La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) aceptaron la Recomendación 23/2015 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relativa al derecho a una consulta libre, previa e informada, en favor de comunidades indígenas, sobre el otorgamiento de permisos en los años 2009 a 2012 para siembra de soya genéticamente modificada.

En un comunicado de prensa, la SAGARPA y la CIBIOGEM destacan que, acorde con esto, desde hace varios meses se conformó en el seno de este órgano colegiado un grupo de trabajo especializado, y que uno de los avances es la aprobación de un protocolo base de consulta a pueblos y comunidades indígenas, proceso en el que ha participado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La dependencia gubernamental sostiene que está previsto que este mecanismo de consulta se aplique, conforme a las condiciones jurídicas vigentes, a las comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de organismos genéticamente modificados y expresaron que en esencia, se atiende puntualmente cada uno de los puntos contenidos en la recomendación.

Enfatizaron que desde que se conoció la Recomendación de la CNDH, la SAGARPA y la CIBIOGEM manifestaron expresamente su ánimo de aceptarla y conjuntar los elementos para su total cumplimiento, con base en la política de la actual administración de irrestricto respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

Cabe recordar que el  juzgado primero de distrito, en julio del 2014, anuló un permiso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a la empresa Monsanto para que cultivara soya transgénica en Yucatán por considerar que perjudicaría a miles de productores de miel. En su momento el tribunal argumentó que el permiso de la Secretaria ponía en riesgo la producción de miel mexicana en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El fallo respondió a un amparo que apicultores mayas tramitaron contra la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó, con aval de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la siembra de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República, entre ellos Campeche, Yucatán.