Presiona Monsanto y suspende el poder judicial medida precautoria contra siembra de maíz transgénico.
La decisión del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil, que negó la medida precautoria que suspendía la siembra de maíz transgénico, atiende más a los argumentos de Monsanto que al interés genuino de los campesinos y organizaciones civiles, denunció el abogado René Sánchez Galindo, representante del Grupo ciudadano.
Con esta decisión judicial, que inmediatamente fue impugnada por la coalición de científicos y campesinos, se abre la posibilidad de que empresas como Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y DuPont Pioneer, logren su objetivo de que las autoridades judiciales de México, les otorguen el permiso para cultivar granos genéticamente modificados.
Sánchez Galindo denunció que Monsanto inició ya una nueva campaña de mentiras al propagar que su cultivo ha sido liberado; sin embargo aclaro que de acuerdo con el artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la apelación suspende la ejecución y en este caso «la apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo. 
Por su parte, Adelita San Vicente, representante de la colectividad afectada por la posible siembra de maíz transgénico declaró que la “decisión judicial omitió resolver sobre todos nuestros argumentos y pruebas».
Mientras que Francia Gutiérrez, coordinadora de comunicación del colectivo detalló cada argumento que el juez omitió valorar sobre los riegos de sembrar esta semillas que una vez liberadas son incontrolables y que a pesar de existir cero presencia de ellos, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, reportó en 10 años 89 casos de presencia ilegal de transgenes en maíces nativos de seis estados del país, a pesar de que la PROFEPA pretendió sorprender al juez reportando solo un caso aislado.
Puntualizó que tal descontrol es igual a NO conservar el entorno, NO garantizar necesidades y aspiraciones de generaciones futuras y a perder la participación de campesinos y productores en el intercambio libre de semillas. En otras palabras, la siembra de transgénicos de maíz dañará el derecho humano a la biodiversidad de todos los mexicanos que consumimos maíz.
Otros riesgos de su siembra omitidos en la decisión judicial, son los relacionados con la salud. Puesto que la Secretaría del ramo y la COFEPRIS informaron al juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo pero NO estudian los impactos de la siembra en la salud, a pesar de que cerca del 50% de la alimentación de los mexicanos (proteínas y calorías) proviene de comer productos del maíz que se siembran en nuestro país, hasta hoy libre de transgénicos, advierte.
Además la organización mundial de la salud, OMS, en marzo de este año, elevó la clasificación de posible a probable cancerígeno del glifosato, herbicida que utilizan todos los transgénicos de maíz que pretende sembrar la principal empresa trasnacional, también demandada en el juicio colectivo.
El incremento de costos y de plaguicidas es otro riesgo documentado en una investigación que la Comisión gubernamental de Bioseguridad, CIBIOGEM, citó en la opinión que rindió al juzgado federal y que éste dejó de considerar.
Enfatizó que además el juez también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y gobierno se contradicen, al afirmar las primeras que hablan de mayor productividad, pero SAGARPA reconoció ante el Juez, que NO hay tal incremento. Afirman que con la siembra de transgénicos habría menores gastos en insumos, sin embargo, como vimos, la CIBIOGEM, citó un estudio que demuestra que se incrementan.
La decisión judicial apelada excluyó considerar que CONACYT reconoció, en la opinión que rindió al juez, que el motivo de la declinación de solicitudes de siembra experimental por parte de centros de investigación se debe a la ley de Bioseguridad que data del 2005, lo que implica que la suspensión provisional de 2013 NO es responsable del declive de la investigación nacional.
En síntesis, el juzgado solo consideró los argumentos de la empresa trasnacional y olvidó todo lo demás, afirmó Sánchez Galindo, al tiempo que aseguró que en la apelación podrán ser escuchados y confió que obtendrán una decisión favorable.
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