho más barato. También de Canadá y Argentina con costos superiores pero manejables. Empero –dicen–, únicamente con los excedentes de Brasil en 2016 podríamos sustituir el 51% de los requerimientos mexicanos por maíz amarillo, adicionalmente, según estimaciones de los propios legisladores, en 2016 el costo de transporte por tonelada promedio desde los Estados Unidos fue de 80 dólares, en Brasil, de 71 dólares. Desde Canadá y Argentina, 96 y 109 dólares respectivamente.

Los senadores concluyen que si se compra el 68 % del maíz que requiere México de Brasil, de Canadá el 25 % y de Argentina el 7%,  los costos de transporte promedio terminan siendo los mismos que con los Estados Unidos. Incluso, consideran, puede resultar hasta más barato.

En su iniciativa los senadores mencionan el claro abandono y desinterés del campo por parte del Gobierno Federal. El agro sufre de baja productividad sistémica y en el presupuesto de egresos de la federación para 2017 (PEF 2017) eso quedó muy claro. En 2016 el apoyo gubernamental al agro significo 52 mil 61 millones de pesos,  en el actual año la intensidad disminuyó a 37 mil 790 millones, casi 14 mil 270 millones de pesos de recorte lo que implica una reducción en términos reales de 29 %. Aún más, el Programa de Concurrencia para 2017 tuvo una reducción por sí mismo de 1,271 millones de pesos, más de 41 %. La propuesta menciona la importancia de este programa en función de su objetivo, las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas incrementen su productividad.

El grupo de senadores dice que México se ve obligado a importar maíz debido a que no producimos lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y en lo general nos hacemos de este producto en un país con mayor productividad a la nuestra. Advierten que con el fin de cambiar esto se requiere de una nueva política agraria y de financiamiento que cumpla con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DESDE EL CENTRO

José Calzada Rovirosa, titular de la SAGARPA, conversó con su homólogo estadunidense, George Perdue. Coincidieron en que México y Estados Unidos tienen la oportunidad histórica de consolidar los múltiples logros alcanzados en las últimas dos décadas. Hablaron de respeto mutuo, reciprocidad y cooperación; y de fortalecer las relaciones comerciales… Amenaza el FAC con movilización masiva para principios de junio en defensa de la tierra que se quiere quitar a campesinos de Los Tlatales con motivo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. [email protected]