24 junio, 2024

Violan derechos humanos de mujeres indígenas en Chiapas

Ciudad de México, 23 de octubre de 2020.- La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, a través de su vocero, Jesús Gutiérrez Valencia, denunció violaciones a los derechos humanos contra mujeres indígenas en el estado de Chiapas.
Exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la destitución inmediata del delegado de dicha dependencia en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila Chávez, por hacer uso de influencias para beneficiar a terceros en casos evidentes de crímenes en contra de líderes sociales.
Pidió al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República (FGR), no simular el procedimiento administrativo iniciado contra Vila Chávez, pues debe ser castigado ejemplarmente.
Asimismo, al gobernador chiapaneco Rutilio Escandón, le advirtieron los riesgos sociales que tendría el proponer a dicho funcionario como fiscal del estado.
La CNPA-MN, demandó al Congreso del estado de Chiapas, no designe al mencionado funcionario como Fiscal del estado, ya que ha quedado demostrado a todas luces que no garantiza el acceso a la justicia para la población indígena.
Recordó que el 28 de septiembre pasado, a través de Gladys Escobar Jiménez se interpuso una denuncia contra actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de Ignacio Alejandro Vila, delegado de la FGR en Chiapas.
Después de ciertas resistencias y objeciones basadas en consideraciones erróneas y no en argumentos legales, el órgano interno de control notificó a los asesores legales de la viuda del defensor de derechos humanos, Noé Jiménez Pablo, el inicio del procedimiento administrativo instaurado en contra de Vila Chávez por incurrir en conflicto de interés al encontrarse impedido para resolver sobre la petición de ejercicio de la facultad de atracción, que en su momento solicitó Francisco Jiménez Pablo, líder de la CNPA-MN.
El conflicto de interés se suscitó, porque el delegado de la FGR es hermano de Rafael Arturo Vila Chávez, quien fungió como defensor particular de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, uno de los responsables de la desaparición, tortura y asesinato de “nuestros defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, perpetrado el 17 de enero de 2019, en el municipio de Amatán”.
Rememoró que el 14 de octubre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 39/2020/VG, sobre la investigación de violaciones graves a derechos humanos acontecidas durante el conflicto social suscitado en el Municipio de Amatán, Chiapas.
Los que derivaron en la ejecución arbitraria o extrajudicial de los líderes sociales antes citados, así como la privación de la vida de Carlos Mayorga Guerrero, con la tolerancia de servidores públicos federales, estatales y municipales. (Redacción MEXICAMPO).

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