Pese a que México sufre una epidemia de obesidad y sobrepeso y la recaudación por concepto del impuesto a las bebidas azucaradas reportó del 2014 al 2017 recursos por 86 mil millones de pesos, no existe un Programa especifico de prevención a estas enfermedades que se han convertido junto con la diabetes en un problema de salud pública difícil de controlar.
En conferencia de prensa, los integrantes de PROBATIO S.C. encargados de realizar un estudio para la Alianza por la Salud Alimentaria, respecto al destino que han tenido los recursos del impuesto «extrafiscal», que aprobó el legislativo para aplicar a los alimentos con alta densidad calórica y bebidas saborizadas, señalaron que la dispersión de los recursos a través de varios programas y la falta de un control cuidadoso de los resultados de su aplicación no permiten conocer con precisión si se están utilizando, como lo señala la ley para el combate de estas enfermedades.
Federico Cortés explicó que la intención de un impuesto «extrafiscal» en este caso a las bebidas azucaradas, son instrumentos de política pública que deben ser utilizados para reducir su consumo y reducir el grave problema que existe en México de sobrepeso, obesidad y diabetes; así como para proveer a la población de bienes y servicios publico, uno de ellos y el más importante, el acceso a agua potable como fuente primaria, en las escuelas con la instalación de bebederos. 
Consideró que la medida ha sido tan eficaz que países como Gran Bretaña, Francia, India, Sudáfrica, Hungría, Irlanda, han tomado de referencia a México para proponer medidas similares para gravar estas bebidas e inhibir el consumo de bebidas azucaradas.
Explico que estas leyes de segunda generación establecen objetivos muy precisos sobre la responsabilidad que tiene el Estado para aplicar y transparentar el uso que se les va a dar a los recursos. «No es difícil llevar buenas prácticas internacionales y que el gobierno asuma la corresponsabilidad que tiene en la provisión de medidas y ambientes saludables para la población; sin embargo la realidad en México lamentablemente es otra.
Por su parte Atzimba Baltazar, consultora de PROBATIO explicó que en la revisión minuciosa de los programas federales en materia de salud, no aparece el monto específico que se destina a las acciones de prevención de estas enfermedades. «El gravamen a las bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica constituye una ventana de oportunidad, la cual ha sido desaprovechada por el actual gobierno», subrayó.
Señaló que el análisis muestra que existe un importante desbalance entre los recursos recaudados por el IEPS y el presupuesto que se destina a programas con componentes de prevención en sobrepeso y obesidad o para garantizar el acceso al agua potable. Para el 2018 la diferencia entre estos dos montos es de 29 mil 710 millones de pesos, resultado de la diferencia de la recaudación estimada en 46 mil 726 millones de pesos y el presupuesto asignado a estos programas de 17 mil 016 millones, De este último monto se debe recirdar que tan sólo 1,189 millones de pesos están destinados a los bebederos y suministro continuo de agua potable en las escuelas.
Finalmente destacó que la medida ha tenido tal impacto en la población más pobre que el impuesto provoco una reducción del 20 por ciento en el consumo de las bebidas azúcaradas. Con todo ello, dijo, se tiene que insistir con el legislativo a través de las Comisiones de Salud de ambas cámaras para que se aumente a 20% el impuesto y equiparar el «piso mínimo» de gasto público para programas de prevención con el monto recaudado.
