SIN TANTO ROLLO

Eduardo González Silva

Pasado el largo interregno del primero  de julio (día de las elecciones) al primero de diciembre (toma de posesión), de los procesos de cambio de poder más extensos de cualquier país en el mundo, con el contundente triunfo del opositor Andrés Manuel López Obrador -con más de 30 millones de votos-, incesante ha sido el panorama de confusión sembrado proveniente del anquilosado sistema político mexicano.

Al principal ofrecimiento de campaña de luchar con todo contra la corrupción y la permanente impunidad, acuerpadas en los tres  órdenes de la vida nacional, comenzaron ya a aparecer en ristre con nombre y apellido, los defensores del viejo régimen, que escudados en un marco “legaloide” (que dicen aplicar ajustados a la ley), construido el mismo en el transcurso de décadas, para crear, preservar y defender privilegios, destinados para un diminuto sector de la población (la oligarquía).

Ganado el Poder Ejecutivo y el Legislativo (conformadas las dos Cámaras por mayoría opositora como nunca antes en el país), quedó el Poder Judicial como cabo suelto, a la ola ciudadana fastidiada de un regimen de simulación democrática, que habrá que insistir bautizo el escritor peruano Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta”.

Bajo la farsa y el engaño, se ha hablado en México de aplicar exactamente lo que dice la ley, que ha decir del clásico no significa que sea el fiel de la balanza y que la justicia sea ciega al momento de dictar sentencia. Para hablar en plata hay una colección de fallos provenientes del Poder Judicial, que a lo largo de la historia del país, por mencionar levantan ámpula, que han quedado como cicatriz en el rostro en una población casi eternamente empobrecida.

Legalizaron el anatocismo (cobro de intereses sobre intereses, entorpecieron la investigación de la Guardería ABC en Sonora, dejaron sin ejecución el caso de Lidia Cacho), sin más casos para que éste espacio no se considere como provocación. Pero si, si hay memoria además de que se percibe un desagradable olor que sale de las alcantarillas de las sedes del Poder Judicial.

Ahora, a la luz de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ministros, jueces, magistrados y altos funcionarios de administraciones pública federales y estatales, se van al amparo, retan la disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de que nadie puede obtener ingresos más altos a los del presidente de la República, precepto constitucional que desde hace 16 años señala el Artículo 75.

Las resistencias surgen desde un abigarrado Poder Judicial, del que semanas atrás quedó al descubierto, el reparto de privilegios del que gozan ministros, jueces y magistrados, donde dos hijas de ministros son doradas empleadas, y así la lista se desparrama entre esposas, hijos, hermanos, cuñados, tíos y la parentela completa en la nómina del Poder Judicial.

Lapidaria frase de José Revueltas, inscrita en uno de los títulos de su obra Muros de Agua, en que recordó que en el penal federal de las Islas Marías, en una pared se leía “aquí el delito que se paga es la pobreza”.

Vivimos tiempos del propósito presidencial de combatir la corrupción, y no tardó en salir el peine, justo en el sitio que se enquistó y que a los mexicanos, nos acostumbraron a vivir en él. A esperar este jueves, el informe del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, algo tendrá que decir bajo la toga y el birrete.