Irene Licona Ocaña

 La Alianza Mesoamérica de Pueblos y Bosques (AMPB) se pronunció a favor de que el Senado de la República convoque a Consulta Indígena y Campesina para que las demandas y propuestas de las comunidades sean contempladas en la nueva Ley Forestal.

En voz de su representante, Marcedonio Cortave, argumentó que sería lamentable que en pleno siglo XXI se formulen leyes desde muy arriba sin consultar a los pueblos o comunidades sobre las que a final de cuentas recaen las consecuencias de estas decisiones, como ya sucedió en la Cámara de Diputados, que en una primera instancia la aprobó la nueva ley forestal sin tomar en cuenta la participación de los productores forestales y poseedores de los bosques.

Al participar en la Asamblea General de Asociados de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A.C. (Red Mocaf), el representante mesoamericano refirió que  los acuerdos internacionales establecen que las políticas de las naciones deben ser cada vez más participativas para que los pueblos puedan desarrollarse de mejor forma; “de lo contrario las naciones sufren retrocesos, porque al no hacerse un buen trabajo político, provoca que la gente salga a las calles, realice  manifestaciones de protesta o acciones de tipo legal, lo cual de alguna modo afecta al mismo país.

De lo contrario –advirtió- que de no realizarse dicha consulta, la AMPB hará su trabajo difundiendo  en los espacios de toma de decisión internacionales la situación que priva en este momento con respecto a dicha legislación (forestal) a fin de que verdaderamente se dé una participación real y legítima de la gente que habita, cuida y vive de los bosques.

Cortave reconoció que a como están la situación actualmente –en la que los comunidades forestales no han sido convocadas para diseñar la nueva ley con base en sus propuestas y demandas para aprovechar de manera sustentable el manejo del bosque- existe el temor, como ya ha sucedido en no pocas ocasiones- respecto a que en el Congreso entra una cosa y sale otra, “al legislarse para beneficio sólo de ciertos sectores, donde se mezclan muchos intereses personales sin mirar el bien común. Sin embargo, esperamos que las autoridades tengan mayor conciencia como servidores públicos y ojalá recuperen su falta de credibilidad con buenas acciones”, enfatizó.

Finalmente, Cortave confió en que México logre avanzar más y haya una verdadera Consulta Indígena y Campesina, como lo solicitan organizaciones que representan a las comunidades forestales.

En este marco, el presidente del Consejo Directivo de la Red Mocaf, Gustavo Sánchez Valle, informó que se espera tener un acuerdo de la Asamblea para solicitar de manera formal, bajo lo establecido en los procedimientos legislativos, al Senado mexicano la Consulta Indígena y Campesina para la elaboración de nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tal y como lo orientó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la respuesta que dio a organizaciones forestales indígenas y campesinas.

Durante su intervención, reconoció que en la nueva legislación que se discute en el Legislativo se ha logrado incluir el manejo forestal comunitario y las salvaguardas sociales, pero esta pendiente la consulta para que todas las organizaciones tengan oportunidad de participar en su diseño, ya que es un tema de derechos de las comunidades.

En tanto, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Red Mocaf, Carlos Pérez Sebastián, expuso que en el proyecto de la nueva ley forestal “pedimos un derecho básico: el de ser consultados y poder opinar”.

Al participar en el acto inaugural, el gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la ciudad de México, Gustavo López Mendoza, refirió que la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que se discute en el Senado pretende fortalecer la coordinación interinstitucional, la participación de los municipios, los estímulos e incentivos fiscales que propicien la producción forestal sustentable, además de dar atención diferenciada a mujeres, comunidades y pueblos indígenas, así como abordar los temas de mitigación frente al cambio climático.

Por otra parte, resaltó que el gobierno federal ha establecido una política de reactivación forestal, que tiene como meta principal incrementar en 86% la producción maderable del país al pasar de 5.9 a 11 millones de metros cúbicos del 2014 al 2018, y contar con 2.5 millones de hectáreas con certificado de manejo forestal sustentable.