Los legisladores electos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, trabajarán en ambas cámaras para exigir que las mineras de Canadá y Estados Unidos, asentadas en México, paguen al nuevo gobierno unos 50 mil millones de dólares en impuestos, y restituyan con ello un poco de todo lo que han extraído desde que se instalaron en  el país.

El senador electo, José Narro Cespedes en conferencia de prensa informó que actualmente las mineras no pagaban impuestos a México. «Necesitamos que los capitales y las empresas que se instalan en el país, contribuyan con el desarrollo nacional a través del pago de impuestos que son miles de millones de pesos”, agregó.

Ejemplificó que la minera Peñasquito, de la empresa canadiense GoldCorp, asentada en el semidesierto de Zacatecas, en 2014 tuvo ganancias por 21 mil millones de dólares, monto por el cual debió haber pagado unos siete mil millones de dólares de ISR y no lo hizo.

Añadió que al incorporar a todas las mineras, el nuevo gobierno podría cobrar más de 50 mil millones de dólares de impuestos y con estos recursos enfrentar los graves problemas que enfrenta el país e impulsar el desarrollo nacional.

«Queremos que México deje de ser un paraíso fiscal y que las empresas extranjeras entiendan que pueden venir al país y que tendrán un ambiente propicio pero que ya se acabó la etapa del atraco y el despojo contra los mexicanos. Sentenció el senador electo».

Narro Cespedes anunció también que habrá cambios en el Código Agrario y el Código de Procedimientos, para defender la propiedad social de la tierra la cual ha sido despojada de sus auténticos dueños por los frandes monopoñios para impulsar sus megaproyectos.

Así mismo trabajarán porque se reconozca el derecho a la tierra de las mujeres y los jóvenes, quienes están excluidos de cualquier decisión y juegan un papel secundario, pues casí siempre el titular del derecho, es un hombre o jefe de familia y en el medio rural muchas mujeres que cumplen ese papel.

Aseguró los campesinos de este país han estado excluidos del desarrollo desde que el gobierno, hace 24 años, planteó que era preferible comprar los alimentos en el exterior que seguir apoyando al campo mexicano. Así dijo los campesinos pasaron a ser un estorbo para los gobiernos del PRI y del PAN, responsables de impulsar una política para desmantelar el campo nacional.

Por esto, informó que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), está trabajando en una agenda legislativa del movimiento campesino, la cual será impulsada en el Congreso de la Unión por los dos diputados federales de la organización, Miguel Acundo González del estado de Puebla y José de la Luz Sosa Salinas de Tlaxcala; y por el mismo José Narro Céspedes, Senador de la República.

En otro sentido, Narro Céspedes anunció que dijo que “Lucharemos por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, por los Derechos de los Pueblos Indígenas, vamos a hacer realidad estos acuerdos que se firmaron entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal el 17 de febrero de 1996 y que hasta la fecha son compromisos no cumplidos por el gobierno mexicano”.

Dijo que impulsarán “el Derecho a la Consulta de las Comunidades Indígenas, pero también el Derecho a la Consulta de las Comunidades Rurales, para que no haya ninguna obra o política sobre esas comunidades, sino se toma en cuenta la opinión de la gente”.

Los legisladores de CNPA trabajarán para que los derechos que están en la Constitución Mexicana se puedan hacer realidad a través de las leyes secundarias, como es el derecho a la alimentación, “el cual tiene muchos años en la congeladora”, así como; el derecho al agua y la vivienda rural.

Dijo que se impulsará el derecho a la educación rural, que es la educación no formal, pero que son esquemas de capacitación para los campesinos.“Necesitamos apoyarnos en los profesionistas para que regresen a asesorar y apoyar a la gente del campo para fortalecer la producción”, remarcó

En el mismo orden de ideas, afirmó que se ha golpeado a la investigación científica para el campo, bajando los presupuestos para las universidades agrarias como la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, “las cuales se han dedicado a mantener el gasto corriente”.