Ciudad de México, 14 de abril.- El Congreso Agrario Permanente (CAP), demandó política de arraigo al campo, una vez que al cierre del 2020, los mexicanos que laboran en este sector es de solo el 10.7 por ciento del total de la población en el país.

Ante este panorama el CAP pidió elaborar y ejecutar proyectos específicos, que mejoren las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias, en lugar de promover programas binacionales entre México y Unidos.

Las 12 organizaciones que integran el CAP, recordaron que en México existen 2.4 millones de jornaleros agrícolas, que con sus familias suman 8.5 millones de personas, quienes se ven obligados a emigrar, y en su arribo a las zonas de producción, pueden quedar expuestos a condiciones que mermen su calidad de vida y vulneren su integridad personal, además de la separación familiar.

Pusieron en duda el Programa “Bracero”, cuando lo urgente es arraigar a los jóvenes campesinos y evitar su migración, impulsar programas orientados a la juventud campesina mediante esquemas de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y apoyos al cultivo, producción y comercialización, medidas sanitarias, crédito sustentable y acciones de aseguramiento.

José Luis González Aguilera, presidente del CAP y José Amadeo Hernández Barajas integrante del CAP, enumeraron un decálogo de demandas y propuestas para impulsar acuerdos por encima de colores políticos y así obligar a la administración federal a reconsiderar las políticas y estrategias.

González Aguilera refirió que es indispensable olvidar los enojos con reporteros (periodistas) o con funcionarios menores, y que en el caso de las vacunas estás se apliquen a la población abierta.

Por su parte, Hernández Barajas, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), expuso que el campo enfrenta condiciones desfavorables para su desarrollo económico y social.

De ahí que preocupa el desmantelamiento que se ha realizado bajo el pretexto de la austeridad, “el abandono en la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra; la cancelación de programas productivos y de soporte a la producción de alimentos”.

“La falta de apoyo para tecnificar el campo, sin ayuda para enfrentar contingencias climatológicas como la severa sequía y heladas que están viviendo importantes zonas agrícolas”.

“Pero, sobre todo preocupa que no haya diálogo, hay un empeño en desechar los programas productivos y apostarle al asistencialismo”.

Consideraron que la Sedatu está cerrada desde más de un año, y los campesinos no puedan regularizar la tenencia de la tierra, incluyendo a miles de habitantes de nuestro país que viven con sus familias en terrenos ejidales, comunales o en parcelas ejidales, sin tener ningún documento idóneo de titularidad de su vivienda.

El dirigente de la CCI pidió que el presupuesto debe ser equitativo para la población rural. En el campo mexicano vive casi una tercera parte de la población y sólo se le asigna el cinco por ciento del gasto total.

El campo, concluyeron, enfrenta riesgos cada vez más severos y recurrentes por el cambio climático por lo que urgen programas para alcanzar una agricultura sustentable. (Redacción MEXICAMPO).