• El objetivo de la Cuarta Transformación es acabar con los “coyotes” del que explotan a los campesinos

  • Los recursos para beneficiar a los que más los necesitan

La protesta generada contra el presupuesto para el sector rural nacional se generó principalmente por líderes campesinos que durante décadas se han convertido en los mercaderes del hambre y la pobreza en el campo, aquellos que se trasladan en camionetas de lujo, que comen en restaurantes de postín y viven en ranchos y casas ostentosas, mientras que sus afiliados son llevados a las calles con engaños, compromisos, dádivas o amenazas.

Estas protestas, como la que terminó el domingo pasado en la Cámara de Diputados, lanzan una crítica mordaz, pero falsa y sin bases. Lo único que pretenden es continuar lucrando con la necesidad, la esperanza y el descontento eterno de los hombres del campo y los mares de México.

Los profesionales de la protesta se acomodaron a gobiernos que, a cambio de una fingida tranquilidad, soportaron ser rehenes de los grupos dirigidos por estos líderes sin escrúpulos, pero ahora hay un gobierno, que si bien sabe reconocer errores, también tiene consciencia clara que entre los retos más grandes se encuentra el de acabar con la corrupción, venga de donde venga, así sea de los que supuestamente representan a los más desprotegidos de México.

La versión de estos líderes es trasmitida con la práctica transgeneracional del corporativismo en el campo, es impulsada con la voz de uno que asegura representar a todos: “nos quieren fregar; nos van a hundir más de los que nos han hundido los otros; nos quieren quitar los recursos y dejarnos cada vez más pobres”. Pero que sólo ve por sus propios intereses.

Ahora, luego de la discusiones en la Cámara de Diputados el domingo pasado, se propuso que el campo tenga recursos adicionales por más de siete mil millones de pesos, lo que servirá para apuntalar los programas que beneficien directamente a los pequeños y medianos productores.

La verdad es que para la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que ejecutarán, por una parte, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos y, por otra, Javier Delgado Mendoza, encargado del esquema financiero del campo, el sector rural es la prioridad.

Lo anterior representa que primero se verá por los que menos tienen y se combatirá la corrupción, para salvar las diferencias que existen entre los productores que actualmente no tienen nada y aquellos que se han enriquecido gracias a los apoyos gubernamentales.

La población rural ampliada comprende hasta el 37 por ciento de la total nacional, que produce casi la totalidad de los alimentos, pero el ingreso por habitante es 73 por ciento inferior al promedio en el país, lo que señala que en el campo se concentra el sector más pobre, brecha que se ha ensanchando cada vez más.

Durante esta nueva administración se otorgarán apoyos diferenciados por cultivo, región, calidad, ciclo y tipo de productores, con transparencia y directamente a los productores, por lo que los líderes, los coyotes del campo, saldrán sobrando, no se necesitará de ellos para tramitar los recursos ante las dependencias, lo que les quitará la materia prima de su enriquecimiento.

Con esta y otras acciones se espera dejar de importar alimentos básicos por un monto de 70 mil millones de dólares en 6 años, así como incrementar en 20 por ciento anual el rendimiento de maíz, y pasará de 3.5 a seis toneladas por hectárea para producir entre 48 y 50 millones de toneladas de este grano al 2024.

Además de que se espera eliminar las importaciones de maíz, las cuales ascienden a más de 15 millones de toneladas al año y se reducirá la dependencia alimentaria en trigo, leche y carne de cerdo, entre otros productos.

Actualmente las organizaciones campesinas elaboran los proyectos productivos y si son aprobados, los productores tienen que ceder un porcentaje de los recursos a los pseudo dirigentes. Así, agricultores y ganaderos no reciben casi nada de ellos, con lo que el ciclo de la pobreza sigue girando sin detenerse.

Asimismo, en los apoyos para semillas y fertilizantes, entre otros insumos, los dirigentes se los entregan, a veces, hasta cinco veces más caros y les cobran por los trámites realizados a su nombre, además de vender o manipular “su fuerza” en cada elección.

Por ello, en esta administración se establecerán 100 regiones rurales y 60 zonas indígenas prioritarias y la estrategia de autosuficiencia se extenderá a fertilizantes químicos y biofertilizantes, así como a otros insumos para disminuir los costos de producción, lo que será en beneficio directo de pequeños y medianos productores.

Todo deberá ser con transparencia y siempre apegado a la legalidad, lo que separará cada vez más al gobierno de los falsos líderes campesinos que sólo buscan eternizarse en sus dirigencias y, en ocasiones, heredarlas o venderlas a quienes más les convengan.

Porque la intención de aglutinar a los trabajadores del campo y los mares del país en organizaciones que luchen por intereses comunes y válidos se pervirtió, los líderes se perpetuaron en el poder de esas organizaciones y se acomodaron al sistema contra el que luchaban, dejando al pequeño agricultor, ganadero y pescador en un estado de indefensión cada vez más grande, porque además de ser abandonado por el Estado, también fue traicionado por sus dirigentes.

Esa es la historia del campo: pobreza, abandono y traición, lo que dio como resultado a productores inconformes, desconfiados y desesperados.

Un ejemplo de la complicidad de las organizaciones con el poder es la creación del Congreso Agrario Permanente (CAP), organismo que se constituyó en 1999, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la participación de diez centrales campesinas, entre ellas la CNC, CCI, CAM, UGOCM-JL y CIOAC.

Pronto el CAP se vio atado por candados formados por las prebendas del gobierno para realizar cualquier movilización o protesta contra la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, y contra el TLCAN que entró en vigor en 1994.De esta forma, se convirtió en cómplice de la política neoliberal.

Sin embargo, tras casi 30 años de vida, este organismo se encuentra totalmente en el desprestigio y sin la capacidad de ser la expresión unitaria que se requiere para el movimiento campesino.

El reto es enorme, no sólo se trata de responder acertadamente, de combatir la pobreza y el lastre de la corrupción, es recuperar la confianza de los trabajadores del agro, de demostrarles que el Gobierno no descansará hasta que se pague la deuda histórica que se tiene con ellos.

Para ello se propuso desde el comienzo un nuevo sistema financiero rural con tasas de 6.5 por ciento; un sistema de extensionismo agropecuario y forestal, en el que se cuente con 10 mil técnicos al servicio de las organizaciones a nivel nacional, además de un Sistema Nacional de Investigación y educación, agrícola media superior y superior.

Se apoyará y fomentará la generación de empresas sociales rurales, las agroempresas de mujeres y se analiza un sistema de compras y logística directas a productores a través de Diconsa, para beneficiar a los pequeños, quienes serán la base de la autosuficiencia alimentaria de México. 

DESDE EL CENTRO

Muy lamentable el accidente aéreo en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso; y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, junto con la tripulación y un auxiliar. Ojalá no sea el principio de una estrategia para desestabilizar el gobierno que inicia.

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