15 octubre, 2024

 

  • La propuesta fue presentada por la senador del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas

Intelectuales, académicos y grupos ambientalistas hicieron un llamado a los senadores integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, a no aprobar la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad impulsada por la legisladora Ninfa Salinas del Partido Verde.

Dicha propuesta, advierten que de ser aprobada afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en uno que se dice Estado pluricultural, y que se ancla en los derechos humanos y en la formación pluricultural del país.

La materia de la iniciativa, subrayan, incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas, y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México.

Los firmantes establecen que se ha usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural, que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios.

La redacción de dicha iniciativa, se vislumbra como la principal tarea de ser una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala, y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos en especial a los pueblos indígenas.

“El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural”.

Hacen notas que la propuesta fue elaborada sin la consulta previa, libre e informada, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general, contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por lo anterior, los firmantes exigen que se suspenda el dictamen, y se dé cabida a las opiniones de los diversos sectores de la sociedad, a través de foros, y la consulta previa, libre informada y de buena fe a los pueblos indígenas.

El documento es firmado por: Elena Poniatowska, Víctor Toledo Manzur, Carlos Ávila Bello, Luis Felipe Crespo Oviedo, Catherine Marielle, Gustavo Ampugnani, Francia Gutiérrez, Emma Estrada, Aída Castilleja, Arturo Argueta, Eckart Boege, Luisa Paré, Alberto Betancourt, Adelita San Vicente y cientos de firmas más recopiladas.

El texto es dirigido a los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, del PVEM, Ninfa Salinas Sada; Raúl Aarón Pozos Lanz, del PRI; Silvia Guadalupe Garza Galván, PAN; Ernesto Gandara Camou, PRI; Jesús Casillas Romero, PRI; Fernando Torres Graciano, PAN; Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, PAN, y Enrique Mayans Canabal, del PRD.

A los legisladores de la Comisión de Estudios legislativos primera: Raúl Gracia Guzmán, PAN; Miguel Ángel Chico Herrera PRI;  Zoé Robledo Aburto PRD; Enrique Burgos García, PRI, y Sonia Mendoza Díaz, PAN. (Redacción Mexicampo)

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