El movimiento indígena nacional registró un severo retroceso en materia de derechos humanos, desarrollo social y justicia, durante el gobierno de  Enrique Peña Nieto, donde hoy existen más de 325 conflictos agrarios en 29 estados del país y más de 50 millones de hectáreas están concesionadas a mineras que violan la normatividad y los derechos más elementales de las comunidades indígenas, además de atentar contra la salud y el medio ambiente, señalaron integrantes del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI.

En conferencia de prensa, los dirigentes indígenas y campesinos  externaron su confianza en el próximo gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y en Adelfo Regino Montes, quien  presidirá el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desde dónde se busca impulsar una nueva política de Estado para devolver a los pueblos sus derechos a la consulta y participación política como sujetos de derecho.

Rocio Miranda de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), expresó que el movimiento indígena campesino debe renovarse y hacer propuestas que le permitan interactuar con las políticas de gobierno de AMLO, para avanzar hacia la Cuarta Transformación del país, porque de lo contrario corre el riesgo de estancarse en viejas prácticas de gestión de proyectos para obtener recursos que propicien el financiamiento para las organizaciones y sus lideres, en dimensiones de subordinación al Estado, situación política ampliamente desarrollada durante mas de 30 años de neoliberalismo,

La dirigente nacional de UFIC dijo que  el movimiento campesino si tiene cabida en la Cuarta transformación de AMLO  a partir de una propuesta programática que signifique un nuevo modelo de desarrollo rural, distinto al modelo neoliberal, tener propuestas que aspirar a tener derechos plasmados en la Constitución.

Adelfo Regino propuesto como titular de los que será el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se trata de construir una nueva institución que sea , atinada decisión de AMLO coincidimos en la necesidad de llevar a cabo esta transformación a partir del reconocimiento de los pueblos indigenas como sujetos de derecho y la Reforma al Articulo 2 de la Constitución.

Macario Iziquio Hernández, Coordinador Nacional de la UNORCA señaló que los pueblos indígenas viven momentos muy álgidos de atropello a sus derechos. Por ello exigió  respeto a los derechos establecidos en la Constitución. «La pulverización de nuestras formas de organización, como pueblos  históricamente marginados por  mas de 500 años en una marginación». Por ello dijo que una de las acciones que se requiere es que el nuevo gobierno  desde los congresos locales homologue una Ley Indígena. «No queremos más atropello y demagogia, fuimos testigos del acuerdo de San Andres, queremos que las cosas sean distintas para los pueblos indígenas. Nos alegra saber que Adelfo Regino será el responsable de conducir y vigilar este proceso de transición»

Emilio Lopez de la CIOAC expresó que el futuro de los pueblos indígenas y su desarrollo, es uno de los grandes desafios para el siglo XXI y el próximo gobierno deberá demostrar firmeza para resolver y reordenar las instituciones sociales, establecer el cambio de régimen político, el rediseño de las instituciones.

«Aspiramos a la  defensa y el respeto de los pueblos originarios principalmente de sus recursos naturales y que tengamos un presupuesto de 20 mil mil millones de pesos para el 2019, enfocado hacia la defensa de los pueblos indígenas y el rescate de las lenguas y cultura integral de los pueblos originarios» subrayó

José Duran Vera, Coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática, manifestó que en este momento, el país vive en un enorme vacío de poder, donde se esta atentando contra la seguridad de los bienes de la tierra y los derechos culturales de los pueblos originarios donde existen con más de  325 conflictos agrarios activos y las intituciones del gobierno federal como: SEDATU, RAN y  Procuraduria Agraria, están ausentes  de su atención.

LA USD y el Barzón van a convocar a una movilización  el 17 de septiembre, en la capital del estado de Chihuahua, contra el gobierno de Javier Corral y una caravana hacia las Naciones Unidas y se valora a Canadá, para denunciar la protección que esta dando a las mineras canadienses y denunciar el atropello que se esta dando por parte de las empresas mineras que violan la normatividad , de una consulta previa e informada, los contratos leoninos y el pago injusto de la tierra, además de estar destruyendo el medio ambiente.