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Promueve diputado privatizar semillas: Campaña “Sin maíz no hay país”

  • La campaña cuestiona al legislador de Morena: ¿De qué lado está, de los campesinos y pueblos originarios o de las empresas transnacionales?

  • UPOV 91 representa riesgo a nuestras semillas

Ciudad de México a 28 de noviembre de 2019.-La Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” alertó sobre el intento de albazo legislativo que pretende realizar el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez al proponer dictaminar modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La campaña recordó que, en 1994, durante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México se vio obligado a ingresar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés). Y En 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Variedades Vegetales y en 1997 firmó el acta UPOV78.

Explicó que en la UPOV78, no se “patentan genes ni variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar libremente sus semillas, se favorece la diversidad genética y se permite que los campesinos obtengan nuevas variedades mediante cruzas de otras”

Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto, México ratificó el Tratado Transpacífico (TTP) y recientemente el Senado mexicano ratificó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Donde nuestro país tiene la obligación de ingresar a la UPOV91 en “máximo 4 años”, lo cual implica prácticamente la privatización de nuestras semillas.

El Dr. Alejandro Espinosa detalló que el acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada.

Consideró que es el escenario jurídico ideal, para que los oligopolios controlen completamente las semillas y los transgénicos, lo que permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por transgenes patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes.

El artículo 54 de esta iniciativa, atenta contra el campo mexicano, las y los campesinos y los pueblos originarios y beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, ya que establece:  “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4o. Bis y 4o. Bis 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente”.

La intentona del diputado Eraclio de dictaminar y modificar dicha ley, en la próxima reunión de la comisión que él preside, que se realizará mañana jueves 28 de noviembre de 2019, atenta contra los intereses de las y los campesinos, de los pueblos originarios de usar e intercambiar sus semillas; atenta contra la autosuficiencia y soberanía alimentaria, abre paso a la utilización de semillas Genéticamente Modificadas (OGMs); atenta conta el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de rescatar al campo mexicano y la autosuficiencia  y soberanía alimentarias, la prohibición de semillas transgénicas, etcétera.

Exigimos al diputado Eraclio Rodríguez y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados:

  1. Que no aprueben el dictamen de la Ley Federal de Variedades Vegetales; 2. Aprueben en sus términos la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, boicoteada por el diputado y por la industria agroalimentaria; 3. Que protejan los intereses nacionales y no los de las empresas transnacionales.
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