Ciudad de México a 05 de febrero de 2019.-Alrededor de 200 trabajadores del ISSSSTE, que fueron despedidos injustificadamente, por la administración de Luis Antonio Ramírez  que realizan un plantón a las afueras de las instalaciones de sus oficinas centrales, ubicadas en Buenavista, para protestar por la violación a sus derechos laborales y exigir que sean reinstalados en sus áreas de trabajo bloquean en estos momentos la principal avenida de la Ciudad de México, la Avenida de Los Insurgentes en demanda de reinstalación.

Los manifestantes, quienes esta mañana protestaron a las afueras de Palacio Nacional, para buscar un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaron que la instrucción presidencial fue despedir a mandos medios y superiores y no al personal operativo, muchos de los cuales tienen ya más de 20 y 25 años de antigüedad como trabajadores del Instituto.

Tan sólo en la Coordinación de Comunicación Social que se divide en tres áreas: Prensa, Programas de Comunicación y Relaciones Públicas aún se mantienen los titulares y mandos superiores, quienes además ya empezaron a traer a su gente para ocupar las vacantes de los trabajadores despedidos, a quienes desde el pasado 15 de diciembre le negaron el acceso al centro de trabajo, sin previo aviso.

“La coordinadora administrativa, Miriam López Herran, no se tomó la molestia de personalmente hacernos saber, cuáles eran las razones del despido, únicamente y vía telefónica nos avisó que ya no requerían de nuestros servicios, dando instrucciones para que se nos negará la entrada a nuestros espacios y quitar de los checadores electrónicos nuestra huella digital”, refiere una de las trabajadoras afectadas.

Los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE, encabezados por el Secretario General de la Sección 47, Álvaro Aguilar Castillo, manifestaron su rechazó a esta medida arbitraria que atenta contra los derechos de los trabajadores y se contradice con la política del Ejecutivo, quien en más de una ocasión aseguró que no se afectaría a la base trabajadora.

Para muchos la situación se torna aún más complicada, ante la falta de servicios médicos urgentes que requieren sus familiares, atención especializada y tratamientos altamente costosos, que, de acudir a la medicina privada, simplemente no estarían en capacidad de poderlos pagar.