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Más del 80% de los estados poco transparentes en manejo de política social

  •  De acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2019, Guanajuato obtuvo la calificación más alta con 88.76 puntos, mientras que Chiapas (51.13), Nayarit (50.13) y Morelos (49.12) obtuvieron las calificaciones más bajas.

     

  • Algunas de las entidades que presentaron los avances más significativos entre las mediciones 2018 y 2019 del IDES son Tlaxcala (+12.35 puntos) y Chihuahua (+12.21 puntos); mientras que Morelos (-7.61 puntos) y Chiapas (-2.49 puntos) están entre los estados que mostraron mayores retrocesos

  • GESOC enfatizó que, ante la renovación de los Ejecutivos Estatales en nueve entidades Federativas (Veracruz, CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán), la evidencia del IDES es un insumo clave que muestra los logros y áreas de oportunidad en cada entidad federativa en cuanto a los atributos de la política social local como apertura y orientación a resultados concretos para la disminución de brechas de pobreza.

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.- La organización GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C. informó que sólo cuatro entidades federativas (Guanajuato, Jalisco, CDMX y Chihuahua) cuentan con capacidades institucionales adecuadas para implementar una política social robusta, transparente y participativa; elementos necesarios para reducir los rezagos sociales y la pobreza. Particularmente, las 28 entidades restantes no cuentan con atributos mínimos y requieren medidas sustantivas de mejora; en dichos estados habita el 83.56%[1] de personas en condición de pobreza en el país.

Lo anterior es resultado del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2019 (IDES 2019), elaborado por GESOC, el cual se basa exclusivamente en información pública proveniente de fuentes oficiales para evaluar las capacidades de cada gobierno estatal en cuatro dimensiones clave para la eficacia de su política social: (1) Planeación Programático-Presupuestal; (2) Gestión Eficiente de Programas sociales; (3) Monitoreo y Evaluación de Programas sociales; (4) Desarrollo Social Abierto y Participación ciudadana.

El IDES 2019, clasifica a las 32 entidades federativas en un ranking de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades. El primer lugar lo obtuvo Guanajuato con una calificación de 88.76 (sobre 100), seguido por Jalisco (87.52) y la Ciudad de México (81.92). Por el contrario, los estados con el nivel más precario de capacidades para el desarrollo social son Chiapas (51.13), Nayarit (50.13) y Morelos (49.12). La calificación promedio obtenida por las 32 entidades federativas fue de 63.79 (4.89 puntos más que en la medición pasada).  

GESOC destacó que, con respecto a la medición 2018, algunas de las entidades que mostraron los avances más significativos en cuanto a su nivel de capacidades institucionales para la implementación de la política de desarrollo social son Tlaxcala (+12.35 puntos) y Chihuahua (+12.21 puntos); mientras que algunos de los estados que presentaron mayores retrocesos en un año son: Morelos (-7.61 puntos) y Chiapas (-2.49 puntos).

El IDES incluye un informe para cada entidad federativa (descargable en www.ides.gesoc.org.mx), el cual establece sus principales fortalezas y debilidades, y propone un conjunto de recomendaciones de mejora, concretas y realizables para cada gobierno estatal. Asimismo, se clasificó las 32 entidades federativas en una de las cinco categorías según su Nivel de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la implementación de la política social: (1) Óptimo, (2) Intermedio, (3) Básico, (4) Bajo y (5) Escaso.

Por cada categoría de nivel de desarrollo de capacidades se identifican fortalezas y debilidades comunes, así como buenas prácticas, y se propone una agenda de recomendaciones de mejora concreta y realizable. El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos por categoría:

Por otra parte, a partir de la sistematización de información sobre los programas sociales implementados por las entidades federativas, se identificó que, a pesar de existir algunos avances con respecto a la medición 2018, en su mayoría los programas sociales estatales carecen de elementos mínimos de institucionalidad, como transparentar su presupuesto aprobado y ejecutado, contar con evaluaciones sobre su diseño, ejecución de procesos o resultados, contar con indicadores (de gestión o estratégicos) para su seguimiento, contar con normativa que los regule (Reglas de Operación), publicar su padrón de beneficiarios o definir y cuantificar la población potencialmente beneficiaria a la que orientan sus esfuerzos:

Entre las medidas recomendadas a los estados con capacidades institucionales precarias para el desarrollo social, destacan las siguientes: 

a.     Contar o ajustar el Plan Estatal de Desarrollo Social Estatal para que incorpore una planeación programática presupuestaria, es decir, que se identifiquen los recursos presupuestarios necesarios para atender las brechas identificadas, tanto en el periodo de gestión actual como en el mediano y largo plazos.

b.     Generar instrumentos de planeación programática y presupuestaria que incluyan al conjunto de los programas sociales estatales, identificando su presupuesto asignado y sus respectivas metas e indicadores estratégicos y de gestión.

c.     Alinear la planeación estatal en materia de desarrollo social, con los Planes Sectoriales Federales y con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

d.     Rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos ejecutados en la implementación de los programas y acciones estatales de desarrollo social publicando dicha información en la Cuenta Pública Estatal anual.

e.     Incorporar de forma sustantiva al proceso de aprobación presupuestaria anual la evidencia derivada de evaluaciones para la toma de decisiones sobre los recursos públicos destinados al desarrollo social de cada entidad, proveyendo de evidencias claras y precisas de su incorporación.

f.      Diagnosticar qué programas y acciones de desarrollo social implementados por otros niveles de gobierno son concurrentes y/o potencialmente pueden generar duplicidades con respecto a aquellos implementados por los gobiernos estatales, a fin de potenciar los efectos de la política social en cada entidad federativa.

