Plantean descentralizar el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y el fortalecimiento de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable

Además, una distribución de los recursos públicos donde también los ayuntamientos del país estén en posibilidades de ejercer recursos federales y estatales en el marco de la ley y de los programas presupuestarios

Con el objeto de ampliar los derechos, fortalecer la participación de los pequeños y medianos productores de la agricultura campesina, indígena y familiar, así como la aplicación y toma de decisiones de las políticas públicas, programas y acciones para el desarrollo sustentable en el campo mexicano, diputados del grupo parlamentario del PRD presentaron una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural.

Los legisladores perredistas, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, plantean descentralizar el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y el fortalecimiento de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, para que se conviertan, junto con los distritos de desarrollo –en la base territorial en donde inicie la planeación, gestión, información–, seguimiento y aplicación de los incentivos del sector agropecuario, forestal y pesquero.

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Proponen una distribución de los recursos públicos en donde también los ayuntamientos del país, mediante los convenios necesarios, estén en posibilidades de ejercer recursos federales y estatales en el marco de la ley y de los programas presupuestarios.

Asimismo, que en los programas de aplicación federalizada para el campo, al menos 70% se ejerzan en coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.

Los legisladores argumentaron que no será posible resolver el problema del hambre y la pobreza en el sector rural, incrementar la producción y combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, sin incorporar de manera efectiva a los pequeños y medianos productores, a la agricultura campesina, indígena y familiar.

Las adiciones y reformas que plantea la iniciativa hacen hincapié en darle centralidad y prioridad estratégica a este sector de la sociedad rural, así como a las regiones del país con menor desarrollo, precisaron.

Tanto estudios comparativos sobre modelos agrícolas de prestigiados centros de investigación nacional y extranjeros, como las experiencias exitosas en diversos países del mundo y de América Latina, han demostrado la importancia fundamental de revalorar el papel de la pequeña producción agropecuaria, forestal y pesquera, para incrementar la producción, resolver el problema de los alimentos, sobre todo a nivel local, proteger la biodiversidad y reducir los efectos del cambio climático, subrayaron.IMG_9072_1466350296

En México, esta pequeña agricultura compuesta por un sistema productivo, social y cultural que incluye a más de 3.5 millones de familias y productores organizados en ejidos, comunidades indígenas y de pequeños productores minifundistas, tienen en posesión más de 100 millones de hectáreas de vocación diversa, producen alrededor de 40 por ciento de la producción agropecuaria, indicaron.

Y de acuerdo con los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), genera 57 por ciento de los empleos en el campo y 80 por ciento de los bosques se encuentra justamente en ejidos y comunidades. No obstante ello, esta agricultura ha estado invisibilizada en las políticas e instrumentos de fomento del gobierno federal, en la idea de que es irrelevante cuando no un peso muerto de la economía nacional.

Finalmente, los diputados del GPPRD precisaron: “Nos parece a nosotros que ha llegado el momento de cambiar la visión y la estrategia para enfrentar los graves problemas que padecemos en el campo mexicano. Tres décadas de apostarle con recursos y políticas públicas a la gran producción orientada a las exportaciones, han demostrado de manera fehaciente que por esta vía los problemas no se superan sino que se seguirán agravando. La necesidad de cambiar el rumbo en la política para el sector agropecuario es urgente”.