• El nuevo gobierno una oportunidad para romper la inercia de diseñar las políticas públicas sólo con participación de élites

  • Solicitan que la actual administración abra una discusión amplia sobre el reglamento de la nueva ley Forestal y reconozca el derecho de comunidades sobre REDD+

31 de julio de 2018,   Ciudad de México. El nuevo gobierno de Andres Manuel López Obrador, abre una oportunidad para una discusión amplia e incluyente en materia forestal, que permita la participación de todas las organizaciones campesinas e indígenas de México junto con las dependencias encargadas de aplicar la política pública, así como otros actores involucrados, consideró Gustavo  Sánchez Valles, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).

En conferencia de prensa, junto con representantes de de la Red indígena de Turismo de México (RITA) y de la Unión de Ejidos Forestales Hermenegildo Galeana, miembros de la campaña Bosques con Gente, Bosques para Siempre, Sánchez Valles hizo un llamado al presidente electo, para que se establezca una mesa de dialogo donde se analice las políticas públicas en materia forestal, ambiental y de desarrollo rural, tomando en cuenta la experiencia ancestral de las comunidades indígenas y campesinas.

Al hablar sobre el anunció de AMLO en material forestal para Chiapas y Tabasco,  donde contemplan sembrar, en una primer etapa, más de un milllón de árboles maderables y frutales y con ello recuperar la vocación forestal de ambas entidades, expresó que si hay coincidencias con las propuestas  planteadas por las comunidades.

Dijo que después de los resultados de la elección se genero entre las comunidades forestales un gran entusiasmo y expectativa sobre las políticas que impulsará la nueva administración y un gran interés en participar en el diseño de la misma y no como sucedió con la reciente Ley Forestal en donde no se realizó una consulta abierta al interior de los ejidos y comunidades, pese a ser ellos los propietarios de la mayor parte de los bosques y de haber  demostrado que son los mejores guardianes de su biodiversidad, y los herederos y transmisores del conocimiento ancestral.

Subrayaron que en el medio rural las comunidades forestales suelen ser las más alejadas de las cabeceras municipales y centros de población, y enfrentan mayores barreras para participar en políticas públicas que les afectan de manera directa.

Gustavo Sánchez, Presidente de Red MOCAF, indicó que el lapso previo al 1 de diciembre, es una gran oportunidad para la unidad y la inclusión, y para que el equipo de transición abra un espacio de participación en el que las organizaciones indígenas y campesinas forestales presenten sus propuestas y contribuyan al diseño de la política en la materia. Indicó que hay importantes coincidencias entre las propuestas de las organizaciones campesinas y las que diera a conocer el equipo de medio ambiente del próximo gobierno, destacando el fortalecimiento de la participación ciudadana como un derecho humano fundamental.

Ricardo Campos, Presidente de RITA, precisó que la apertura y la relevancia que el virtual presidente electo dio a la agenda de los derechos indígenas desde la noche del 1 de julio, abre la posibilidad de que se fortalezca y respete el ejercicio de los derechos, como es la  consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, pues actualmente existen muchas resistencias entre los servidores públicos. Aseguró que se requiere que la nueva administración capacite tanto a los funcionarios como a las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema.

De la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana, Joaquín Núñez señaló que las organizaciones locales y regionales son el vínculo directo entre ejidos y comunidades con el gobierno y otros actores, para el diseño de las políticas forestales: «es necesario que nos inviten a participar». Destacó que ya se ha solicitado a los legisladores electos priorizar la inversión en caminos, para que la industria forestal comunitaria sea más competitiva y aseguró que es fundamental que el equipo que lleve el tema ambiental en la próxima administración esté integrado por servidores públicos convencidos de la importancia de la participación ciudadana y que tengan una trayectoria de respeto a los derechos humanos.

A su vez, Nansedalia Ramírez, del Colectivo Jóvenes Protectores del Medio Ambiente del estado de Guerrero, señaló que las propuestas desde las organizaciones locales deben incluir alternativas de empleo digno para los jóvenes y las mujeres, a partir del impulso de redes de valor agregado y servicios derivadas del manejo forestal comunitario, para lo que propuso la creación de un programa de apoyo a jóvenes y mujeres en ejidos y comunidades forestales.

El actor Mario Loría señaló que se ha interesado en apoyar a las organizaciones campesinas e indígenas, pues ha notado que la ciudadanía en general, sólo asocia las campañas de reforestación con el cuidado de los bosques, sin considerar a quienes los habitan y mantienen. Es por ello -dijo- que se ha integrado como vocero de la campaña Bosques con Gente, Bosques para Siempre, para que las propuestas de las comunidades sean tomadas en cuenta.

Entre los temas fundamentales que los representantes consideran que se deben discutir, están: fortalecer la participación ciudadana y la participación plena y efectiva de ejidos y comunidades en la definición de las políticas y programas forestales; reactivar urgentemente la producción forestal sustentable y de las redes de valor; combatir la madera ilegal que inunda y deteriora el mercado, y deforesta; diseñar una nueva política de áreas naturales protegidas que respete los derechos de indígenas y campesinos; optimizar el presupuesto para impulsar una nueva política de plantaciones y reforestaciones productivas, así como revisar la Ley Forestal recientemente aprobada para impulsar la reforma inmediata de los artículos que representan un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas y locales, como son los relacionados con la biodiversidad y los recursos biológicos y genéticos forestales.

A la actual administración le demandan concluir con responsabilidad y respeto a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y locales, sobre todo en cuanto a las negociaciones sobre la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+), donde se debe reconocer que los titulares de los derechos sobre el carbono forestal son los dueños de los bosques. Lo que sienta un precedente para futuras políticas climáticas, de desarrollo de mercados y de esquemas de compensación.

También demandaron que esta administración informe a la población de los ejidos y comunidades sobre el contenido de la nueva Ley Forestal y se abra a que participen con propuestas en la elaboración del reglamento correspondiente, el cual les afecta de manera directa.