La Reforma Laboral aprobada por el Senado de la República el día de ayer, dejó fuera a más de cinco millones de jornaleros agrícolas, quienes sobreviven en condiciones de hacinamiento y marginación  en “campos de concentración” de la región noreste del país y en Baja California, y quienes son regulados por sindicatos fantasmas y contratos de protección regenteados por organizaciones como: CNC, CTM, CROC, CROM.

Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, señaló lo anterior y dijo que esta nueva legilación responde a requerimientos de Estados Unidos y Canadá, países integrantes junto con México del T-MEC.

“Para hacer una reforma genuina, lo primero que habría que demandar del gobierno de la República, es que dé a conocer el número de contratos de protección existentes y las agrupaciones sindicales que administran esos contratos, sin dejar de lado que la mayoría de los Contratos Colectivos de Trabajo, son solapados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, subrayó.

En entrevista de medios, el dirigente de la CIOAC, aseguró que la Reforma Laboral es aprobada en el condiciones de un deterioro salarial del 79 por ciento, generado durante el periodo neoliberal, y vigente, aunque para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, este sistema económico haya sido abolido por él sólo por decreto.

Asimismo dijo que urge armonizar el derecho laboral mexicano con el derecho internacional por lo que no basta con desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear, en su lugar, tribunales. Lo que hay que desaparecer es la toma de nota de los sindicatos.

“Los sindicatos existen, dice la norma internacional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, por voluntad de quienes lo conforman, pero en México los sindicatos existen por decisión de quienes lo reconocen y la toma de nota es un elemento para ello y ese trámite se tiene que hacer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así que tú no puedes crear un sindicato si no tienes la venia del Gobierno Federal”.

Entonces, agregó, el gobierno se apropia de la facultad de reconocer a los sindicatos y desconocer a los que no sean a modo. De esa manera se propició el sindicalismo blanco o los gremios fantasma y hay hasta quienes administran sindicatos con el acuerdo de los patrones y la complicidad de los gobiernos. Temas no tratados en esta reforma constitucional.

Comentó, Federico Ovalle, que las autoridades mexicanas, el INEGI y otras instituciones reconocen que los jornaleros existentes en México son más de 5 millones de asalariados en el campo, de manera permanente y, en ocasiones, de forma temporal.

Ellos constituyen el segmento mayor de trabajadores mexicanos pero también el más excluido de los derechos constitucionales y laborales mientras que la nueva reforma laboral ni siquiera los menciona por lo que no son preocupación para los Poderes Ejecutivo y Legislativo a pesar de que con ellos se registran las mayores violaciones a derechos laborales.

“Por ello es necesario incluir en la actual reforma laboral a los casi 5 millones de trabajadores agrícolas por ser asalariados del campo y merecer un salario digno, seguridad social, de la cual carecen, vivienda, pues permanecen hacinados en bodegas o en galeras y reconocer su derecho a la libre sindicalización”, subrayó.

Habrá que reformar evidentemente el capítulo Octavo de la Ley Federal del Trabajo, que no ha sido tratado desde la reforma laboral de 2017. Esta es una demanda de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, para que haya justicia en el campo y dejen de vender la fuerza de trabajo de los jornaleros por un salario “miserable”, es decir, merecemos una reforma laboral integral, progresista, democrática y de justicia.

No se requiere una reforma que responda a las exigencias de la firma del nuevo tratado de libre comercio con América del Norte que se llama T-MEC, el cual se firmará y dañará los derechos de los trabajadores.

Finalmente afirmó que para esta reforma: “Los trabajadores en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California y Jalisco no fueron consultados, pero eso sí el Gobierno y el Congreso de la Unión están preocupando por adecuarla a los requerimientos del nuevo tratado comercial y las exigencias una potencia económica: Estados Unidos y su presidente”.