Foto. Yolanda Hernández Escorcia

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional CNPA MN, a través de Wilfrido Hernández Jarquín y Daniel Zúñiga Maldonado, al anunciar una nueva movilización nacional para el 17 de abril en demanda de resolución a conflictos sociales donde han muerto cinco liderazgos y trece están presos por negarse a la instalación de industrias mineras, termoeléctricas y de infraestructura, aseguraron que el Presidente, Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el “repartidor del país a las empresas trasnacionales” gracias a sus reforma estructurales en agravio de indígenas y campesinos.

En conferencia de prensa, destacaron que van más de 30 millones de hectáreas entregadas a las trasnacionales afectando entidades como Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Yucatán, Hidalgo, Jalisco,  Estado de México y Veracruz.

Ambos liderazgos sostuvieron que la Reforma Energética y la Reforma a la Ley Agraria vinieron a aniquilar lo derechos de indígenas y campesinos de tal suerte que los candidatos a la Presidencia de la República: Ricardo Anaya Cortes, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala de Calderón, están obligados a fijar postura en torno a la Ley de Consulta Libre e Informada de los pueblos y comunidades indígenas para la instalación de megaproyectos en sus territorios.

En este orden de ideas y debido a que en cinco años de administración federal a cargo del PRI y en los meses que le restan no han dado respuesta a las demandas de la organización, anunciaron que la lucha continuará y por tanto la próxima semana más de 8 mil militantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional CNPA MN se movilizarán en 18 estados de la República Mexicana para demandar respuestas a la conflictividad social generada por los megaproyectos.

Recordaron que en este año realizaron dos jornadas de movilización nacional, en Enero (15 al 19) y Marzo (5 al 9) pero no hubo avances, “ni se observa voluntad política por parte de los gobiernos estatales y el Federal, para encontrar solución a las demandas políticas, sociales, de conflictividad social y productivas.

Las exigencias, reiteraron son la libertad para los presos políticos, justicia para los compañeros asesinados, presentación con vida de los desparecidos, alto al hostigamiento y persecución de representantes e integrantes de la organización.

Asimismo se reclama un alto a las amenazas de muerte, garantías para realizar actividades de defensoría de derechos humanos, justicia ante actos de tortura, cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, atención a conflictos generados por la instalación de Megaproyectos y concesiones para explotación y establecimiento de Minas e Hidroeléctricas, solución a la contaminación ambiental.

La defensa de la tierra, el agua, el ejido, los recursos naturales y el territorio son los motores para continuar la lucha por lo que “saldremos a las calles en distintas regiones del país el día 17 de abril del 2018, movilización que incluirá desde marchas, mítines, volanteo informativo y denuncia”, concluyeron.