Rocío Miranda Pérez, Presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, se pronunció por crear un Programa Nacional de Vinculación Laboral para el Medio Rural y Urbano enfocado a los connacionales deportados de Estados Unidos a fin de que se inserten, lo más pronto posible, a  la Población Económicamente Activa en lugar de ofrecerles bienvenidas publicitarias y mensajes de apoyo sin contenido.

Asimismo, hizo un llamo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a dispersar en los puntos de llegada de deportados, personal especializado en las diversas lenguas indígenas ya que no están considerando que muchos de los connacionales las hablan y requieren de este servicio dentro de Estados Unidos de Norteamérica y al regresar a su país de origen.

Dijo que, considerando que muchos de los connacionales deportados están vinculados con actividades agropecuarias o de bienes y servicios, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales bien pueden impulsar estrategias de vinculación emergente para operar un programa de esta naturaleza con el fin de promover esa mano de obra con la iniciativa privada para que ésta a su vez cumpla con una función social.

En entrevista, la dirigente de la UFIC, indicó que es momento de dejar de lado  el egoísmo y ver por los migrantes venidos del vecino país del norte de la misma manera en que México como nación abre oportunidades de empleo y desarrollo a otros grupos raciales que llegan a territorio nacional en busca de una oportunidad.

Lo anterior porque si bien durante la gestión del Presidente Barack Obama, fueron deportados más de 2.5 millones de connacionales aunque en un esquema de arribo “hormiga” “y nadie dijo nada”, en la actual Administración Federal de Donald Trump se esperan poco más de 3 millones pero más allá del número “debemos considerar que son personas que demandan empleo y mejores condiciones de vida”.

Por ello, insistió, no se puede ser más omiso a una realidad que nos avasalla y se complica con el incremento de inmigrantes provenientes, legales e ilegales, de otras latitudes que también ya buscan una fuente de ingreso y vivienda en México.

A lo anterior, opinó, hay que sumarle el hecho de que muchos deportados de Estados Unidos son hablantes de lenguas indígenas, lo que no se había previsto y también se debe de poner en la agenda.

Por ello, insistió en que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas debe instrumentar como eje transversal la lengua indígena en otros ámbitos como el laboral, social, de procuración de justicia.