Por Ana Luisa Guerrero
Ciudad de México. 8 de mayo de 2017.- Desde el gobierno de Estados Unidos se ha dictado una política que tiene un gran impacto en México. El presidente Donald Trump habla de la deportación de tres millones de mexicanos indocumentados, la revisión proteccionista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la implementación de impuestos a las exportaciones provenientes de nuestro país, a las remesas que se envían y la extensión del muro en la frontera.
El anuncio de estas acciones ha tenido impactos sociales, culturales, económicos y psicológicos en la población mexicana que radica en aquel país y en la que está siendo retornada. Ello obliga al gobierno de México a atender los efectos que traigan consigo dichas acciones.
Para el doctor José María Ramos García, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), la actual coyuntura representa una oportunidad para el diseño e implementación de políticas públicas con un enfoque interinstitucional, cuyos esfuerzos se apliquen dentro y fuera del territorio nacional.
Se calcula que en Estados Unidos hay 5.7 millones de mexicanos indocumentados, muchos de los cuales pueden ser deportados; por lo que es preciso que las dependencias mexicanas implementen programas interinstitucionales enfocados en la reinserción económica y social de los mexicanos retornados, a partir de planes de identificación de sus perfiles en función de sus antecedentes laborales y penales.
En el marco del seminario “Gobernanza, sociedad civil y política migratoria”, organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y El Colef, señaló que dichos programas deben alinearse a un plan estratégico para la competitividad con los estados y municipios de la frontera norte del país, así como en los lugares de origen de los migrantes.
El también director general de Vinculación de El Colef detalló que lo que se propone es una directriz entre diversas instituciones en función de datos actuales, pues refirió que el gran número de expulsiones de migrantes que se han registrado en décadas pasadas no implicó el establecimiento de planes o programas de prevención a causa de impactos diferenciados.
Por ello, dijo, se está frente a una oportunidad para redefinir la relación con Estados Unidos en el ámbito de la migración laboral.
“Se está frente al reto de hacer un análisis integral de la parte legal y social de apoyo a los migrantes mexicanos, en el cual debe considerarse que la academia puede proponer una serie de políticas públicas con un enfoque transversal que beneficie a nuestras comunidades migrantes”, detalló a la Agencia Informativa Conacyt.
México y la migración
México es un territorio de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo cual es considerado el principal corredor de personas migrantes en el mundo.
Las políticas migratorias que se han implementado en Estados Unidos en la última década han impactado a nuestra nación. En el ámbito económico recae en el riesgo que existe a la disminución de las remesas, una importante fuente de ingresos superior a lo que el país obtiene de las exportaciones petroleras. En 2016 este rubro registró casi los 27 millones de dólares.
La doctora Alondra Ambriz Nava, de El Colegio de México, detalló que 1.3 millones de hogares mexicanos dependen de las remesas, las cuales son utilizadas para cubrir la alimentación, la salud y la educación.
Señaló que la dependencia y vulnerabilidad de México es resultado del fracaso económico del país, debido a que no ha habido planes de desarrollo que prioricen el empleo, el bienestar y la seguridad humana para toda la población.
En ese sentido, dijo que es urgente una estrategia de desarrollo económico y social, de carácter integral y sostenible. 
Otra área de impacto es la atención de los mexicanos que son deportados. Durante el gobierno de Barack Obama, tres millones de mexicanos fueron repatriados, cifra que podría superar el de Donald Trump. A la fecha, cada semana llegan al aeropuerto de la Ciudad de México tres vuelos provenientes de El Paso, Texas, y Luisiana con 135 migrantes, adicionales a los que son deportados en los puntos fronterizos.
De acuerdo con Andremar Galván Serrano, experto en proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2010 y 2015 se dieron 495 mil eventos de repatriación de Estados Unidos a México, mientas que en 2016 la cifra fue de 219 mil 932, a los que se sumaron 150 mil retornos voluntarios.
Al respecto, Ramón Ramírez Valtierra, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, indicó que frente a la situación actual tienen la encomienda de reintegrar a los connacionales a la sociedad, y para ello se han implementado programas para la certificación de oficios, la expedición de actas de nacimiento para quienes carecen del documento, o bien otorgar la nacionalidad mexicana a hijos de padres mexicanos que nacieron en territorio norteamericano.
En tanto que se han reforzado los programas de apoyo a los deportados, como el programa Somos Mexicanos, a través de ayuda de transportación a sus lugares de origen y de servicios de salud.; asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha promovido la protección consular y la defensa jurídica de los mexicanos en el vecino país del norte.
Para María Angélica Luna Parra, titular del Indesol, el seminario tiene el propósito de conjuntar esfuerzos en torno al contexto actual, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Señaló que es prioritario plantear alternativas innovadoras que permitan fortalecer las capacidades de la sociedad civil.
