México necesita una política de Estado frente a la pobreza
- 7 de cada 10 programas estatales carecen de un documento normativo y 3 de cada 4 no reportan en la cuenta pública estatal.
- Envían misiva a gobernadores electos para pedir cambios en políticas y acciones frente a la pobreza
México no requiere más programas sociales, sino políticas públicas integradas de gran escala, con planes de cobertura total de la población objetivo, con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan generar aprendizajes y corregir desviaciones, ejecutados desde entidades con buena capacidad técnica e institucional, que rindan buenas cuentas de los recursos, pero sobretodo, de los resultados e impactos, consideraron organizaciones civiles agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Por ello, estas organizaciones están convocando a los 12 gobernadores recientemente electos a asumir un compromiso formal de dar mayor institucionalidad y solidez a las políticas y acciones frente a la pobreza. Una de las medidas solicitadas es terminar con la dispersión de programas o “programitis “que impera en estas entidades, que genera proliferación de programas sociales, sin estrategia, con graves problemas de transparencia, que se prestan a la opacidad, la discrecionalidad y el clientelismo, que incrementan la burocracia y los gastos operativos y que en muchos casos carecen de herramientas de diagnóstico, evaluación y monitoreo.
De acuerdo con datos de Coneval, en los últimos dos años los programas y acciones enfocadas al desarrollo social en México se incrementaron de 5,900 a más de 6 mil 700; sin embargo este incremento no ha repercutido en la mejora de las condiciones de la población beneficiaria. Esta dispersión programática o “programitis” crea cada vez más programas aislados, desarticulados y con coberturas mínimas.
De acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social más reciente que elabora Coneval, existen 6 mil 751 en los tres órdenes de gobierno. El número de programas de las entidades federativas pasó de 2 mil 391 en 2010 a 2 mil 849 en 2011, para llegar a 3 mil 788 en 2012. Esto representa un incremento de 58% en dos años. En las entidades federativas predominan los programas relacionados con la educación, (mil 109), bienestar económico (943) y de salud (654). Lamentablemente CONEVAL no ha actualizado esta información desde 2012.
La falta de transparencia y acceso a la información más básica en los programas y acciones estatales es elocuente en sí misma. Para el 84% de los programas y acciones de los gobiernos estatales no hay información de presupuesto original; el 75% de los programas carece de documentos normativos y el 77% no reporta en la cuenta pública de su entidad.
De los 3 mil 788 programas y acciones incluidas en el inventario estatal 2012, únicamente 596 cuentan con información sobre su presupuesto original, 16% del total. Para 8 de cada 10 programas y acciones ejecutadas por los gobiernos estatales se carece de información presupuestal.
Solo 875 de los programas estatales están reportados en la cuenta pública del Gobierno del estado. Esto es el 23% del total. Solo 1 de cada 4 programas operados por los gobiernos estatales reportan sus resultados y su ejercicio presupuestal en la cuenta pública. Por ende, 3 de cada 4 programas estatales no son auditables por los órganos superiores de fiscalización.
Por ejemplo, el mayor número de estos programas se identificó en Chiapas (253) pero ninguno, es decir 0%, reportó información de presupuesto original en el inventario de CONEVAL 2012. Solo 35 tienen un documento normativo. Mientras en segundo lugar, Veracruz, de los 241 programas reportados únicamente 25, es decir 1 de cada 10, presenta información de presupuesto original, solo 44 cuentan con un documento normativo y únicamente 75 reportan su información en la cuenta pública del gobierno del estado. Siete de cada 10 programas estatales de Veracruz no reportan información en la cuenta pública.
Para avanzar hacia este horizonte programático e institucional la Acción Ciudadana frente a la Pobreza plantea que se requiere mayor institucionalidad y capacidad técnica para lograr resultados frente a la pobreza. Una de las medidas sugeridas es la construcción de un registro de población, que funcione como “padrón único”, y sea la vía obligatoria de acceso a los subsidios y apoyos del estado, de acuerdo a las características socioeconómicas y demográficas de cada hogar y sus integrantes.
Muchos países de América Latina ya cuentan con esta herramienta. Es una vía transparente, objetiva, ágil y planificada de acceso único para el conjunto de programas que subsidian la prestación de servicios o transfieren recursos a los hogares y/o las personas. Un auténtico “padrón único” es un registro de población “a priori”, que funciona como “puerta de entrada” a los programas, es decir, que sea la base de datos o registro de población que permita asignar de manera transparente, racional, objetiva y regulada la asignación de subsidios, transferencias y apoyos sociales.