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Demandan a la SFP no cubrir conflicto de interés en salud

–          De aplicarse lineamientos contra conflicto de interés en el OMENT, acordados en Gobierno Abierto, más del 50% de sus integrantes saldrían.

–          Demandan al próximo gobierno investigar los casos de espionaje a los miembros de la sociedad civil, academia y periodistas.

Ciudad de México, 25 de octubre 2018.- Organizaciones de la Sociedad Civil demandan a la Secretaría de la Función Pública respetar los acuerdos tomados entre gobierno, academia y sociedad civil, en el proceso de Gobierno Abierto para evitar la interferencia de la industria de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas en la política contra la obesidad, antes de terminar esta administración. Asimismo, llaman a la Secretaría de Salud a cumplir el compromiso de establecer los lineamientos para evitar la interferencia de esta industria en el La mesa de trabajo sobre “Obesidad en Niños y Adolescentes” del proceso de Gobierno Abierto 2016-2018 tuvo dos acuerdos: el primero, fue establecer los mecanismos para evitar el conflicto de interés en el diseño y la evaluación de la política contra la obesidad; y el segundo, reformular el etiquetado frontal en alimentos y bebidas, que había sido diseñado por la propia industria en contubernio con Cofepris.

El 12 de mayo de 2017, en esta mesa se acordaron, entre los representantes de la Academia, la Secretaría de Salud y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la presencia de una representación de la Secretaría de la Función Pública, los lineamientos y el formato para evitar el conflicto de interés dentro del OMENT, organismo que fue creado por la Secretaría de Salud con el objetivo principal de evaluar las políticas contra la obesidad. A más de un año la Secretaría de Salud no ha cumplido con este acuerdo.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló: “El OMENT representa el caso más extremo y documentado de conflicto de interés al permitir la intervención de la industria de alimentos y bebidas mediante la participación de organismos empresariales y de asociaciones e instituciones que reciben financiamiento de estas empresas. De aplicar los lineamientos y el formato para evitar el conflicto de interés más del 50% de sus integrantes serían excluidos del organismo”.

El Observatorio ha permitido que los intereses económicos de la industria se interpongan a políticas públicas efectivas para combatir la obesidad, dándoles voz durante el proceso de evaluación del etiquetado frontal de alimentos y bebidas y la regulación de publicidad dirigida a la infancia, a pesar de contradecir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, expertos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Yarishdy Mora, coordinadora de la Coalición ContraPESO, lamentó que el Observatorio no cuente con lineamientos para evidenciar, prevenir y evitar el conflicto de interés, y que no haya claridad en los mecanismos de participación dentro de los grupos de trabajo ni en las

reuniones del Consejo Asesor, y afirmó que “las intervenciones de actores con fines comerciales, se consideran igual o más importantes que la evidencia científica presentada por grupos de investigadores independientes, OSCs y académicos cuyo único objetivo es la salud pública”.

El 23 de mayo de 2017 las organizaciones que conformaban el Grupo Núcleo de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Tripartita de Gobierno Abierto en México anunciaron su retiro de este organismo ante la falta de respuesta a la demanda de investigación que las organizaciones realizaron a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre el caso de espionaje del que fueron objeto el Dr. Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, y los defensores del derecho a la salud, Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la Coalición ContraPESO, y Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

En relación a la reformulación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, establecido como otro de los acuerdos tripartitas en Gobierno Abierto, la Secretaría de la Función Pública modificó la redacción del acuerdo de forma tal que beneficia a la industria de bebidas y alimentos, al establecer que en vez de modificar la Norma Oficial Mexicana 051 en la que se inscribe el etiquetado, se analizaría la evidencia científica disponible en las Mesas de Etiquetado y de Criterios Nutrimentales del OMENT, en la cual la mitad de sus participantes tiene un claro conflicto de interés y por lo mismo han bloqueado la modificación del etiquetado desde diversos frentes.

Juan Manuel Casanueva, miembro del Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México, declaró que la falta de este cumplimento refleja lo que acabó siendo todo el proceso de Gobierno Abierto en México, que a pesar de que fuera un compromiso del Estado mexicano no se llegaron a resultados, y lamentó que no se cumplieron los acuerdos de cocreación y participación con las organizaciones de la sociedad civil involucradas.

Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el proceso de Gobierno Abierto informaron que solicitarán al gobierno electo retomar los acuerdos originales para lo cual, como condición, será necesario cumplir con el compromiso de investigar los casos de espionaje a los miembros de la sociedad civil, academia y periodistas.

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