• El sistema de complicidades y corrupciones, aprobado; “con ustedes o sin ustedes, tiene sus horas contadas”: Xavier Nava
  • Debemos dar el ejemplo de ser los primeros en decirle a la sociedad que no tenemos nada que ocultar: Maricela Contreras
  • El rechazo de la ley va a generar “una verdadera llamada de atención del colectivo social”: Sergio López

Con tan sólo 29 votos, ganó la impunidad PRI-PV al rechazar reservas que diputados del GPPRD presentaron al artículo 29 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo que esta ley, conocida como “3 de 3”, quedó “incompleta y sin dientes», acusaron los legisladores, luego de ser votada por el Pleno con 241 votos a favor y 212 en contra.

Desde la tribuna cameral, afirmaron que el artículo 29 contiene una serie de perversos candados que obstaculizan el proceso para que se conozca la situación patrimonial de los servidores públicos, al establecerse un registro limitado al escrutinio ciudadano.

Al presentar reservas ha dicho artículo, las y los legisladores perredistas señalaron que el dictamen que llegó del Senado, no satisface las expectativas ciudadanas que exigen transparencia de sus gobernantes y demandaron que la información sobre su situación patrimonial debiera ser pública.

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Esto, a efecto de reflejar y hacer visible a la ciudadanía la situación patrimonial, la manifestación de sus intereses, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en su caso las responsabilidades derivadas de sus actos y omisiones, señaló Xavier Nava Palacios.

Afirmó: “Lo que desfiguró la iniciativa ‘3 de 3’ es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y que lo han hecho desde el poder, y eso los atemoriza”.

Acusó que desde el PRI y el PV, se pretende aprobar versiones censuradas y limitadas sobre la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, escudándose en la posible afectación de la vida privada de los servidores públicos, lo que atrofia la esencia de la ley “3 de 3”.

Por ello, subrayó, “no cabe duda que no entienden, que no entienden” lo que la ciudadanía está demandando al Congreso, al tiempo que precisó: “El sistema de complicidades y corrupciones, con ustedes o sin ustedes, tiene sus horas contadas.

 Por su parte, la diputada Maricela Contreras Julián destacó que las y los servidores públicos, “estamos obligados a poner a disposición de la sociedad nuestras declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses; se trata de dar el ejemplo de ser los primeros en decirle a la sociedad que no tenemos nada que ocultar”.

Demandó no temer a la verdadera transparencia y a la participación en los esquemas institucionales que permita definir juntos el, por lo que rechazar esta posibilidad, significa que hay un doble discurso por parte de las y los legisladores que se oponen a hacer públicas las tres declaraciones.

De su parte, Sergio López Sánchez, advirtió que rechazar la ley “3 de 3” como la propuso un sector importante de la sociedad, va a generar “una verdadera llamada de atención del colectivo social, indignado por las innumerables e inmensas fortunas que se han amasado por cuenta del erario”.

Correspondió al diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, presentar reformas al artículo 61 de la ley, el cual, consideró, tiene una relación directa con el tráfico de influencias.

Demandó se incluyeran otros supuestos jurídicos, en los que pueden incurrir cualquier servidor públicos que tienen que ver con los grados de parentesco del servidor público, que de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina, parientes consanguíneos o por afinidad, hasta el cuarto grado.