Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó con 347 votos en pro, 36 en contra y 53 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Cipriano Charrez Pedraza, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, dijo que con fundamento en los artículos 74, fracción V y 111 de la Constitución Política declara:

“Ha lugar a proceder en contra del ciudadano Cipriano Charrez Pedraza. En consecuencia, queda separado de su encargo como diputado federal de la LXIV Legislatura y queda a disposición de las autoridades competentes”.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Muñoz Ledo pidió comunicar la declaración de procedencia al Poder Ejecutivo federal para su conocimiento y efectos legales, así como para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pidió notificar la resolución a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, así como al ciudadano Cipriano Charrez Pedraza. También a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

La petición de declaración de procedencia fue formulada por Raúl Arroyo González, procurador general de justicia del estado de Hidalgo.

Previamente, en su intervención, Cipriano Charrez Pedraza se pronunció a favor de que se le retirara el fuero constitucional para que no haya impunidad en el país y, por ende, poder demostrar su inocencia. “Votaré a favor de mi desafuero para ejercer mi defensa jurídica, que hasta el momento se me ha negado.

Porque la patria es primero”. Resaltó que demostrará su inocencia por el delito que falsamente se le acusa, “para volver y terminar mi encomienda de mi distrito que confía en mi persona, y con orgullo seguir dando voz al pueblo ñañú y náhuatl que la compone, y seguir con su bagaje de lucha social para reclamar lo que históricamente se nos ha negado para erradicar la pobreza, la discriminación y la corrupción”.

“La decisión está en esta cancha, de lo que aquí se vote es válido y lo voy a respetar; sin embargo, se dejará en situación de vulnerabilidad y sin representación a uno de los dos distritos federales indígenas que hay en Hidalgo. Comparezco con humildad, a raíz de un accidente que tendrá que ser analizado en los tribunales y este no es el espacio para tal efecto, ya que nadie se levanta por la mañana con la intención de afectar a alguien, ya que los accidentes están a la orden del día. Mi situación legal se resolverá conforme a derecho”, agregó.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Sección Instructora, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), expresó que esta instancia ha sido respetuosa de todos los términos legales, y siempre gozó de plena autonomía para hacer el estudio del asunto y emitir sus resoluciones. “Se actuó con total apego a los marcos jurídicos y a las pruebas aportadas por las partes dentro del expediente”.

Precisó que se mantuvo en todo momento independencia total para trabajar, sin estar sujetos a presiones políticas ni mediáticas, con imparcialidad, cuidando los términos y formalidades en cada etapa del procedimiento y los derechos de la persona presuntamente responsable de la comisión de los delitos de referencia. Además, se le dio el trato pertinente a su equipo de abogados, otorgándole las garantías que la ley estipula para su defensa.

“Después de un laborioso estudio se desprendieron datos suficientes para estimar que el servidor público, diputado Cipriano Charrez Pedraza, estuvo en el lugar del accidente, a bordo de un vehículo que se impactó con otro, mismo que se incendió, perdió la vida un ciudadano de 21 años de edad. El diputado se retiró del lugar de los hechos, enseguida de que estos ocurrieron, abandonó el lugar y existen testimoniales que lo señalan como conductor del vehículo que causó el siniestro”, añadió.

Ramírez Lucero sostuvo que se observa también su presencia en los videos que forman parte del expediente. “Se advierte su probable responsabilidad; sin embargo, corresponderá a la autoridad judicial determinar, en este caso, si existe o no esa responsabilidad”.

Esta Sección sólo determina si ha lugar o no a esta declaración. “No juzgamos, simplemente se demuestra que existen elementos suficientes para hacer probable la responsabilidad del diputado, y ponemos a consideración de ustedes si ha lugar o no a esa responsabilidad. No estamos prejuzgando absolutamente nada. Se le está dando la oportunidad al diputado de que vaya y se defienda. Inclusive en la condición en la que está en este momento ni siquiera puede ir a firmar un convenio con la parte ofendida”.

La diputada resaltó que los ciudadanos se darán cuenta que esta legislatura ha comprendido y hecho suyas las diversas peticiones de justicia. “Y ese reclamo de igualdad se ve hecho acción con la aprobación de este dictamen. Hoy estamos llamados a colocarnos del lado de la verdad y no del poder; de la ley y no de la impunidad; de la justicia y no del compadrazgo, de la esperanza y no de la indolencia. Éste es un momento histórico para nuestro país, al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”.

En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) precisó que en este procedimiento se busca garantizar el funcionamiento y libertad parlamentaria del legislador con licencia Charrez Pedraza, “ante todo, que no haya venganza política alguna”. Aseguró que se ha cumplido con el debido proceso y que “no se advierte evidencia de que exista una motivación política en el presente caso, sino el seguimiento de una indagatoria penal derivada de un delito culposo”.

Recalcó que este procedimiento no prejuzga ni determina culpabilidad ni responsabilidad alguna. Se respetan los derechos humanos y “vamos a seguir vigilantes de la actuación que realice la procuraduría de justicia de Hidalgo, observaremos que se respete el Estado de derecho”. Ratificó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. “En esta nueva etapa nos apegamos a la Constitución y al régimen de responsabilidades de los servidores públicos”.

Por el PAN, el diputado Raúl Gracia Guzmán aseguró que se realiza un ejercicio democrático del sistema de pesos y contrapesos. “El fuero tiene una razón de ser: proteger al Poder Legislativo, no a sus integrantes, sino al poder en su conjunto de la acción unilateral y arbitraria, con el control de la impartición de justicia por parte del Poder Ejecutivo”.

