Irene Licona Ocaña
Organizaciones forestales comunitarias de diferentes estados del país, agrupadas en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) hicieron un llamado al gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la política forestal en México.
Agrupados en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) argumentaron que dicha política deberá estar basada en a cuatro acciones prioritarias: 1) Impulsar una política forestal integral basada en el Manejo Forestal Comunitario; 2)Revisión y armonización de las políticas y programas de SEMARNAT, SADER y Secretaría del Bienestar; 3) Urgente impulsar una reforma incluyente al marco jurídico y reglamentario del sector forestal y 4) Criminalización de los defensores de los bosques, tierras territorios, recursos y la implementación del Acuerdo de Escazú.
En el marco del Día Internacional de los Bosques, que se conmemora el 21 de marzo, Gustavo Sánchez Ovalle, presidente de Red MOCAF, aseveró que para la reactivación del sector forestal en México se requiere de acciones e inversiones en diferentes ámbitos que contemplen el establecimiento de nuevas áreas forestales, el manejo y mantenimiento de las que ya existen tanto de bosque natural como de plantaciones; la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y el impulso a redes y cadenas de valor que generen empleos y bienestar en el sector rural, entre otras acciones.
De igual forma explicó que la política integral debe contemplar el impulso armónico de tres vertientes que en ocasiones están confrontadas por un mal diseño de políticas públicas: 1) el anejo y aprovechamiento de los bosques nativos; 2) la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y 3) las plantaciones forestales privilegiando las que sean multiespecíficas y utilicen especies nativas.
De igual manera se pronunció a favor de un impulso al mercado legal de la madera en México como una condición indispensable para que las empresas comunitarias y privadas que quieren operar dentro del marco legal puedan sobrevivir, ya que actualmente y de acuerdo a algunas fuentes el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México es producto de actividades ilegales irregulares.
Afirmó que un aspecto fundamental en el diseño de políticas públicas forestales –que no se debe dejar de lado- es que la mayor parte de la superficie forestal está en terrenos de propiedad común en ejidos y comunidades, además de que éstos han desarrollado un modelo de organización para el manejo forestal conocido como Manejo Forestal Comunitario, que en casi cuatro décadas, ha logrado detener el ritmo de deforestación y generar ingresos y empleos en las comunidades, es decir la política forestal en México debe tener un enfoque comunitario.
El representante de los productores forestales indicó que sería lamentable que la visión forestal y ambiental de la 4ª transformación se redujera sólo al Programa Sembrando Vida, el que si bien tiene un objetivo positivo, abarca sólo una pequeña parte de lo que es una política forestal integral. Revisión y armonización de las políticas y programas de SEMARNAT, SADER y Secretaría del Bienestar.
Argumentó que entre los principios básicos en el diseño de políticas públicas, es que sean armónicas en el territorio en el que van a coincidir y que se construyan de una manera incluyente. Desafortunadamente –dijo- son principios que apenas se empiezan a aplicar, no sólo en México sino a nivel internacional.
El presidente de Red MOCAF indicó que lo anterior obedece a que sigue privando en los equipos gubernamentales una visión conservadora que por una parte ve los las políticas de manera sectorial y por otra parte excluye a la ciudadanía en el diseño o simula su participación, lo cual aísla a los funcionarios en su propia “cámara de eco” y les impide detectar errores en el diseño e implementación y sumar experiencias y aportaciones lo cual les acortaría la curva de aprendizaje y les evitaría cometer los mismos errores de políticas anteriores.
Indicó que a poco más de que hayan transcurrido los primeros 100 días de la presente administración, “de una manera muy propositiva y oportuna, hacemos un llamado al gobierno federal a hacer una revisión y evaluación incluyente de la armonía y diseño de las políticas públicas que se están implementando y sugerimos: a) armonización de presupuestos y montos de apoyo, ya que si se sigue teniendo dependencias (Secretaría del Bienestar) y programas (Sembrando Vida) ricos y dependencias (SEMARNAT) y programas pobres (Programas Ambientales) se van a dar muchos desequilibrios y resultados regresivos en el campo:
a) Invidualización contra gestión colectiva.
Una de las medidas por excelencia del neoliberalismo en México ha sido el impulso a la individualización a la sociedad rural, a pesar de que la mitad de la tierras rurales son propiedad de ejidos y comunidades y que el 70 por ciento de las tierras forestales están en manos de estos núcleos agrarios, por lo tanto no debiera haber programas que sólo otorguen apoyos de manera individual.
b) transparencia, luego de que en el pasado muchos programas de subsidios aún con reglas de operación cayeron en prácticas irregulares y de corrupción.
Sin embargo –aclaró- que el problema no eran las reglas de operación ni la solución es suprimirlas y manejar todo de manera discrecional, ya que esta es la manera más segura de perpetuar la opacidad y la corrupción. La incorporación de la ciudadanía organizada en la vigilancia, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas podría significar el cambio, aseguró.
Por otro lado, el representante de Red MOCAF precisión que la falta de liderazgo de la pasada administración en materia ambiental y la ausencia de vocación en materia de participación ciudadana provocó que la discusión de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) se prolongara por dos años y tuviera como resultado algunos avances pero varios retrocesos, contradicciones y omisiones que además de lamentables, entrampan el desarrollo del sector forestal y ponen en riesgo a los bosques, la biodiversidad y los derechos de sus dueños.
Es fundamental que la SEMARNAT, la CONAFOR y las demás dependencias del sector ambiental convoquen al seno del Consejo Nacional Forestal al inicio de la discusión de las modificaciones a la Ley Forestal que se requieren de manera urgente y que se concerté con el Poder Legislativo un proceso abierto e incluyente de mejora del marco jurídico forestal.
Precisó que entre los temas que hay que revisar están: competencias en materia, autorizaciones, trámites y permisos; impulso a la legalidad forestal y candados a la comercialización de madera ilegal como a la importación de madera ilegal de otros países; la actualización del concepto de los servicios ambientales y la definición clara de los derechos sobre reducción de emisiones a favor de los dueños y poseedores de los bosques; corrección de las definiciones de terrenos forestales, recursos forestales y derechos sobre la biodiversidad que en la actual ley abren la puerta al cambio de uso de suelo, a la biopiratería y al despojo de indígenas y campesinos de la biodiversidad que se protegen en los bosques.
El Presidente de Red MOCAF aseguró que de acuerdo al informe anual 2018 de Global Witness1, México se ha convertido en el cuarto país más peligroso en el mundo para los defensores de los territorios frente a los intereses de empresas privadas que desean acceso a los territorios de ejidos y comunidades, muchos de estos territorios coinciden con tierras forestales.
Global Witness señala que a nivel global los sectores privados que más promueven la criminalización son el sector agroindustrial y el sector minero y que en muchos casos funcionarios gubernamentales son omisos en proteger los derechos de las comunidades o peor aún están coludidos con las empresas.
Ante esta situación consideró que una de las acciones que se pueden emprender y que tendría un gran impacto en materia preventiva de la criminalización es la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, que se suscribió el año pasado y que lo convierte en el primer tratado internacional vinculante que obliga a los gobiernos a brindar protección a las defensores ambientales y de los territorios.
Con ello se pasaría de una dinámica de lamentar y condenar las agresiones y asesinatos a los defensores ambientales y de los territorios a una política de protección y prevención de la criminalización, puntualizó Sánchez Ovalle.
