25 junio, 2024

DE NORTE A SUR

  • Guillermo  Correa  Bárcenas

Dentro del capitalismo salvaje en el que se desenvuelve México, nada se salva. Ahora el ataque es otra vez a los bosques del país –los que quedan— para convertirlos, como ha sucedido otras veces, principalmente en papel. La más reciente embestida viene del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), el criminal instituto político aliado del PRI, que el pasado 7 de marzo logró que la Cámara de Diputados aprobara una iniciativa que, bajo la máscara de proteger los recursos naturales maderables, busca despojar a los nativos de lo que siempre han cuidado porque constituyen el elemento que da vida –oxígeno- a todos los mexicanos. El maestro Iván Restrepo adelanta que gracias a esto la iniciativa privada podrá tomar parte en la explotación de las zonas boscosas y de las selvas de la Nación.

La aprobación fue por cuenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sede en San Lázaro, a pesar de las protestas que originó la propuesta, que también fue apoyada por el PAN, de organizaciones civiles y comunitarias que, por el peligro que representa, llevan a cabo una campaña nacional que consiste en levantar firmas en contra de lo que llaman una ley regresiva, que atenta contra los bosques y que sólo traerá más pobreza en las zonas indígenas. El objetivo es llamar la atención  a los integrantes del Senado de la República de los que depende que la nociva iniciativa siga adelante y provoque un daño irreversible a la Nación.

Desde hace tiempo este reportero se ha dedicado, entre otros, al tema forestal. Por ejemplo, en reportajes compilados por Juan José Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chapingo, se detalló cómo la selva Lacandona de Chiapas ha sido botín de trasnacionales y la manera en que fue regalada a la Vancouver Playwood Company, de Estados Unidos, al precio de 2 pesos con 85 centavos la hectárea… Se recuerda que en otra de sus decisiones de último momento, dos días antes de abandonar la Presidencia, José López Portillo entregó amplias zonas boscosas del sur de la Ciudad de México a particulares para que las convirtieran en papel. Por decreto presidencial, la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre vio renovada su concesión para explotar poco más de 80 mil hectáreas de bosques en cinco delegaciones el Distrito Federal y tres municipios de estados vecinos, en una zona que entonces se consideró como la última reserva ecológica del área metropolitana.

Con el compañero Fernando Ortega Pizarro, publicamos hace varios sexenios que “despojados de sus recursos naturales, hasta la propias comunidades indígenas de Oaxaca se sorprendieron por la orden presidencial de crear una comisión tripartita para dar respuesta a su demanda de derogar los decretos emitidos por López Portillo que concesionan, por tiempo ilimitado, la explotación de bosques oaxaqueños al exdirigente de la Concamin, Alfonso Panal Graf, y a la paraestatal Fábrica de Papel Tuxtepec”. Desde luego que ese mandato nunca se cumplió.

En la época actual hay que recordar que mucho se ha hablado de que  se desea talar alrededor de 17 mil hectáreas del Nevado de Toluca con el fin de convertir la zona en un punto turístico, aunque, como sucede también con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, las autoridades de la SEMARNAT argumenten contra las posturas de los dueños de los bosques y las organizaciones ambientalistas.

Una de ellas es el Centro Mexicano de Derecho ambiental (CEMDA) que ha puesto en claro la serie de deficiencias del dictamen en cuestión, por lo que ha pedido a los senadores que abran un proceso de análisis y de consulta sobre el tema porque, explica, se trata de una ley forestal que deja fuera cuestiones fundamentales de derechos humanos, conservación y manejo de los recursos naturales y debido a que afecta directamente a indígenas, campesinos y en general a las comunidades rurales cuyos bosques les pertenecen por derecho constitucional. Entre las principales omisiones menciona la ausencia de los salvaguardas sociales y ambientales, la negligencia en torno a la legalidad del mercado de la madera y productos forestales, el poco fortalecimiento de una política de Manejo Forestal Comunitario para hacer sustentable el bosque, el nulo reconocimiento de la opinión de quienes trabajan y cuidan el recurso, así como la falta de transparencia en el manejo del presupuesto destinado al sector forestal, dinero que será operado en su totalidad por la CONAFOR.

Hasta el momento son alrededor de un centenar de organizaciones las que demandan al Senado frenar el retroceso, que se actualice el marco del sector forestal pero con el respeto a los derechos humanos de las comunidades en riesgo. La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF) advierte que el 80 por ciento de los bosques y selvas el país son propiedad de ejidos y comunidades, a los que la mencionada ley limita su derecho a proteger y aprovechar esos territorios.

Dice que en su contenido no se consideran los problemas del sector y tampoco se recogen las preocupaciones de las comunidades, productores, académico, prestadores de servicios técnicos forestales y representantes de la sociedad civil. La Red MOCAF demanda que los bosques y las personas que viven en ellos y los protegen deben ser el eje rector de una nueva ley sobre este tema y que no es posible legislar de espaldas a ellos y, muchos menos, aprobar una ley que no resuelve los problemas que enfrentan ecosistemas, antes bien, los agrava.

La Unión Estatal de Silvicultores de Oaxaca indica que en México alrededor de 12 millones de personas dependen y viven de los boques y que sin embargo la gran mayoría se encuentra en condiciones de pobreza y marginación. Por eso está de acuerdo en que es necesaria y urgente una reforma integral, pero no una que vaya hacia atrás y sin haber sido consultada. En una comunicación conjunta, las organizaciones sostienen también que los ecosistemas forestales albergan una biodiversidad de incalculable valor y prestan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, que son estratégicos para la viabilidad de la agricultura, de las industrias y de las ciudades, además del valor estratégico que tienen estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al mismo.

Destacan además que en las regiones forestales la actividad de la silvicultura e industria forestal es el principal motor del desarrollo sustentable; que en ellas habita la mitad de la población rural de México; que son en su mayoría zonas con presencia indígena, con rezagos agudos en bienestar y padecen el crimen organizado y la pérdida de gobernabilidad. Por ello, consideran necesario reformar el marco jurídico vigente, que ha mostrado múltiples deficiencias y un margen extenso de mejora; sin embargo, la reforma –insisten– debe ser producto de un proceso amplio de discusión; de construcción incluyente, por las repercusiones económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos que implica.

 DESDE EL CENTRO

El titular de la Secretaría de Agricultura, José Calzada Rovirosa aseguró que el gobierno federal trabaja para la aprobación de normas que garanticen la autenticidad de los productos lácteos, debido a que la venta de productos que no contienen leche y que engañan a los consumidores, lastima tanto a los consumidores como a los productores mexicanos. Por ello, el funcionario se comprometió a combatir este tipo de comercio que agravia a las familias porque atenta contra la alimentación de los mexicanos y a la productividad de este sector que actualmente genera 12 mil millones de litros al año. El tema  fue retomado esta vez en la Residencia Oficial de los Pinos, donde el Secretario presentó la Estrategia de Diversificación de Mercados de la SAGARPA, lugar en el que señaló que una delegación de productores y agroindustriales de Estados Unidos se encuentran en el país para fortalecer los lazos comerciales en este ramo… Militantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, (CODUC) encabezados por los dirigentes capitalinos Luis Tovar y Jorge de la Vega, se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar una audiencia con el Ministro Luis María Aguilar, presidente del órgano judicial para expresar su rechazo a la controversia constitucional promovida por la PGR, “que busca revertir logros alcanzados en la nueva Constitución”.

 

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