DE NORTE A SUR

Abigail Angélica Correa Cisneros

  • Líderes se siguen aprovechando del gremio para demandar apoyo que no beneficiaba en absoluto a los trabajadores. 

El gobierno actual intenta defenderse por todos los flancos, un día son los transportistas, otro son los que exigen la paz del país con varita mágica, o los cuidadores del orden público; pero justo el día en que se conmemoran 109 años de la Revolución mexicana, son los campesinos, o más bien, los líderes de éstos, quienes amenazan con paralizar el país si les siguen negando los “apoyos” a los que están acostumbrados.

Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que dirige Álvaro López Ríos, anunciaron que irrumpirán en el desfile de este 20 de Noviembre, para probar si el Gobierno Federal es respetuoso de sus derechos. Para ellos nada cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país: “Es muy lamentable porque fuimos y participamos en la decisión de hacer ganar un proyecto que hoy nos da la espalda, cuando el campo fue uno de los más afectados por las políticas neoliberales”, dijo el líder de la UNTA que lleva más de medio siglo al frente de la misma.

Mientras seguía en suspenso la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación  (PEF) 2020 y los campesinos del Frente Auténtico del Campo (FAC), sostenían un diálogo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, prefirieron parar la plática pues los legisladores atajaron en no otorgarles más recursos económicos.

Los del FAC aseguraron que solo la fuerza pública los hará moverse de las puertas de San Lázaro, es decir, ahí se quedarán un buen rato porque luego de todas las manifestaciones actuales en el orbe que han sido reprimidas y en las que militares y policías han dejados ciegos, heridos y hasta muertos, en Bolivia y Chile, por ejemplo, creen que si el gobierno de AMLO decide disipar a los aglomerados podría ser interpretado como imitación a esas acciones, lo que mancharía su gestión, tanto como la de sus antecesores o incluso más.

También los de Antorcha campesino andan buscando la tajada que les daban los gobiernos anteriores, su vocero, Homero Aguirre, anunció que alrededor de 10 mil integrantes de la agrupación, integrada al PRI, bloquearán este miércoles las puertas de la Cámara de Diputados y exigirán recursos para la realización de mil 567 obras en comunidades del país donde tiene presencia.

Pero ya se dijo que no habrá más subsidios para el campo, porque se reasignarán 12 mil 500 millones de pesos a programas sociales. En lugar de los apoyos que se daban al sector campesino, ahora se otorgará financiamiento a través de Finagro, una Sociedad Nacional de Crédito que fusionará todos los fondos para el gremio a fin de seguir ayudando a los trabajadores del agro.

Esta Sociedad agruparía fondos y fideicomisos ya existentes como Financiera Federal, Agroasemex, Firco y otros. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sostiene que hay que cambiar la entrega de recursos a la actividad agrícola a fin de consolidar reformas a favor de los más pobres del país.

En contraste, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala dice que el cambio perjudicará la producción y como ejemplo mencionó que tendrían que importarse 24 millones de toneladas de maíz al año de Estados Unidos, al reducirse hasta 40.6 por ciento los recursos al agro nacional.

Según el vocero de la coordinadora, Jesús Gutiérrez Valencia, de seguir la política asistencialista de López Obrador, se condena al campo mexicano al abandono y a la pérdida de su capacidad productiva a mediano plazo. Sin embargo, esos programas asistencialistas que menciona son los mismos que los dirigentes recibían, miles de millones de pesos, de los que sólo entregaban migajas a los campesinos que continúan en la miseria.

Cínicos y descarados, los líderes campesinos amenazan con desquiciar a la CDMX. Hace un mes presionaron con una supuesta huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación. Pero a los cabecillas del FAC, integrado por la UNTA, la  Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social por la Tierra (MST) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se les descubrió comiendo en el Café La Habana, a unos pasos de la Segob, como no lo hacen millones de quienes producen los alimentos que requieren todos los mexicanos.

Ya se dijo en este espacio que en los años neoliberales que castigaron a México, el campo, aunque fue uno de los sectores más golpeados, recibió un presupuesto  de más de 300 mil millones de pesos al año, en los últimos sexenios, de los que en promedio le tocaba exclusivamente a la Secretaría de Agricultura más de 70 mil millones de pesos, dinero que sólo enriqueció a unos cuantos y que nunca logró  que México se colocara en el top agrícola mundial de productos básicos. Aún peor, los campesinos e indígenas que realmente trabajan nunca fueron beneficiados; sin embargo, los agroempresarios y líderes campesinos sí tenían para sus trocas, ganado y para generar más ganancias a expensas de los otros.

El presidente AMLO tiene que sacar este sector adelante, el campo enfrenta uno de los retos más grandes de la historia, es un gran avance direccionar el apoyo y asegurase de que llegue a los que les hace falta, y que las riquezas del país, en tierra y mar no sean parte de las propiedades de los que han concentrado durante décadas el dinero que se destina al crecimiento de la Nación. La tarea es convencer a los productores de que es verdad esta ayuda, que los apoyos ya no se quedarán en sus líderes y que llegará a los campesinos, ganaderos, pescadores e indígenas sin intermediarios.

Es necesario que el sector rural se integre en una verdadera unidad entre aquellos que tienen que ver con la generación de alimentos en México y seguir con el desarrollo equitativo en el campo, acabar en un par de años con el estrecho que divide a los ricos de los jodidos.

Que no se olvide el “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0” que a principio de este año emitió una proclama política donde señala que para alcanzar un nuevo campo mexicano se debe contemplar un Proyecto Alternativo de Nación a la política neoliberal. Por ello es necesario tener como ejes la soberanía alimentaria; la política de Estado; la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la agroecología; el Ejido, las Comunidades; el Derecho a la Agroalimentación Nutricional y a la vida libre de violencia, entre otros puntos. Documento que firmaron las cabezas de las organizaciones mencionadas, además de la Central Campesina Cardenista (CCC), la CIOAC en todas sus versiones y la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP), entre muchas otras, sin olvidar a la Confederación Nacional Campesina (CNC), la CCI, ALCANO, UGOCM, UGOCP y muchas más, cuyos líderes reclaman se les entregue para multiplicar sus mansiones, ranchos, estaciones de radio y un ritmo de vida al estilo de los dirigentes obreros del país.

Ya no será así sostiene y repite el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finagro brindará oportunidades financieras a más de 5 millones de personas en México que no tienen acceso al crédito formal. El último Censo General de Población y Vivienda, arrojó que alrededor del 23% de la población económicamente activa del país se dedica a las actividades agropecuarias, las cuales generan poco más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Esta nueva institución tendrá una sola ventanilla de atención, que ofrecerá́ productos de financiamiento tales como: capital semilla, capital emprendedor, crédito y administración de riesgos, enfocados al sector rural del país. El nuevo modelo de financiamiento para el sector rural del país, y su Programa de Inclusión Financiera, impulsará la productividad y apoyará a los que no han sido beneficiados con créditos o programas sociales. De esta manera más productores tendrán acceso a los apoyos financieros en su beneficio y el del país.

DESDE EL CENTRO

Ojalá que este 20 de Noviembre se conmemore sin la violencia que pueden provocar dirigentes cerrados al diálogo para seguir gozando de privilegios.

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