24 julio, 2024

En caso de que en México persistan las condiciones de desigualdad y nivel de ingresos hacia las clases más desfavorecidas, será hasta después de 2035 cuando se pueda acabar con la mitad de la pobreza en el país, prevé la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

La desigualdad y el número de personas en situación de pobreza extrema siguen al alza en América Latina, y México se encuentra entre los 18 países con mayores índices en ambos rubros, advirtió el organismo internacional.

En el informe Panorama Social de América Latina 2018, la Cepal se destaca que en América Latina se registraron 184 millones de personas en condición de pobreza, lo que equivale al 30 por ciento  de la población, de los cuales, 62 millones se encuentran en pobreza extrema.

Revela que ante estas cifras, la erradicación de la pobreza, así como la reducción de la desigualdad, deben ser los desafíos centrales para los países de la región.

Conforme al informe la tasa general de pobreza se mantuvo estable en 2017 en la región, aun cuando la desigualdad de ingresos se ha reducido desde el año 2000.

Y si bien la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, puntualizó que según las proyecciones en 2018 la pobreza bajaría a 29.6 por ciento de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10.2 por ciento, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

Los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay, el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.

“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”.

El informe, destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0.543 en 2002 a 0.466 en 2017.

En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Sin embargo, existe alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.

INGRESOS INFERIORES A SALARIO MÍNIMO

En promedio, alrededor del 40 por ciento de la población ocupada de América Latina, recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48.7 por ciento) y los jóvenes de 15 a 24 años (55.9 por ciento).

Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60.3 por ciento. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la Comisión.

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50.2 por ciento y 74.4 por ciento, respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10.4%) se mantuvo sobre el de los hombres (7.6 por ciento).

Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51.8 por ciento) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82.2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones. (Redacción MEXICAMPO).

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