El presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis Ángel López Escutia, informó que existen 16 magistraturas agrarias vacantes y siete nombramientos sujetos a la ratificación del Senado de la República.

Al reunirse con integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, presidida por el diputado Jesús Serrano Lora (Morena), López Escutia reseñó que la situación actual de la justicia en el campo, ha propiciado que los magistrados en funciones dividan su semana laboral, para alentar “una justicia itinerante”.

Esto dijo con la finalidad de reducir el rezago de expedientes, es decir, tres días atienden en un Tribunal Unitario Agrario, como sede original, y los dos restantes en una segunda sede, explicó a los diputados.

El magistrado López Escutia afirmó que la “justicia itinerante” se multiplica, “sin demandar recursos adicionales”.

Sostuvo que el año pasado se realizaron 148 jornadas de esta índole, en las que se atendieron 11 mil 128 asuntos, equivalentes a un incremento del 12 por ciento respecto de 2014, en casi dos mil 500 poblados muy distantes o de difícil acceso.

La meta es consolidar a los Tribunales Agrarios como entes “altamente confiables que garanticen certeza jurídica a las familias campesinas en la tenencia de la tierra”.

A los integrantes de la comisión, refirió que se depuran y reorganizan los archivos para lograr mayor eficiencia institucional y ahorros importantes.

AGRARIOS

Sin embargo, resaltó que la incorporación de programas de informática se encuentra en “la primera fase” en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, por la falta de recursos financieros que alienten el uso de nuevas tecnologías.

Luis Ángel López Escutia señaló que en 2015 se atendieron en total 95 mil 9 expedientes, concluyendo 52 mil 37 (más de la mitad), y quedaron 43 mil 143 en trámite.

“La máxima virtud de los Tribunales Agrarios es otorgar certidumbre y transparencia jurídica en la tenencia de la tierra, lo cual es indispensable para apoyar la inversión en el campo y el desarrollo rural, así como impulsar la producción agropecuaria y la garantía del sustento alimentario”, afirmó.

Al respecto, el diputado Óscar García Barrón (PRI), secretario de la instancia legislativa, afirmó que el reto del campo mexicano es garantizar que la justicia agraria otorgue certeza jurídica a las 27 millones de familias campesinas y se reduzca el rezago en los expedientes pendientes sobre la regularización de la tenencia de la tierra.

Apuntó que los diputados “debemos prender la luz roja por la precaria circunstancia económica por la que atraviesan los Tribunales Agrarios, a fin de que la justicia para el campo no se quede en el buen deseo, ya que se requieren recursos económicos”; se comprometió a impulsar acciones para atender a los grupos más vulnerables del sector.

Subrayó que la justicia agraria debe reflejarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, para atender las necesidades de las familias campesinas, ya que de ellas depende la producción de alimentos, prioridad para México. Tampoco debe permitirse que el presupuesto de las dependencias del agro se coloque en el tercer nivel de importancia, cuando éstas son torales para la economía y el ámbito social.

Por el PAN, el diputado Rene Mandujano Tinajero propuso, respecto a las 16 vacantes de magistrados en el Tribunal Superior Agrario, un exhorto al Ejecutivo y al Senado para que asignen esos espacios, porque la ausencia de jueces provoca que “sea lento el proceso jurídico agrario”, en detrimento de las demandas interpuestas.

Expresó su preocupación por el rezago existente en el uso de la informática en dichos tribunales. “Es un tema delicado”, porque se ha atendido a juzgados en materia penal y civil, pero no a los agrarios, con el riesgo de que aumente el rezago de expedientes.

Urgió a “apostar al campo mexicano, pues de lo contrario no vamos a tener qué comer”; este sector es “el oro verde”, por lo que la problemática agraria exige el apoyo presupuestal de todas las instancias gubernamentales.

La legisladora Patricia García García (PAN) manifestó su preocupación por la actual situación del agro nacional, por lo que convocó al Poder Legislativo y al Tribunal Superior a tener un único objetivo: atender y apoyar a la gente del campo.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Moisés Guerra Mota propuso hacer equipo con el Tribunal Superior Agrario para eliminar el rezago en los juicios, ya que carecer de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra significa incertidumbre para millones de campesinos mexicanos.