Organizaciones civiles y activistas sociales  pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  no autorizar a la empresa Monsanto la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán, por considerar que se atenta contra la riqueza cultural, económica y ambiental de la selva y las comunidades mayas dedicadas ancestralmente a la apicultura y la meliponicultura.

A través de un desplegado dirigido a los  ministros de la SCJN: José Fernando Franco Salas, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Juan Silva Meza y Eduardo Medina Mora y Olga Cordero, las organizaciones argumentan que en esta zona que comprende los estados de Campeche,  Quintana Roo y Yucatán más de 15 mil familias se dedican a la apicultura y la meliponicultura, actividades que se verían seriamente afectadas, de aprobarse el cultivo de soya transgénica.

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Señalan que gracias al trabajo de los productores se ha formado un círculo virtuoso que permite a la población obtener un ingreso económico importante, conservando la biodiversidad, que hoy se ve amenazada por el permiso que las autoridades mexicanas, como la SAGARPA y SEMARNAT, expidieron a favor de la empresa Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en 253,000 hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.

Precisan en su desplegado dirigido a los magistrados, que en la Península de Yucatán, el permiso afectaría a más de 15,000 familias campesinas de origen indígena maya que viven de la apicultura, una actividad económica sustentable que se vería afectada con la siembra de esta soya transgénica porque implica el uso del herbicida Glifosato, clasificado en 2015, como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.

Denuncian que con la siembra de soya transgénica se ha presentado un proceso de deforestación acelerada de la última selva mexicana, así como la contaminación del subsuelo y las aguas por el uso de glifosato, única fuente de agua de que dispone la Península de Yucatán.

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Expertos mundiales han mostrado que la siembra de soya transgénica en otros países ha traído como consecuencia la concentración de la tierra, la pérdida de empleos, daños a la salud, la deforestación y desertificación de bosques y selvas, generando nulos beneficios a los campesinos y grandes ganancias a empresas como Monsanto. No en balde son cada vez más los países que prohíben la siembra de transgénicos en su territorio.

A pesar de las múltiples y graves consecuencias e impactos de la soya transgénica sobre las comunidades, los apicultores mayas y su patrimonio biocultural, nunca hubo una consulta libre, previa e informada, a través de la cuál pudieran decidir sobre el modelo de desarrollo agrícola que deseaban seguir.

Consideran que esta omisión es una violación a los derechos indígenas, en particular del derecho a la consulta libre, previa e informada. Tampoco se hizo efectivo el principio precautorio, que obliga a priorizar el medioambiente y la salud por encima de tecnologías que no se haya demostrado que no causan efectos nocivos para la biodiversidad o la salud humana.

Ante estas y otras violaciones a derechos, subrayan,  la SCJN hoy tiene la oportunidad de confirmar las sentencias que jueces de Distrito de Campeche y Yucatán otorgaron a favor de comunidades y asociaciones de apicultores por violarse su derecho a la consulta y el principio precautorio, y cancelar definitivamente el permiso otorgado a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica en México y generar criterios novedosos en materia de consulta, libre previa e informada, así como de protección al patrimonio biocultural.