Ciudad de México, 19 de septiembre.- Los jóvenes asumen como su lucha la crisis climática, que debe priorizar por igual la justicia con equidad social, y terminar con plantas con las de la CFE, son algunos de los puntos de la organización Iniciativa Climática de México (ICM), que participará en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, en Glasgow; Inglaterra, dentro de seis semanas.

Se transcribe el documento:

“Más allá de los impactos medioambientales, la crisis climática es ante todo una crisis social. La mayor frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos impactan en las personas, en sus medios de subsistencia y en los sistemas sociales de manera diferenciada, pues se distribuyen desigualmente entre países, sectores socio-económicos y géneros.

El cambio climático exacerba las inequidades e injusticias presentes en nuestra sociedad. Esta realidad debe ser reconocida y atendida adecuadamente. El combate al cambio climático debe ser abordado desde una perspectiva de justicia y equidad.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2019) reconoce que las consecuencias del incremento en la temperatura media global afectarán desproporcionadamente a las comunidades y personas históricamente marginadas, con especial impacto en mujeres, personas mayores y niñas.

La transición hacia la necesaria neutralidad de carbono (emisiones cero de gases de efecto invernadero), deberá ir de la mano de los esfuerzos por reducir las brechas actuales de bienestar entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Los pobres y las personas de bajos ingresos son mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático pues carecen de los medios para defender o adaptarse a condiciones cada vez más hostiles a su alrededor.

Además de los impactos en mayor escala, también existe una desigualdad extrema en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por diferentes estratos. El 1 por ciento más rico de la población genera el 15 por ciento de las emisiones mundiales. En contraste, el 50 por ciento más pobre emite menos del 10 por ciento de las emisiones globales.

De acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, con un incremento de la temperatura media global de 2ºC, entre 100 y 400 millones de personas adicionales podrían pasar hambre, y entre 1,000 y 2,000 millones de personas ya no tendrán suficiente agua para su consumo básico. Esto equivale a más de 10 veces la población mexicana. La realidad es que incluso en un escenario de incremento menor a 1.5°C, millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte prematura debido al cambio climático.

¿Qué significa justicia climática?

En palabras de Mary Robinson (expresidenta de Irlanda, escritora, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1997): pasar de un discurso sobre emisiones de gases de efecto invernadero y el deshielo, a un movimiento de derechos civiles que tenga como centro a las personas y comunidades más vulnerables a los impactos climáticos” (ONU, 2019).

La justicia climática, más que un concepto, es un movimiento que reconoce que el cambio climático impacta de manera diferenciada a las personas, comunidades y países. Además, reconoce que este problema puede agravar las injusticias ya existentes y que no todas las personas cuentan con igualdad de recursos y capacidades para hacerle frente. Por tanto, la justicia climática pone a las personas en el centro de las propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático.

En México las injusticias climáticas pueden verse desde múltiples ángulos y estar vinculadas tanto con la adaptación como con la mitigación. El cambio climático ha llevado a comunidades a abandonar sus territorios por la ausencia de agua y alimento. El Banco Mundial (2018), estima que para 2050 entre 1.4 y 2 millones de personas en México y Centroamérica habrán migrado por las condiciones climáticas.

Cuando se habla de la necesidad de una acelerada transición energética, una de las tendencias exponenciales a nivel mundial es la penetración de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. Sin embargo, en México, todavía hay alrededor de 1.5 millones de personas que no cuentan con acceso al suministro de electricidad y se puede considerar que alrededor de 5 millones sufren de pobreza energética. Esto es, que cuentan con acceso a la electricidad, pero no tienen suficientes recursos para pagar por su consumo eléctrico asociado con la necesidad de enfriar o calentar su vivienda en zonas de climas extremos.

Debemos garantizar que cuando se establezcan proyectos eólicos y solares en nuestro país, se respeten los derechos humanos y la voluntad de las comunidades propietarias de la tierra. También se debe buscar maximizar los beneficios que reciben las familias participantes, desde un pago adecuado por los terrenos hasta asegurar que las poblaciones participantes cuentan con acceso a electricidad. El proyecto también debiera hacer inversiones para mejorar la infraestructura de las comunidades para mejorar su bienestar.

La lucha contra las injusticias climáticas y sus impactos puede tomar muchas formas. Los recientes movimientos sociales, especialmente de jóvenes, han demostrado que esta lucha es también contra las injusticias de los impactos futuros. Lo importante es que hoy se reconozcan y atiendan estas desigualdades y se busque una transición hacia sistemas de transporte y de generación de energía sin emisiones de carbono pero que prioricen la justicia y la equidad social.

En cuestión de movilidad, la infraestructura del transporte público eléctrico como los trolebuses, el Metro y el Cablebús en la Ciudad de México, son ejemplos virtuosos que atienden simultáneamente el cambio climático, la mejoría de la calidad del aire y la justicia social.

En el tema energético, la salida de los combustibles fósiles es oportunidad para promover esquemas de generación de energía solar distribuida, que permiten la democratización del acceso a las energías renovables. Estos esquemas, además, ayudan a la creación de toda una industria y servicios vinculados que generen empleos bien pagados y sin riesgos a la salud como en los empleos vinculados al carbón y otros combustibles fósiles.

Reducir la pobreza energética y mejorar la gestión de recursos y territorios deben ser el resultado de una transición energética socialmente justa. “En México, tenemos la oportunidad de construir una sociedad más sustentable y equitativa. Mientras transitamos a una economía circular, baja en carbono y lejos de los combustibles fósiles es prioritario atender y reducir las desigualdades e incorporar las voces de todos los sectores. La descarbonización acelerada que se requiere en el sector de generación de electricidad, permitiría que nuestro país desarrolle rutas de reconversión social y laboral por ejemplo para terminar con el uso de carbón en las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Para ello sería indispensable en primer lugar garantizar empleos dignos y sin riesgos para los miles de trabajadores de la minería del carbón.

El cambio de actividad llevaría enormes co-beneficios en salud, pues hoy en día los mineros enfrentan problemas como la mortalidad prematura por inhalar polvo fino del carbón, además de los frecuentes accidentes que cobran la vida de algunos trabajadores”. (Redacción MEXICAMPO).