g.     Identificar áreas de la política de desarrollo social que sean susceptibles de intervención por los gobiernos estatales, dada la eliminación y reestructuración de diversos programas federales, con el fin de disminuir las carencias de grupos vulnerables que se han visto afectados por los cambios en enfoques de algunos programas sociales federales.

h.     Normar y publicar para todos los programas sociales locales, padrones de beneficiarios en formatos abiertos, que sirvan como instrumentos efectivos para el acceso y rendición de cuentas de la política de desarrollo social estatal.

i.      Crear o fortalecer mecanismos e instituciones orientadas al seguimiento y evaluación de los programas sociales locales, dotándolas de capacidades, presupuesto y mandatos específicos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

j.      Integrar o fortalecer, para cada uno de los momentos del ciclo de la política de desarrollo social (planeación, ejecución, seguimiento y evaluación), mecanismos sustantivos para la participación ciudadana (como consultas, retroalimentación y contraloría social).

k.     Publicar, en formatos de datos abiertos, la información relativa a instrumentos clave de la política de desarrollo social (como padrones, indicadores y presupuestos), que cumplan con el principio de máxima publicidad.

Alfredo Elizondo Rosales, Coordinador General de GESOC, agregó que “con base en la evidencia de las cuatro ediciones de medición del IDES ha sido posible identificar que, cambios en el Ejecutivo de cada entidad tienen incidencia en las capacidades institucionales de cada estado. Señaló que, los tres primeros lugares del ranking 2019 (Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México) corresponden a entidades federativas donde recientemente se eligieron a nuevos Titulares del Poder Ejecutivo local, a quienes corresponde la tarea de evaluar con precisión los avances realizados por las administraciones pasadas y potenciar aquellos elementos que aún están pendientes para robustecer la capacidad de dichos estados para disminuir las brechas de pobreza y desigualdad que aquejan a dichas entidades. Asimismo, enfatizó que en que las entidades deben ubicar las áreas que se dejaron de atender por las modificaciones o eliminaciones de los programas sociales federales, para que los estados generen políticas públicas enfocadas en estas poblaciones y no queden desprotegidos. Por último, mencionó que se debe planear la política social con una perspectiva de acceso a derechos y no únicamente de eliminación de carencias”. 

En su intervención, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, enfatizó que “en Guanajuato estamos convencidos que desarrollo y crecimiento tienen que ir de la mano. Si en verdad queremos tener una política social efectiva, hay que abordar el problema de manera integral. Esa ha sido nuestra convicción más profunda. La grandeza de Guanajuato es la suma del trabajo de hombres y mujeres, a los que el gobierno debe apoyar, para que aumente su calidad de vida. Es un gran honor recibir hoy este reconocimiento, en nombre de los miles de guanajuatenses que, al ser beneficiarios de los programas sociales, hoy pueden dar mayores oportunidades a sus familias. Seguiremos trabajando para cerrar la brecha de desigualdad y abriremos cada vez más oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. Esa es la tarea que nos honra y compromete. Tengan la seguridad de que continuaremos por esa ruta y no cejaremos en esfuerzos para seguir haciendo de Guanajuato un ejemplo para todo el país en materia de desarrollo social y humano”. 

Por su parte, la Coordinadora del proyecto Políticas Públicas con Enfoque de Desarrollo Humano e Inclusión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Annabelle Sulmont, mencionó que “la Agenda 2030 reconoce la necesidad de que, para obtener un cambio transformador, es necesario contar con un marco de resultados que nos permita medir avances hacia las metas establecidas y reorientar los esfuerzos en caso de que los avances registrados sean insuficientes. En ese sentido, el IDES constituye un instrumento de seguimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo sostenible que abona a la consecución de los Objetivos en México y robustece el marco de resultados contextualizado a la realidad nacional”. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, José Nabor Cruz Marcelo, enfatizó que “para que la política social y de bienestar pueda tener mayores efectos e impactos relevantes, siempre será importante generar un análisis que tenga como objetivo prioritario el accionar institucional de las entidades  que tienen bajo su responsabilidad la complementación de dichos programas; por lo tanto, considero que el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES 2019) no es únicamente  una herramienta necesaria y relevante para que las 32 entidades federativas obtengan información significativa sobre el accionar institucional de las mismas. Desde el CONEVAL, consideramos importante el desarrollo del IDES ya que no sólo manifiesta lo necesario, que es la coordinación institucional, sino que también pone en relieve la transparencia en lo presupuestario, planteamiento y ejecución de las políticas sociales en territorios tan heterogéneos como lo son las 32 entidades federativas de nuestro país”. 

Finalmente, la Senadora, Minerva Hernández enfatizó que, es indispensable que los Ejecutivos y Legislativos Estatales utilicen la evidencia para llevar a cabo una planeación, programación y aprobación de los recursos públicos en materia de política social con base en resultados, porque los datos y la información se genera para optimizar la toma de decisiones y maximizar el uso del presupuesto. En particular, mencionó que es urgente revisar los informes de las 28 entidades que no cuentan con las capacidades mínimas para implementar una política social eficiente, abierta y participativa. Asimismo, ahondó en el caso del estado de Tlaxcala, entidad que se encuentra en el lugar 28 en el ranking del IDES 2019, con un nivel bajo de institucionalidad. En este sentido, hizo un llamado al Congreso y Ejecutivo de la entidad para emprender una agenda de mejora sustantiva y constante, así como de rendición de cuentas sobre los programas sociales locales que se están implementando en dicho estado. 

El informe completo del IDES y su aplicación web interactiva está disponible en www.ides.gesoc.org.mx.

 

 

 

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