Intimidan a activistas que promueven impuestos a bebidas azucaradas
El diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, denunció que activistas, funcionarios y ex funcionarios que impulsan el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas, han sido víctimas de espionaje, por lo que pidió a la Comisión Permanente que exhorte al Ejecutivo federal a que les garantice su integridad y el ejercicio de la libertad de expresión.
Explicó que integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, entre ellos Simón Barquera, director de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública Mexicano; Luis Manuel Encarnación, ex director de Fundación Mídete y Alejandro Calvillo, activista y fundador de El Poder del Consumidor, han sido blanco de una serie de mensajes perturbadores provenientes de números no identificados en los que contenían hipervínculos con un código invasivo de un programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group, según reveló un reportaje del diario estadounidense The New York Times.
La misma investigación detalló que la empresa israelí vende exclusivamente sus herramientas de espionaje a gobiernos y que de manera coincidente, tiene contactos con varias agencias oficiales de México, de las cuales recibió pagos por 15 millones de dólares.
La Alianza por la Salud Alimentaria impulsó en 2014 la propuesta de imponer un impuesto a las bebidas azucaradas, la cual fue retomada por el Ejecutivo federal y aprobada por el Congreso de la Unión.
Tras ese logro para hacer frente al creciente problema de obesidad y diabetes que afecta a la población mexicana y particularmente a la niñez, la Alianza por la Salud Alimentaria lanzó una nueva campaña para aumentar al doble dicho impuesto, y una semana después de dicho anuncio inició el acoso contra los activistas, expuso el también Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez.
El acoso consistió en mensajes perturbadores, intervención de comunicaciones y la violación de la privacidad de usuarios de telefonía celular, agregó.
En su exposición indicó que investigadores de Citizen Lab de la Facultad de Munk de Asuntos Internacionales de Toronto, Canadá, descubrieron que “NSO Group además de ataques a investigadores como el doctor Barquera, activistas y legisladores en materia de nutrición o funcionarios del gobierno, también habían sido blanco de este grupo”.
De acuerdo a las investigaciones, así como del testimonio de Alejandro Calvillo, fue a través del sistema de rastreo denominado Pegasus que NSO Group, extrajo información personal como mensajes de texto, listas de contactos, correos electrónicos, mensajes instantáneos y hasta la ubicación del usuario, convirtiendo los dispositivos en grabadoras que captan de manera secreta lo que la cámara del teléfono está viendo en vivo y que sin duda alguna vulneraban la privacidad de los defensores de la salud en el país, añadió.
NSO Group, a través de entrevistas y comunicados ha señalado que sólo vende su spyware a agencias policiales a través de los gobiernos para que puedan seguir a posibles terroristas, narcotraficantes y criminales.
Ante este contexto y la evidente amenaza que para cierto grupo de poder le representó el impuesto al refresco establecido en México, es necesario hacer hincapié en que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre que el Estado debe proteger.
Por ello, las acciones que investigadores, activistas y funcionarios públicos en pro de la nutrición y salud en el país han realizado para detener uno de los problemas sanitarios que más le cuestan al Estado mexicano, no deben ser reprimidas o minimizadas frente a los intereses económicos de un sector de la sociedad, subrayó Hernández Soriano.
La investigación, persecución y sanción de los responsables en los ataques de intimidación a Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, es una obligación del Estado que al día de hoy no ha sido satisfecha, por eso en indispensable el exhorto de la Comisión Permanente al titular del Ejecutivo federal, afirmó el diputado del PRD.
