El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplir con la decisión de un tribunal, que determinó ofrecer una disculpa pública a  la indígena, Jacinta Francisco Marcial acusada injustamente de secuestrar a agentes federales.

“Es un asunto que lleva 10 años y donde se demostró la violación de sus derechos humanos”, señalaron los legisladores, Omar Ortega y Maricela Contreras

 El diputado  perredista, vicepresidente de la Comisión Permanente, Omar Ortega Álvarez, consideró urgente y necesaria la disculpa pública a la indígena otomí, quien estuvo presa durante tres años acusada por el supuesto secuestro de seis agentes de la desaparecida  Agencia Federal de Investigación (AFI).

JACINTA
Diputado, Omar Ortega Álvarez

Por ello junto a la diputada federal, Maricela Contreras Julián presentaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir a la Procuraduría cumpla con la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

“Estamos impulsando que haya una disculpa pública por parte de la PGR, atendiendo que es un asunto que lleva 10 años, y en el cual se demostró la violación de los derechos humanos de manera cotidiana y no se respetó el debido proceso”, expresó el legislador mexiquense.

Recordó que la decisión del tribunal, señaló su inocencia y pidió la reparación del daño; sin embargo, el parlamentario consideró indispensable hacer efectiva la disculpa pública para que “las instituciones reconozcan que no cuidaron el debido proceso y que, en su momento, han sido injustos con otras personas que como Jacinta no se pueden defender”.

Los diputados consideraron que se ha demostrado que detrás de todo el proceso judicial de Francisco Marcial, y sus compañeras Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –ambas vinculadas al mismo hecho y quienes están pendientes de la resolución de sus casos–, hay una confabulación.

Diputada Maricela Contreras Julián
Diputada Maricela Contreras Julián

Fue, dijeron, una condena injusta que privó de su libertad a Jacinta, todo ello derivado de una acusación infundada en su contra. Con esto se suman a las voces internacionales, como la de la organización Amnistía Internacional, que presionan para que la PGR cumpla con la decisión judicial ordenada.

Refirieron que la señora y otras dos mujeres fueron acusadas absurdamente por la PGR de secuestrar a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un ilegal operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, en 2006.

Durante este operativo supuestamente para combatir “piratería” de marcas y productos, a los comerciantes les fueron robadas sus mercancías y, como los policías y la PGR –de la cual dependía la AFI- se negaron a pagar lo robado a pesar de ser exhibidos y aceptarlo en principio, cuatro meses después de los hechos optaron por presentarse como víctimas y acusar a las mujeres otomíes de secuestro.

Así, el 3 de agosto de 2006 y mediante engaños, sujetos vestidos de civil y en un vehículo sin identificación oficial, la trasladaron al Juzgado Cuarto de Distrito de Querétaro donde oyó la extravagante acusación sin poderla entender ni defenderse, pues no tuvo acceso a intérprete alguno.

Las únicas pruebas de la PGR contra ella y otras dos mujeres fueron una foto del periódico “Noticias” en donde casualmente aparece Jacinta -cuando regresaba a su puesto de aguas frescas de una consulta médica en la farmacia del pueblo mientras policías y comerciantes dialogaban o discutían durante el “operativo”-, y las contradictorias declaraciones de seis elementos de la AFI y varios municipales.

Nada valió el hecho de que los elementos de la AFI llegaron al tianguis sin identificación, uniforme ni orden para el operativo; tampoco que ese mismo día hubieran aceptado pagar los daños y regresar la mercancía robada, ni que, ante la negativa de los tianguistas a recibir productos diferentes a los “decomisados”, los mismos agentes ofrecieran pagar en efectivo.

Con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco fue sentenciada a 21 años de prisión.

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Ante la profunda injusticia e  insuficiencia de pruebas patentes en el caso –dijeron Ortega Álvarez y Contreras Julián-, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro ProDH) asumió su defensa en segunda instancia en enero de 2009 y apeló la sentencia.

El Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito con sede en Querétaro sí vio las irregularidades del caso y la PGR se vio obligada a desistirse de sus acusaciones, por lo que Jacinta Francisco fue liberada en 2009.

Para ella no fue suficiente eso, pues perdió tres años de su vida en la cárcel, con todas las consecuencias familiares, sociales y económicas que ello implica, por lo que solicitó una reparación por el daño material y moral en su contra.

Recién el pasado 24 de mayo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón y ordenó a la PGR asumir su responsabilidad.

Para Ortega Álvarez y Contreras Julián también es necesario que además la PGR se disculpe por su cruel e injusta acusación contra esta mujer de la comunidad otomí. Este caso es paradigmático del abuso y la impunidad con que actúan órganos y agentes de procuración y administración de justicia mexicanos contra este sector de la población, puntualizaron