Señaló que en este caso se reúnen los requisitos para declarar que ha lugar a proceder penalmente contra un legislador. “Lamentablemente se ha comprobado fehacientemente que se cometió un delito, hay un delito culposo y hay un abandono de la escena por parte de los probables responsables”.

El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (PES) subrayó que la declaración de procedencia no prejuzga la culpabilidad del servidor público, sino que sólo se limita a establecer la probable existencia de un delito y con ello, la probable responsabilidad del inculpado. Eliminando la barrera procesal con la que se cuenta para que un juez del Poder Judicial sea quien decida la culpabilidad de la persona.Refirió que el fuero con el que cuentan ciertos servidores públicos ha perdido su esencia, “siendo un mecanismo para evitar la justicia y poder actuar de manera impune”. Por ello, se pronunció por eliminar el fuero o inmunidad procesal, “pues todos debemos ser iguales ante la justicia. Nadie debe estar por encima de la ley”.

Del PT, la diputada María Roselia Jiménez Pérez expresó su convicción porque “la ciudadanía está harta de que al amparo del fuero se mantenga la impunidad”. Consideró que no debe existir ningún mecanismo de protección que se traduzca en retardar o impedir la acción de la justicia.

Enfatizó que su grupo parlamentario no prejuzga sobre la inocencia y responsabilidad del diputado con licencia Charrez y anunció su voto a favor del dictamen porque “estamos convencidos de reivindicar la honestidad en la función pública”. Lamentó que en el accidente, materia del procedimiento, se haya perdido una vida, pero, aseguró que en esta soberanía “no se protege ni se protegerá a nadie”.

El diputado de MC, Juan Carlos Villarreal Salazar puntualizó que hoy no se prejuzga la responsabilidad final del legislador, sólo “analizamos de manera indiciaria que existen elementos de modo, tiempo y lugar para que se proceda a permitir que sea la autoridad competente la que juzgue y determine la responsabilidad en los hechos imputados, y se tenga la garantía del debido proceso y del derecho pleno de la audiencia y la defensa”.

Mencionó que es necesario revisar el marco constitucional del fuero en México, actualizarlo a las circunstancias contemporáneas, y atender el reclamo de las y los ciudadanos, “que no haya fuero para ningún funcionario de ningún nivel, que se garantice que aquél que cometa un hecho ilícito sea sujeto a una proceso sin un control político que lo decida o lo pueda proteger y generar los contrapesos constitucionales para evitar cualquier abuso en el libre ejercicio de la actividad política de la manifestación de las ideas”.

Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, señaló que Charrez Pedraza cometió un rosario de decisiones equivocadas que han abonado al deterioro y al desprestigio de la clase política de los diputados, y particularmente de los “que formamos parte de esta Legislatura, pues quiso evitar su responsabilidad y el cumplimiento de la ley e incluso en un acto de irresponsabilidad buscó, con la intervención de las autoridades municipales, convencer a la familia de que el perdón le podía resolver el enigma.

Indicó que lo grave del diputado con licencia Charrez es que el delito es menor, no es doloso, es culposo. “Le darán libertad caucional y regresará a la Cámara, ¿pero quién sentenciará el comportamiento poco ético, poco moral de haber huido y haber dejado al chofer del taxi inconsciente o imposibilitado de salir, que se incendiaria el vehículo, y muriera? Va a regresar en siete meses o en ocho meses, pero el comportamiento poco ético e inmoral, lo cargará él y lo cargará la mayoría”.

Sissi Anette Rodríguez Fernández, subprocuradora de Procedimientos Penales, Región Poniente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, expresó que el litigio del procedimiento fue determinar si había o no lugar a proceder penalmente en contra de Cipriano Charrez Pedraza, dentro de la carpeta de investigación con número 07-2018-1466.

Indicó que mientras Cipriano Charrez Pedraza tenga fuero parlamentario haría imposible a la Procuraduría de Hidalgo continuar la investigación del delito que se dice cometió el ahora diputado con licencia ingresada. “El objeto del procedimiento parlamentario es solamente reiterar la inmunidad y permitir que la parte victimal pueda acceder a la justicia con la consecución del procedimiento penal”.Dentro de la carpeta de investigación se advierten actos indicativos de que la madrugada del 6 de octubre de 2018, un vehículo en que viajaba Cipriano Charrez Pedraza, en el que se afirma lo hacía como conductor, produjo culposamente resultados típicos de homicidio y daño en la propiedad.

El defensor de Charrez Pedraza, Efraín Magueyal Baxcajay, dijo no compartir lo enunciado en el dictamen emitido por la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia y afirmó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo ha sido omisa en diversos actos procesales, violentando con ello no solamente el principio de presunción de inocencia contemplado en la Carta Magna, sino además ha faltado al principio de legalidad y lealtad procesal.

“El diputado Charrez jamás ha sido notificado del inicio de un procedimiento penal en su contra, pues en la carpeta no se hace referencia a que el órgano acusador haya realizado dicha notificación, lo que impide al mismo realizar actos formales de defensa. Es evidente que la procuraduría violenta de manera tajante los derechos que tiene toda persona imputada”, añadió.

Resaltó que esta defensa solicita a la LXIV Legislatura, erigida hoy como Jurado de Procedencia, que en estricto apego a derecho y al principio de legalidad y presunción de inocencia, “su voto sea en contra del dictamen emitido por la Sección Instructora por no reunir esta los elementos necesarios para la procedencia del presente juicio”.

Posteriormente, se leyó y aprobó el acta de la sesión de Jurado de Procedencia y concluyó la misma.