Culiacán, Sinaloa, a 13 de Octubre de 2016.- El recorte presupuestal proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 afectará directamente la economía estatal, tras eliminar el programa de Concurrencia, así como otros 7 programas más, indicó el Secretario Juan Nicasio Guerra Ochoa.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Sinaloa explicó que en 2016 se asignaron tres mil 281.8 millones de pesos a concurrencia, a nivel nacional, de los cuales 140 millones fueron operados por el estado de Sinaloa mediante el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE).

“Desaparecen estos recursos, 140 millones federales y el estado siempre en recursos de concurrencia le pone el 20%, de manera que en esta ocasión para este año le puso 35 millones cien mil pesos para hacer un total de 175 millones 300 mil pesos”.

La eliminación de estos programas implica que la SAGYP deje de impulsar programas innovadores y productivos, desde la sustitución de motores marinos y entrega de excluidores para acuícolas, hasta el apoyo para adquisición de implementos agrícolas, siembra de aguacate en los altos de la Sierra, así como reconversión de cultivos mediante la siembra de cítricos, comentó.

Agregó que en el caso de ganadería se dejaría de trabajar en mejoramiento genético, repoblación del hato ganadero, construcción de bordos abrevaderos en los altos, equipamiento, etc.

Sinaloa

Guerra Ochoa añadió que además del Programa de Concurrencia, la SAGYP también dejaría de operar recursos destinados a Sanidades, mismos que serían manejados por el Gobierno Federal, contraviniendo el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece el federalismo como principio rector de todos los programas.

“El programa de Sanidad, es algo que le hemos apostado mucho y que gracias a una gestión del gobernador los recursos se han elevado sustancialmente lo que nos permitió hacer el laboratorio de inocuidad, la caseta que es única en su tipo próxima a inaugurarse como La Concha, que han sido recomendaciones también para ganadería.

Este programa trajo para este año 258 millones y que nos ha permitido enfrentar plagas, las contingencias. De parte del Gobierno Federal, y el estado convenio que le ponía 15 millones de pesos. Este programa, de ejercerse, se operaria centralistamente sin tomar en cuenta a las entidades”, ejemplificó.

Dijo que está comprobado que la operación de programas de desarrollo rural debe de ser regional, pues la lógica elemental se basa  en que apenas los estados conocen las cualidades productivas de su región, así como las necesidades de los productores, afectando directamente a Sinaloa.

El recorte presupuestal establece además la eliminación de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA) que corresponde a la construcción de obras de retención de agua en los altos de la sierra, y para el cual se destinaron 16 millones 815 mil pesos, más 4 millones 411.72 pesos de aportación estatal.

Por otro lado, explicó Guerra Ochoa, se pretender eliminar el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), mismo que es operado por medio de despachos especializados con la participación de la FAO (Organización de las  Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). El PESA, señaló, está orientado al desarrollo rural en regiones de alta y muy alta marginalidad.

Guerra Ochoa mencionó que en 2010 el recurso para Concurrencia que el estado recibió alcanzaba los 800 millones de pesos, mientras que para 2016 se operaron apenas 140 millones de pesos.

“De 6 mil, hasta 8 mil millones que se llegaron a manejar para los estados ahora estamos en tres mil millones. Lo que está establecido es que los estados en esta materia son muy transparentes, están muy vigilados, cada año hay una auditoría interna por el órgano de control de la Sagarpa.

La práctica ha establecido que la forma más confiable, transparente y segura de entregar los recursos es a través del FOFAE, si fuera el criterio de transparencia, de claridad y todo, lo que llevarías es a que se ejerzan menos centralizadamente”, indicó.

Dijo que como coordinador de la comisión del campo ante la Confederación Nacional de Gobernadores, el Gobernador Mario López Valdez ya solicitó una reunión con el titular de Hacienda, a petición de las organizaciones agrícolas.

Los riesgos, señaló, pudieran ser de ingobernabilidad en algunos estados al verse imposibilitados de resolver las diversas demandas del sector primario.

“En el caso de Sinaloa, el riesgo es que se paralicen una serie de apoyos productivos, que se deje de seguir innovando y que el estado tenga que hacer uso de otros recursos de renglones que no tiene para atender las necesidades del campo. El grueso de los recursos que se ejercen tienen que ver con los recursos en concurrencia”, explicó.

Sobre el impacto económico, Guerra Ochoa manifestó que la economía sinaloense se sostiene en las actividades primarias, pues según datos del INEGI, éstas crecieron un 9.4% del primer trimestre del 2015, al primer trimestre del 2016.

Mencionó que si bien las actividades primarias no dependen del todo de estos programas, el impacto se va a dar gradualmente, afectando la economía estatal.