Los diputados del PRD Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda solicitaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), presente un informe del gasto ejercido en el primer cuatrimestre del este año.

“Un informe detallado del gasto de la Sagarpa por programa, componente, entidad federativa, municipio y padrón de beneficiarios, es tanto más necesario por cuanto dicha dependencia reporta haber gastado como nunca”, indicaron en un comunicado.

Agregaron que organizaciones y sectores productivos del campo denuncian que, como nunca, los recursos no están llegando a los campesinos.

Refirieron que en la “Información de las Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” del primer cuatrimestre del año, dado a conocer el pasado 30 de mayo, llama la atención el aumento en el gasto de la Sagarpa en un 118 por ciento, con relación al mismo período de 2017.

“Mientras en los primeros cuatro meses de 2017 esta dependencia apenas había gastado 13 mil 584.1 millones de pesos, en el mismo período de 2018 ha gastado 31 mil 118.8 millones, equivalente al 43 por ciento del total de su presupuesto anual”, precisaron.

Los diputados del PRD apuntaron que en condiciones normales no debería de ser motivo de preocupación el que una dependencia federal como la Sagarpa, con atribuciones altamente estratégicas y prioritarias en beneficio de las y los productores del campo mexicano, fuese tan “eficiente” en el ejercicio del gasto público, considerando los ciclos agrícolas.

Sin embargo, subrayaron que en año electoral, muchos actores políticos tienen puesta su atención en el “voto verde”.

Acusaron que “han sido recurrentes las denuncias públicas del uso de los programas gubernamentales para inducir a los beneficiarios a votar a favor de ciertos partidos políticos, mediante la compra directa del voto o favoreciendo en la entrega de los recursos a organizaciones sociales y grupos de productores afines”.

Los legisladores enfatizaron que esto vulnera la ley y afecta a la población objetivo de los programas y a la mayoría de las organizaciones campesinas.

“No podemos cerrar los ojos al hecho de que es justamente en el sector rural en donde, por las mismas condiciones de pobreza y marginación de la población, más se presentan las condiciones favorables a estas prácticas electorales fraudulentas”, subrayaron.