Ciudad de México, 3 de agosto.- Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentó ante el Comité de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, una queja derivada de la decisión de retirar el apoyo que fue concedido por la Secretaría General, para tener dos intérpretes de “Lengua de Señas Mexicana”.
Entendemos que el Comité de Administración quiera dotar de intérpretes a (la Dirección de) “Eventos”, porque es una necesidad transversal a todas las áreas y Comisiones; pero no puede ser en detrimento de la Comisión que tiene como responsabilidad el diálogo permanente con las Personas con Discapacidad, lo que incluye a la comunidad de sordos y otras que se comunican por medio de la Lengua de Señas Mexicana, que nos obliga a contar con profesionales que la dominen.
“Es importante señalar que, para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la Comunidad de Personas Sordas es materia de nuestro trabajo. Su función no es la de interpretar para el público ni para eventos, sino que es la de mantener una relación directa con dicha comunidad y que, por su naturaleza, es parte fundamental de la Comisión”.
“Las intérpretes son herramienta de trabajo para la Comisión, y la Cámara de Diputados está obligada a dotar de las herramientas necesarias a las y los legisladores para desarrollar su trabajo y crear leyes. Esta decisión afecta de manera directa el desempeño de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre todo en la creación de las leyes y las Políticas Públicas para este segmento”.
La perredista Sodi Miranda, menciono “queremos conocer el estatus laboral y los motivos del retraso en el pago de María de Lourdes Hernández Sandoval y Anel Beatriz Hernández Sandoval, mismas que tienen contrato firmado y vigente al 31 de diciembre de 2022.
“La determinación que imponen, vulnera, además, los derechos de una comunidad de Personas con Discapacidad que ya han iniciado un diálogo con esta Comisión en la agenda de trabajo. Se está respondiendo a una necesidad del Congreso de la Unión de dar cumplimiento a mandatos judiciales y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“Debiera la Cámara auxiliar las necesidades de las Comisiones, contratando al personal necesario y requerido, sin hacer evidente el poco interés que se muestra ante los grupos de personas con discapacidad, específicamente a este que abarca a las Personas Sordas y su impacto vital”, concretó. (Redacción MEXICAMPO).
